El pasado 28 de octubre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaban el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en medio de una situación económica y sanitaria completamente catastrófica. Según Iglesias, el anteproyecto de PGE para 2021 sepulta definitivamente la “austeridad” y consolida la “mayor inversión social pública” de la historia. El Gobierno habla de unas cifras globales de 239.756 millones en gasto social (un 10% más que el año pasado), y una subida “histórica” de impuestos a las grandes empresas. Pero ¿es esto cierto? ¿Podemos creer que estos PGE representan un punto y aparte con las políticas de recortes y van a impulsar un gasto masivo en educación, sanidad y vivienda pública?
En primer lugar hay que señalar que, a pesar de que en términos absolutos las denominadas “partidas de gasto social” son las mayores de la historia, en términos relativos no es así: un 52,6% del gasto total frente al 56% de los presupuestos de 2018, los últimos aprobados. Pero es que además, muchas de esas partidas corresponden a inversiones ajenas al gasto social o que irán a parar directamente a los bolsillos de los grandes empresarios.
¿Gasto social o más negocios para los de siempre?
Es el caso de los 600 millones de euros anunciados para el sector de la dependencia o de los 200 millones para impulsar la educación de 0 a 3 años. Por supuesto que cualquier incremento es más que un decrecimiento, pero vayamos a los asuntos de fondo. ¿Los servicios de atención a la dependencia o las escuelas infantiles seguirán en manos privadas? ¿Serán las empresas de Florentino Pérez y otros oligarcas las que gestionen esas ayudas mediante los conciertos de las CCAA y ayuntamientos con sus empresas? Evidentemente sí. El Gobierno renuncia a nacionalizar las empresas de estos multimillonarios garantizando que sigan lucrándose a manos llenas a costa de los recursos públicos.
Al mismo tiempo, mientras que para reforzar la sanidad y la educación se destinan 4.088 y 2.242 millones de euros, y para el Ingreso Mínimo Vital 3.000 millones, el chorro de dinero público en infraestructuras, cambio de modelo productivo e I+D+i (investigación y desarrollo), del que se beneficiaran fundamentalmente grandes empresas y multinacionales, asciende a casi 23.000 millones de euros (un incremento cercano al 100%). Por otro lado, los intereses de la deuda, destinados a llenar los bolsillos del capital financiero, ascienden a 31.675 millones de euros, la tercera partida de gasto tras las pensiones y las prestaciones por desempleo.
En ningún momento se concreta si el incremento del gasto en sanidad irá destinado a la sanidad pública, al negocio de la concertada o al bolsillo de las grandes compañías farmacéuticas. En el ámbito educativo, en lugar de asegurar la gratuidad de la universidad pública y de que existan plazas suficientes para que bajen drásticamente las notas de corte, construir miles de plazas en residencias universitarias públicas, para que los grandes especuladores dejen de hacer su agosto con el alquiler a los jóvenes estudiantes, se aprueba 500 millones de euros en becas para una población estudiantil de más de un millón y medio. Y respecto a la enseñanza primaria y secundaria más de lo mismo. Los conciertos a la privada no se tocan, y de las necesidades perentorias para garantizar una vuelta segura a las aulas en la pública, ni se habla.
Sobre vivienda, los presupuestos balbucean vagas promesas de ayudas o límites a los “alquileres” en una futura Ley de Vivienda, pero ninguna referencia para prohibir el drama de los desahucios y garantizar el derecho a una vivienda digna. Se destinaran 2.253 millones a políticas de vivienda frente a los 481 de 2018, sin embargo el grueso, 1.550 millones, irán destinados a políticas de rehabilitación ecológica, garantizando nuevos y lucrativos negocios. En cuanto a acometer un plan de choque para crear un parque público de vivienda, más de lo mismo: 20.000 viviendas públicas mediante “colaboración público-privada”, cediendo suelo público gratuito por 75 años a promotoras y constructoras.
