Los ecos de la celebración de los ministros y diputados de UP ante la recién promulgada reforma laboral no han podido ahogar las muestras de entusiasmo y satisfacción manifestadas por los representantes de la patronal y de la derecha ante esa misma reforma. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Se han vuelto locos o asistimos a una grandísima impostura política que merece la pena ser explicada?
La vicepresidenta segunda, junto con los más destacados dirigentes de UP, no se han cansado de presentar su reforma laboral como una extraordinaria conquista para la clase trabajadora. “Es un día histórico para los trabajadores y trabajadoras de este país”, aseguró Yolanda Díaz, porque se trata, ni más ni menos, de “la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos, ganan derechos”.
Por su parte, los sectores más reaccionarios del PP, agrupados en torno a la FAES y al expresidente Aznar, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, y los medios de comunicación más escorados hacia la derecha, como ABC y OK Diario, no ocultan su satisfacción exactamente por todo lo contrario: “la nueva regulación ni es histórica, ni deroga la de 2012 vigente hasta la fecha –es más, en algunos aspectos nada menores, la consolida.” (Cita de FAES)1
¿Por qué están tan contentos los portavoces del gran capital?
Como hemos explicado más ampliamente en nuestra última declaración, lo que PSOE y UP han firmado con la CEOE, CCOO y UGT es el mantenimiento de los ejes básicos de la reforma laboral impuesta por Rajoy en 2012, a cambio de algunas modificaciones de muy reducido alcance, que suponen migajas ridículas para la clase trabajadora frente al gran triunfo obtenido por los empresarios.
Desgraciadamente, la patronal y la derecha tienen buenos motivos para felicitarse. Los temores suscitados entre la oligarquía empresarial y financiera por la entrada de UP en el Gobierno se han disipado completamente. Ahora muestran sin disimulo su satisfacción ante el acuerdo urdido por Yolanda Díaz, una vicepresidenta del Gobierno que mantiene formalmente su militancia comunista, aunque resultaría vano cualquier esfuerzo por hallar el más mínimo rastro de comunismo en su desempeño gubernamental.
Pero la alegría de los representantes de la burguesía ante esta reforma va mucho más allá de su contenido. Igual de importante que el texto de la reforma es la convicción de que han obtenido una victoria política decisiva. Han arrancado jirones de credibilidad a Podemos, haciendo que sus dirigentes, y los de IU, acepten un pacto que da completamente la espalda a la ola de movilización social que recorrió el Estado español como respuesta a las políticas de ajuste y recortes que siguieron a la gran crisis financiera de 2008.
La reforma laboral del PP en 2012 fue una decisión estratégica que se mantiene inalterable. Gracias a ella se han facilitado y abaratado aún más los despidos, mientras la extensión de la precariedad y el empeoramiento sistemático de las condiciones laborales se ha convertido en norma. El crecimiento de la pobreza entre la clase trabajadora y el consiguiente aumento de la desigualdad social, con un 1% de potentados acumulando más de la cuarta parte de toda la riqueza del Estado español, dan fe de la efectividad de esa reforma.
Por este motivo, su derogación se convirtió en una de las demandas centrales de la rebelión social que vivimos entre 2012 y 2015. Como no podía ser de otra manera, todas las fuerzas de la izquierda, incluido el PSOE, lo asumieron como un punto central de sus programas, y fue uno de los compromisos más relevantes del pacto de gobierno del PSOE con UP y, más adelante, del acuerdo de ambas fuerzas con otros grupos como EH Bildu.
Nadie puede negar un hecho: el pacto firmado por Yolanda Díaz con la CEOE pisotea abiertamente los compromisos contraídos. Toda la grandilocuencia de Yolanda Díaz y las alharacas de los dirigentes de UP no pueden ocultar esta realidad objetiva. Bien lo presenten como un grandioso hito de la Historia Universal, bien lo presenten, como hace Pablo Iglesias - batiendo un récord de despreciable cinismo - como el inevitable resultado de una supuesta “correlación de fuerzas” que condena inapelablemente a la clase trabajadora a la resignación y a la impotencia.
En cualquier caso el resultado final es el mismo: una bofetada en plena cara a la clase trabajadora, especialmente para el sector más precarizado, tanto más dolorosa porque quienes dan ese golpe son precisamente “los nuestros”, los que habían levantado las mayores esperanzas de impulsar un cambio radical en el estado de cosas vigente.
La no derogación de la reforma laboral del PP marca un salto cualitativo en las renuncias de UP, y tendrá inevitablemente como resultado el debilitamiento aún más agudo de su base de apoyo y la extensión del escepticismo y del “todos son iguales” entre sectores importantes de la clase trabajadora.
En el pasado, tanto en el Estado español como en otros países, fuimos testigos de cómo la frustración de las expectativas de grandes cambios resultó en el reforzamiento de las fuerzas reaccionarias de derechas. Las traiciones de Felipe González al programa que le llevó a obtener una victoria arrolladora en las elecciones generales de 1982 acabaron desembocando en el triunfo de José María Aznar y el sector más franquista de la derecha. Los ministros y dirigentes de UP, ignorando estas lecciones, se condenan a sí mismos a repetir este mismo error.
