Desde el pasado 2 de Octubre más de 4.500 personas, entre ellas 1.820 niñas y niños, carecen de luz y electricidad en sus casas, la mayoría chabolas. La empresa Naturgy procedió a cortar el suministro eléctrico con la excusa de que se iban a realizar unos trabajos para una mejora sustancial de la línea energética. Más de dos meses después, los habitantes de la Cañada Real siguen sin luz y sin perspectiva de tenerla. En plena pandemia y en pleno invierno la falta de electricidad esta causando graves problemas de salud, especialmente a los niños, niñas y personas mayores, los más vulnerables, que en algunos casos han tenido que ser hospitalizadas al no poder mantener las medidas de prevención y protección frente a la COVID-19 o al no poder utilizar las máquinas de oxígeno que necesitan para respirar.
La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento de infraviviendas de Europa donde malviven miles de personas en unas condiciones de vulnerabilidad incompatibles con la dignidad humana. Con una población de casi 8.000 personas, entre ellas 2.550 menores, en su gran mayoría inmigrantes de diversos países del Este de Europa y el Magreb, viven sin agua, luz ni alcantarillado a tan solo 4,5 km. de la Puerta del Sol de Madrid. Un poblado que comenzó a levantarse en los años setenta del siglo pasado y al contrario que otros asentamientos, nunca fue regularizado.
Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y el Alcalde Almeida, en vez resolver esta dramática situación, han responsabilizado de la misma a las propias víctimas, vinculando el corte de luz con la existencia de cultivos de marihuana o explicando que prefieren engancharse a la red de forma ilegal para no pagar. Un intento de criminalizar a la población de la Cañada Real que pone en evidencia su ideología racista y xenófoba, que nada tiene que envidiar al ideario de Vox. La realidad es que la causa de esta situación es de nuevo el ansia de beneficios y lucro de la empresa suministradora, la multinacional de la energía Naturgy, que se niega a realizar las obras necesarias para poner contadores en las viviendas, tal y como piden los vecinos.
No es la primera vez que se vive esta situación en la Cañada Real. En 2007 se llevaron a cabo luchas muy duras en contra de los derribos de viviendas, que se intensificaron debido a un Plan de Actuación Urbanística en pleno boom de la burbuja del ladrillo. Un proyecto que fue cancelado precisamente por la extraordinaria lucha de las y los vecinos contra las brutales cargas policiales que dejaron varios heridos y provocaron el aborto de varias mujeres embarazadas.
Naturgy, la eléctrica que habla de responsabilidad social y condena a niños y niñas a pasar frío
Una de las medidas aprobadas por el Gobierno de izquierdas durante el estado de alarma dentro del llamado “escudo social” estaba la prohibición de cortes de los suministros esenciales como electricidad, gas y agua, prohibición que fue anulada en el mes de Septiembre porque, en palabras de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, si estas medidas extraordinarias se prolongaran en el tiempo las consecuencias se trasladarían a terceros, “una situación que tampoco podrían soportar mucho tiempo”.
Ese tercero que está detrás del corte de la electricidad en la Cañada Real es Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, y que en los primeros 9 meses de 2019 tuvo un beneficio neto de 1.000 millones de euros. Es una de las eléctricas donde miembros del partido socialista, como Felipe González o Narcís Serra, han sido consejeros aprovechando las famosas puertas giratorias. Además va a ser una de las grandes beneficiarias de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos para energías renovables que van a llegar al estado español.
Una empresa que en su carta de compromiso con los Derechos Humanos en su web (1) destaca en primer lugar “Evitar prácticas discriminatorias o que menoscaben la dignidad de las personas”. Toda una declaración de intenciones que no tiene nada que ver con la realidad. Una eléctrica que presume de ecologismo y de responsabilidad social, y que ha tenido el cinismo, en medio de esta situación, de conceder el 30 de diciembre el Premio a la mejor Iniciativa Social, para “mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.” Su “compromiso”, como el de todas estas grandes empresas, es con sus accionistas y sus directivos, garantizando, sea como sea, fabulosos beneficios, a costa de la pobreza y la miseria de millones.
El Gobierno PSOE-UP debe actuar. ¡No al corte de suministros! ¡Por el derecho a una vivienda digna!
La situación para los habitantes de la Cañada es dramática, y podría dar lugar a situaciones aún más graves, como intoxicaciones, fruto de la necesidad de utilizar generadores o incendios por utilizar velas o hacer hogueras de cara a poder calentarse en medio del frío invernal. Un buen ejemplo de ello ha sido el terrible incendio de Badalona, donde se hacinaban cientos de inmigrantes, sin papeles en la mayoría de los casos y sin recursos para acceder a una vivienda digna, y que ha causado la muerte a cuatro personas y dejado heridas a 23. Vivían en estas mismas condiciones infrahumanas, sin luz ni agua.
Mientras miles de viviendas se encuentran vacías y en manos de los grandes bancos, miles de personas sobreviven en estas condiciones indignas. Pero además una de esas entidades es el Sareb, constituida en 2012 y adonde fueron a parar los activos tóxicos de los bancos rescatados, participada por el Gobierno al 45% a través del FROB, y donde el 20% son activos inmobiliarios, es decir, pisos. En este contexto, el Gobierno progresista PSOE-UP podría poner esos pisos al servicio de personas que carecen de una vivienda digna, evitando casos como el de la Cañada Real. También podría nacionalizar empresas como Naturgy para que la electricidad este al servicio de la necesidades sociales y no para llenar aún más los bolsillos de un grupo de parásitos.
Medidas reales y tangibles, más allá de enviar una carta a Díaz Ayuso para que “se establezca el fluido eléctrico lo antes posible o se proporcionen soluciones alternativas para estas familias”. El Gobierno central podría demostrar en la práctica, interviniendo y garantizando la electricidad a estas familias, cómo actuar frente a la derecha y la extrema derecha. ¡Y recibiría un apoyo entusiasta!
Cada vez está más claro que la única solución posible para acabar con estas situaciones es la expropiación y nacionalización de las grandes compañías eléctricas y demás sectores estratégicos de la economía, poniéndolas bajo control de los trabajadores. Los beneficios millonarios que ahora tienen las eléctricas revertirían en la clase trabajadora y no se volverían a producir situaciones como la de la Cañada Real o la de Badalona. No podemos seguir consintiendo esta situación. Mientras unos nos frotamos las manos por el frío, otros se las frotan por sus lucrativos negocios.