Iglesias también señaló que el subsidio para los parados mayores de 52 años subirá un 5%, que es pasar de los 430 euros a 451,78 a partir del 1 de enero del 2021. ¿Qué trabajador puede llegar a finales de mes con esos ingresos? Por otro lado, mientras las pensiones y el salario de los funcionarios se incrementarán un ridículo 0,9%, y las pensiones no contributivas, de miseria, un 1,8%, la Casa Real verá incrementada su asignación en un 6,5%.
Los más ricos seguirán pagando poco y evadiendo mucho
En cuanto a las subidas de impuestos a los más ricos, la propuesta es un claro retroceso en relación al acuerdo político que el PSOE y UP presentaron en el debate de investidura. Las nuevas cuentas incluirán un incremento de dos puntos en el IRPF a las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y tres puntos a las rentas del capital de más 200.000, afectando a un máximo de 36.194 contribuyentes, un 0,17% del total. También se establece una tributación mínima del 15% para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), utilizadas por los grandes capitales para evadir impuestos.
Los propios Técnicos de Hacienda (Gestha) ya han criticado la falta de ambición de los PGE, al haberse descartado el tipo mínimo del 15% para los grupos empresariales, y del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos previsto en el plan presupuestario de enero. Por otro lado, también se incrementan impuestos indirectos como el del diesel, las primas de seguros o las bebidas azucaradas.
En cuanto al impuesto de patrimonio para los que tengan más de 10 millones de euros subirá ¡un punto! aunque su aplicación, como el Gobierno reconoce, es muy compleja al estar transferido a las autonomías, existiendo exenciones del 100% para el 67% de los posibles declarantes que acaparan el 74% de dichos grandes patrimonios[1]. Y todo manteniendo una legislación fiscal que permite y seguirá permitiendo a las grandes fortunas continuar evadiendo miles de millones de euros.
La realidad es que estos PGE no terminarán con las vacaciones fiscales de los ricos. Según recientes estudios1, de los 687.893 millones de euros que suman las fortunas de los 177.931 contribuyentes con patrimonios superiores a 700.000 euros, el 42% (290.656 millones) están exentos de tributar y la parte restante (397.237 millones) aporta anualmente en impuestos tan solo 1.123 millones. Es decir, soportan una carga impositiva del 0,16%. En definitiva ¿dónde está la equidad y la justicia social aquí?
También se ha llegado a un nuevo acuerdo del Pacto de Toledo, abierto a futuras “reformas”, que penaliza las jubilaciones anticipadas, castigando a millones de trabajadores que se han quedado sin empleo o son parte de procesos de reconversión, y “premiando” a los trabajadores que se jubilen más tarde de la edad legal. Se plantea estimular los fondos privados de pensiones de empresas y se mantiene la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años aprobada en 2011 fruto de las políticas de austeridad. Ningún cambio decisivo en la deriva de degradación de las pensiones públicas.
¿Una política distinta frente a la crisis económica? La realidad lo desmiente
En un contexto de incremento generalizado del gasto en todos los países, y de eliminación de las reglas de déficit con las que se justificaron durísimas política de austeridad, cabe preguntarse: ¿Supone esto una rectificación respecto a las políticas aplicadas durante la anterior crisis económica? ¿Realmente el gran capital, el BCE y los grandes gurús económicos han reflexionado y decidido rectificar para ofrecer una salida social a esta nueva crisis, tal y como señalan Pablo Iglesias o Alberto Garzón? La realidad y la historia lo desmienten.
Los Gobiernos, al aceptar las reglas de funcionamiento del sistema capitalista, se ven obligados en tiempos de crisis a someterse aún más a la dictadura del capital financiero y los grandes monopolios. El papel del Estado capitalista como tal se fortalece, sirviendo como auxiliar fundamental para garantizar sus negocios y la acumulación de capital privado.