Un balance muy concreto
Las redes sociales se han llenado estas semanas de declaraciones desesperadas de UP, y de algunos de sus periodistas, intentando cuadrar el círculo y presentar una derrota amarga como una victoria. Lo mismo podemos decir de los comentarios vertidos por las cúpulas dirigentes de CCOO y UGT. Pero esta vez el tamaño del bicho que pretenden camuflar es demasiado grande. Y amplios sectores de la clase obrera lo saben.
Por eso mismo los representantes más serios del capital no se andan con milongas y golpean en el clavo ardiendo. El editorial de ABC del 23 de diciembre lo expresa con claridad meridiana: “En ningún caso se trata de la «derogación» que textualmente prometieron el PSOE y Podemos tanto en sus programas electorales como en su pacto de coalición. Tal derogación era materialmente imposible, y es evidente que se trataba de un mantra propio de la izquierda para cultivar un relato falso con el único objetivo de mantener esperanzada y contenta a su propia parroquia ideológica”.
Las organizaciones patronales CEOE y Confebask también han mostrado su satisfacción y han resaltado, aunque con menos estruendo que ABC, el cambio radical en la posición de Yolanda Díaz. Como explicaba Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, los empresarios valoran mucho que Yolanda Díaz plantease “al principio una derogación absoluta de la reforma laboral” para, al final, aceptar “la seguridad jurídica que nosotros queríamos”.
En estas circunstancias, el PP está intentando sacar todo el partido posible a la situación, sobre todo después de que EH Bildu y ERC anunciaran inicialmente que votarán en contra, pero su posición está llena de contradicciones.
Su portavoz en el Congreso de Diputados, Cuca Gamarra, ha reconocido que la reforma del Gobierno de coalición es “menos mala de lo esperado”, pero ha confirmado que los diputados del PP votarán en contra de la convalidación.
Pablo Casado siente la presión de Vox y del sector más escorado a la ultraderecha del PP, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y que no es pequeño en las filas de los populares. Por muy favorable a los empresarios que sea la reforma de Yolanda Díaz, y por más que muchos portavoces de la patronal llamen a Casado a recapacitar y apoyarla, el líder del PP es consciente de que si aparece como “colaborador” de Pedro Sánchez dará fuelle a Vox como la única oposición de derechas a su política. Y las encuestas, que no dejan de dar incrementos constantes al partido de Abascal, no aconsejan ese tipo de sacrificios.
En cualquier caso, Casado tiene un grave problema. Por más que se esfuerce le va a resultar muy difícil encontrar algo significativo que criticar en la reforma de Yolanda Díaz, por eso vuelcan toda su denuncia sobre ERC y EH Bildu. Según pasen los días Casado tendrá que enfrentar una tensión considerable, con una parte de los dirigentes autonómicos del partido abogando por la abstención.
Las declaraciones rápidamente rectificadas del alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Almeida, a El Confidencial, afirmando primero que el PP se abstendría, para dos horas después exigir que se cambiase la palabra “abstención” por “voto en contra”, dan testimonio de la profundidad de la crisis interna del PP.
UP comete un grave error que pagaremos toda la clase trabajadora
El apoyo prácticamente unánime de UP a esta reforma laboral es un error gravísimo, no solo porque erosiona su base electoral, sino porque ha puesto en manos de la derecha un arma que va a utilizar a discreción para minar el empuje de la movilización social, que fue la que impulsó el meteórico ascenso de UP.
Las declaraciones del presidente del grupo parlamentario de UP en el Congreso, Jaume Asens, que además de celebrar la reforma como una gran victoria por su contenido, resalta como un “hito histórico” la supuesta consecución por parte de Yolanda Díaz de “que la CEOE deje de ser una correa de transmisión de la derecha”, no solo es una asombrosa estupidez, anticipa el rumbo que quiere tomar UP. “Alertamos del riesgo de que el acuerdo con la CEOE se rompa”, dice Asens ante posibles concesiones a ERC y a EH Bildu, es decir, ante la posibilidad de negociar enmiendas que contemplen alguna medida más a la izquierda.
Que contraste entre este temor a incomodar a la patronal, y su completa indiferencia en los hechos cuando las fuerzas represivas enviadas por el ministro Marlaska golpeaban salvajemente a los metalúrgicos de Cádiz, o hacen redadas masivas en los barrios obreros de Puerto Real. Si la prioridad de UP es mantener los pactos con la CEOE por encima de cualquier otra consideración, el proyecto de UP está herido de muerte.
En muy pocos meses millones de trabajadoras y trabajadoras van a comprobar en sus propias carnes que esta reforma laboral ni termina con la precariedad, ni conquista derechos. Pero lo fundamental no es esperar a que este hecho objetivo se manifieste con sus efectos desmoralizantes, sino combatirlos desde ahora mismo construyendo una izquierda que merezca este nombre, que no falsee la realidad y mienta para encubrir su deserción del campo de batalla, que no sea un instrumento de la paz social y de la desmovilización, que no actúe como el factor fundamental que debilita la correlación de fuerzas.
Esa izquierda gubernamental que gestiona la crisis del capitalismo a la medida de la CEOE y la UE, no crea derechos sino retrocesos. Hace falta un giro de 180 grados y pelear por una izquierda transformadora de verdad.
