Reproducimos el artículo de David Bollero aparecido el 9 de noviembre de 2021 en Publico.es
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La nueva Ley Mordaza, entre la chapuza y la represión
Tres años hemos estado esperando la derogación de la Ley Mordaza, maquillada como Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y tras buena parte de ese tiempo sin mover apenas un dedo, el Gobierno lo ha despachado en unos meses. Y se nota. No hacían falta tantas alforjas para esta viaje, que ha mantenido buena parte del espíritu represivo del PP. Y nos los contó nada menos que el secretario general del PCE, Enrique Santiago. Ahí es nada.
El retroceso que supuso la Ley Mordaza en materia de libertades civiles fue tan acusado que el margen de mejora era gigantesco. No voy a decir que hacerlo peor habría supuesto entrar en la ilegalidad porque, de hecho, la Ley Mordaza del PP ya lo hacía; cosa bien distinta es que España se haya saltado durante años las advertencias de los organismos internacionales y nos haya puesto en el punto de mira de países con una empeoramiento del respeto y protección de los derechos fundamentales. De hecho, hace algo más de seis meses y antes de meterle mano definitivamente a esa suerte de manual del buen represor, se eliminaron las penas de cárcel para los piquetes durante las huelgas.
Los más de seis años que hemos sufrido la Ley Mordaza han estado dominados por la arbitrariedad, cercenando libertades como las de reunión, expresión e información. Abusos que, como ha denunciado Amnistía Internacional, se dispararon durante el estado de alarma, lo que evidencia que el modo en que el gobierno de coalición PSOE-UP arrastra los pies en el cumplimiento de su programa está perjudicando gravemente a la ciudadanía. Tanto es así que, tan sólo en los tres meses de confinamiento de 2020, las Fuerzas de Seguridad impusieron más de un millón de multas y realizaron más de 9.000 detenciones gracias a la Ley Mordaza.
Con la reforma -en absoluto derogación- se nos venden avances como la rebaja de las sanciones o, en casos como los de manifestaciones pacíficas y que no generen desorden público no comunicadas, su eliminación. Además, se volverá a poder grabar y fotografiar protestas y actuaciones policiales, algo básico para protegernos de un estado policial cuyos representantes nos someten a su albedrío con empleo desproporcionado de la fuerza, mentiras y un principio de veracidad que se ha merendado la libertad en los últimos años.
El modo en que tanto en el cuerpo de Policía como de Guardia Civil han puesto el grito en el cielo evidencia el modo torticero con que muchos de sus miembros han estado ejerciendo su labor mientras el resto miraba para otro lado. A pesar de que la ley limita la difusión de dichas grabaciones si ésta afecta al derecho a la intimidad o a la seguridad de los agentes o de sus familias, desde ambos cuerpos aseguran que les deja vendidos. ¿Vendidos o, sencillamente, obligados a cumplir con la ley y aplicar proporcionalmente la fuerza? Quizás, de haber existido grabaciones, podría haberse evitado que se fuera de rositas el agente que usó fuego real en Linares, estando a punto de matar a un joven que ni siquiera se manifestaba, y a quien en el Cuerpo han sido incapaces de identificar.
Asumidos los abusos policiales, porque es una realidad y cualquier periodista que haya cubierto protestas lo ha podido documentar, sorprende que el Gobierno no haya querido resolver uno de los grandes problemas de la ley: la arbitrariedad. Que las actuaciones policiales y sus sanciones no estén sujetas al control judicial y no estén sometidas a un mecanismo independiente de rendición de cuentas nos vuelve a tirar a los pies de los caballos, indefensos al capricho de los agentes que llevan seis años actuando a placer so pena de, en el mejor de los casos, multas por desobediencia y, en el peor, dar calor negro -como llaman a golpear con la porra- y, si uno se defiende, ser denunciando por agresión o atentando contra la autoridad, bastando su palabra para condenar al ciudadano.
Eso, agentes, sí que es estar vendidos y no la situación en la que se encuentran ustedes y que, entre los abusos de unos y el corporativismo de otros ocultando los garbanzos negros, nos hace cambiar de acera cuando vemos a un agente de la autoridad venir de frente. Por no tocar prácticamente, ni siquiera se ha tocado la presunción de veracidad de las fuerzas del orden, que seguirá vigente cuando resulte "coherente, lógica y razonable". Dicho de otro modo, bastará lo que diga un agente, sin más testigos ni soporte documental para condenar a un ciudadano... como de hecho ha sucedido con el ya ex diputado de UP, Alberto Rodríguez.
Por otro lado, la chapuza de reforma descafeinada de la Ley Mordaza se evidencia también en el modo en que las devoluciones en caliente no se tocan; directamente se extraen de este marco jurídico para llevárselo a la ley de extranjería y, mientras tanto, seguir violando ley y los derechos fundamentales de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Durante demasiado tiempo hemos sido víctimas de abusos y, en caso de protestar contra ellos o, lo que es lo mismo, defender la democracia plena de la que otros presumen, ser sancionados. Lo anunciado por el Gobierno se queda a mitad de camino.
No entraré en cómo debió sentirse Enrique Santiago al anunciar tamaña tropelía legislativa; de lo que sí estoy seguro es de cómo, en su posición, yo ni siquiera me hubiera puesto ante los micrófonos para venderlo como un triunfo. Como apuntaba al inicio del artículo, el punto de partida en el que nos había sumido el PP era tan gris, tan represor, que cualquier mejora brillaría, pero no por ello es ni mucho menos suficiente.