Desgraciadamente, y tenemos que decirlo en aras de la verdad, también esto es válido en el caso del Gobierno PSOE-UP. Más allá de los discursos y de los buenos deseos, la política “realista”, del “mal menor”, acaba suponiendo que prevalezcan en lo fundamental los intereses de la burguesía. De ahí que el grueso de los recursos movilizados ante la crisis haya ido a garantizar los beneficios de las empresas del Ibex35. En los planes remitidos a Bruselas, el Gobierno PSOE-UP señala que ha movilizado hasta ahora 218.400 millones de euros como consecuencia de la crisis del Covid19. Mientras que para reforzar la sanidad se han destinado 4.400 millones, para el Ingreso Mínimo Vital 3.000 millones, o para ayudas en materia de vivienda 400 millones, para salvar las cuentas de resultados de los bancos y las grandes empresas se han dedicado 160.000 millones, de los que 100.000 han sido créditos ICO gestionados por la banca con el aval del Estado, y otros 40.000 también en créditos ICO para inversiones empresariales con el fin de “adaptar, ampliar o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o reapertura de su actividad”.
Por otra parte, la segunda partida más importante es el pago de los ERTE, que alcanza ya los 35.000 millones de euros. Una política presentada como una medida original del Gobierno “progresista” de cara a garantizar el empleo, pero que en realidad es el mismo recurso que están utilizando muchos otros Gobiernos de derechas como el de Ángela Merkel en Alemania, Macron en Francia o Boris Johnson en Gran Bretaña. Incluso el propio PP ha planteado que hay que extender los ERTE hasta abril de 2021, haciéndose eco de esos miles de pequeños empresarios reaccionarios que conforman su base social. La patronal no pone un solo euro de los inmensos beneficios amasados durante años (que en 2018 alcanzaron un record de 500.000 millones de euros), mientras con los recursos públicos se paga la factura de la crisis. Es el sueño de cualquier capitalista.
Techo de gasto y ayudas europeas. ¿En beneficio de quién?
El anuncio de incremento del techo de gasto en los presupuestos generales del Estado (PGE) de un 50%, hasta los 196.000 millones de euros, está siendo presentado como un ejemplo de una política distinta frente a la crisis. Sin embargo, esta movilización extraordinaria de recursos, como ya hemos señalado, esta siendo destinada en su mayor parte a salvar a los propios capitalistas, tal y como ocurrió al comienzo de la anterior crisis económica. También el Gobierno de Zapatero alcanzó un record en el techo de gasto (182.000 millones) en medio de lo peor de la gran recesión. La burguesía no tiene problema, cuando lo necesita, en incumplir su propia ortodoxia económica siempre que se trate de salvar sus beneficios multimillonarios.
Este incremento está condicionado además a las ayudas europeas, destinadas a priorizar inversiones “para facilitar la economía digital, la transición ecológica” y todo aquello que “eleve el potencial productivo del país”. Detrás de estos eufemismos se esconde la cruda realidad: más recursos a fondo perdido a las grandes empresas. Los planes ya están en marcha. Por ejemplo, la multinacional Endesa ha elaborado 110 proyectos, con un presupuesto de 19.000 millones de euros, para rehabilitación de edificios, redes inteligentes y planes de “transición energética”. Inditex también pedirá 100 millones para modernizar su sede corporativa en A Coruña y “mejorar” más su tienda online. Según la dirección de la compañía de Amancio Ortega, piensan invertir hasta 2.700 millones de euros en tres años para una “transformación digital y sostenible” de su actividad. Este disfraz “verde” de respeto al medio ambiente, incorporado ahora a los PGE, será muy usado en todos los proyectos de estas multinacionales para concentrar la parte del león de estos recursos.
Por eso mismo, cuando el Gobierno se ha replanteado no pedir por el momento una parte de las mismas, concretamente los 70.000 millones en créditos cuya concesión depende directamente de nuevos ajustes y recortes, la patronal ha puesto el grito en el cielo.
Al mismo tiempo, organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), voceros del gran capital, ya están empezando a señalar que más temprano que tarde habrá que hacer “reformas”, es decir, más privatizaciones, recortes en la cobertura del desempleo, en las pensiones, en los salarios y una nueva reforma laboral de cara a reducir la creciente factura de la deuda.[2]
La economía española ante el abismo
La economía del Estado español, como la de la mayoría de países del mundo, enfrenta una catástrofe sin parangón. La esperada recuperación en V ha quedado refutada por los hechos, y la perspectiva de una recesión profunda se atisba como inevitable. El propio Gobierno prevé una caída del PIB del 11,2% para este año, que el FMI acaba de elevar hasta el 12,8%.
En este contexto lo único que salva a la economía española, como a muchas otras, es la masiva movilización de recursos públicos por parte del Estado capitalista y la inyección ilimitada de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE)[3], tal y como ocurrió durante la anterior recesión. Un endeudamiento que, según el FMI, situará la deuda pública española en el 123% del PIB y el déficit público en el 14,1% para 2021.[4]
Desde el estallido de la pandemia el BCE ha comprado deuda pública española por valor de 61.000 millones de euros, elevándose la factura total por encima de los 420.000 millones de euros, un incremento de más el 25% y que sitúa dicha deuda en niveles record. Por otro lado, bancos y grandes empresas[5] españolas también dependen de dicha financiación. La deuda de los bancos españoles con el BCE alcanzó en julio los 256.627 millones de euros, un incremento del 97% desde el estallido de la pandemia.[6]
La preocupación ante una nueva crisis financiera de dimensiones desconocidas crece día a día. Tanto el Gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, como el Vicepresidente del BCE, Luís de Guindos, ya han alertado sobre el alarmante incremento de la deuda soberana y corporativa, y el riesgo de insolvencias generalizadas una vez que venza la moratoria crediticia establecida fruto de la pandemia.[7] El propio BdE calcula las necesidades de liquidez para las empresas españolas en 230.000 millones de euros, de los que 200.000, el 88%, tienen una probabilidad media, alta o muy alta de impago (75.000 muy alta).[8]
El endeudamiento masivo no es algo nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace una década garantizando una orgía de beneficios a esa ínfima minoría de banqueros y capitalistas que dirigen los destinos del planeta. Tras años de austeridad y disciplina fiscal, la burguesía cambia ahora de nuevo las reglas de juego de cara a salvar sus ganancias parasitando los recursos públicos y la riqueza generada por el conjunto de la sociedad.
Al mismo tiempo, la pobreza y la desigualdad se extienden golpeando muy duramente a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Intermon Oxfam ya ha señalado que si no se toman medidas inmediatas hay riesgo de que 1,1 millón de personas pasen a engrosar las cifras de la pobreza, alcanzándose el record de casi 11 millones de pobres (más del 23% de la población).
¡Sí hay alternativa! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Los hechos y los datos son muy claros. La crisis se esta resolviendo una vez más en beneficio de los grandes poderes capitalistas. El Gobierno PSOE-UP, y especialmente los Ministros de Unidas Podemos tienen en su mano cambiar esta situación, pero para ello se necesitan políticas radicalmente distintas. Si se quiere realmente dar una salida social a la crisis, hay que confrontar con el Ibex35, la banca y los grandes monopolios.
Asumir el discurso de Ana Patricia Botín, de Florentino Pérez y del resto de los plutócratas de que todos estamos en el mismo y debemos arrimar el hombro solo conducirá al desastre. La política de la unidad nacional es la receta capitalista para sortear la crisis en beneficio de los poderosos. Y si el Gobierno de coalición continúa asumiéndola, como hace con estos nuevos Presupuestos, se hará corresponsable de sus frutos envenenados.
Las leyes de funcionamiento del capitalismo, explicadas por Marx hace 150 años y que Pablo Iglesias bien conoce, demuestran que los beneficios de la burguesía salen de la explotación y el empobrecimiento de la mayoría trabajadora. Su única lógica es la acumulación de capital privado, la acumulación de beneficios. Todo en la sociedad capitalista se subordina a ello a pesar de que eso suponga la generalización de la miseria.
En este momento de ofensiva de la derecha y la extrema derecha, la mejor manera de combatir su demagogia es mediante los hechos, mediante políticas de izquierdas que demuestren que sí hay alternativa frente al programa reaccionario del PP, Ciudadanos y Vox.
Unas políticas que sin duda contarían con el respaldo mayoritario de la sociedad. ¿O es que acaso no sería apoyado masivamente reforzar con medios materiales y personal la sanidad y la educación públicas? ¿No despertaría el entusiasmo de millones de trabajadores obligar a esas grandes fortunas que no pagan impuestos a que lo hagan para invertirlos en combatir la pandemia? ¿No tendría un apoyo entusiasta entre la clase obrera que se prohibieran los despidos y se nacionalizaran sin indemnización las grandes empresas que están amenazando de cierre? ¿O que se acabará definitivamente los desahucios por ley y se garantizara una vivienda pública digna para todos? ¿Y que se nacionalizará la banca para establecer un plan de choque de cientos de miles de millones de euros para defender la sanidad, la educación, los servicios sociales, el derecho a techo… creando millones de puestos de trabajo y garantizando prestaciones por desempleo dignas?
Evidentemente una política socialista semejante tendría el apoyo masivo de la clase obrera y la juventud, y también la oposición furiosa de los capitalistas. ¿Pero que podría hacer la burguesía enfrentada a la movilización de millones en las calles en defensa de este programa? Se vería desnuda frente al espejo: nada funciona en la sociedad, nada, sin el amable permiso de los trabajadores, que son absolutamente imprescindibles en todas las actividades productivas que hacen posible nuestra existencia cotidiana.
Existen recursos, muchos recursos, y en grandes cantidades, pero están en manos de una decena de grandes bancos y multinacionales. El problema no es la escasez de riqueza para enfrentar la pandemia y la hecatombe social que nos amenaza. Es hora de levantar una alternativa que acabe con esta sin razón, es la hora de levantar el programa de la revolución socialista.
Notas.
[1] Los técnicos de Hacienda piden incluir un cuerpo superior técnico en los Presupuestos para la evasión fiscal
[2] La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), otro lobby de la patronal, ha emitido un informe señalando la necesidad de “potenciar la colaboración público-privada” en el ámbito sanitario, es decir más privatizaciones y más negocios para la patronal del sector; flexibilizar aún mas el mercado laboral, y eliminar las tímidas reformas introducidas por el Gobierno con la pandemia (prohibición en algunos casos de los despidos objetivos y la garantía del empleo 6 meses tras finalizar un ERTE); o una nueva contrarreforma de las pensiones, para garantizar su “sostenibilidad” y reintroducir la revalorización del 0,25% introducida en 2013 por el Gobierno de Rajoy. Incluso se plantea la necesidad de una reforma en el recién estrenado Ingreso Mínimo Vital de cara a restringir su ya difícil acceso.
[3] El 90% del nuevo endeudamiento del Estado español depende exclusivamente de las compras de deuda pública por parte del BCE.
[4] El Gobierno prevé un incremento de la deuda en 250.000 millones (cerca del 25% del PIB español) en dos años. Un crecimiento de 23 puntos que solo tiene precedentes en la crisis de la guerra de Cuba de 1898.
[5] El Corte Ingles ha emitido 600 millones de euros de deuda, de la que el BCE ha comprado un tercio, 200 millones.
[6] El salvavidas de la economía española es el BCE y roza ya niveles récord como en 2012
[7] Con la pandemia se han establecido aplazamientos en el pago de hipotecas y créditos al consumo, y una moratoria de cara a poder declarar el concurso de acreedores. El fin de estas medidas podría desencadenar una cascada de quiebras y disparar las tasas de morosidad abruptamente. (El abismo detrás de los estímulos)
[8] Banco de España pide medidas de liquidez al estimar unas necesidades de 125.000 millones sin cubrir
