Durante los últimos días ha saltado a la palestra un nuevo y escandaloso episodio de corrupción. En esta ocasión, la trama que ha supuesto beneficios multimillonarios para los principales actores de la misma, apunta directamente a los asesores y el entorno político del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda urbana José Luis Ábalos.
Durante los momentos más duros de la pandemia, entre marzo y mayo de 2020, las Administraciones públicas se gastaron alrededor de 2.000 millones de euros en la compra de mascarillas. No es el primer caso que conocemos, ni será el último, de numerosos intermediarios y comisionistas que ganaron dinero a manos llenas gracias a mordidas corruptas, mientras más de cien mil personas perdían la vida. Mordidas que no caen de un cielo azul, y que se pueden llevar a cabo gracias a un régimen corrupto hasta la médula, en el que chapotean desde Juan Carlos I hasta los políticos y empresarios afines al PP y del PSOE.
El caso Koldo, otro ejemplo más
El denominado “caso Koldo”, por Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, es aún más deplorable porque señala al Gobierno más progresista de la historia y específicamente a Pedro Sánchez.
Este personaje comenzó su carrera como un portero de discoteca y posteriormente como escolta en Euskal Herria. Todos los medios destacan su vinculación con la policía y la guerra sucia en los años más sangrientos de los GAL y su relación con el general Galindo condenado por el asesinato de Lasa y Zabala. Gracias a este historial fue nombrado asesor por José Luis Ábalos, después de haber prestado otros servicios como jefe de seguridad en numerosos eventos del PSOE, entre ellos, custodiar los avales de Pedro Sánchez durante la campaña de las primarias que le devolvieron la secretaría general. Hay mensajes en redes sociales de agradecimiento de Pedro Sánchez a este personaje que dan testimonio.
Al parecer, Koldo García facilitó desde su posición adjudicaciones del Ministerio de Fomento y otros Gobiernos regionales a la empresa Sociedad de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Esta empresa, propiedad de un amigo de Koldo, había tenido una facturación de 0 euros en 2019. La cifra milagrosamente ascendió a más de 53 millones en 2020.
Ahora se ha desvelado que estos contratos se realizaron a cambio de comisiones ilegales e hinchando el precio de las mascarillas. Presuntamente de este modo, Koldo García ingresó más de 250.000 euros en efectivo en sus cuentas bancarias entre 2020 y 2022 y compró tres pisos en Benidorm, uno de ellos a nombre de su hija de dos años. Según el sumario, el aumento patrimonial de Koldo García podría haber superado el millón y medio de euros. Además del comisionista, los empresarios Juan Carlos Cueto Martín y Víctor de Aldama obtuvieron un beneficio por esta operación de más de quince millones de euros.
El PSOE, el PP, la monarquía o los banqueros. Es el régimen del 78
Este caso se une a otros dos donde se infló el precio de las mascarillas para obtener beneficios obscenos en lo peor de la pandemia. Por un lado está el escándalo del hermano del Duque de Feria, que junto a su amigo Alberto Luceño vendieron de forma “altruista” material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, actuando como intermediarios de una empresa malaya que les reportó seis millones de euros de comisiones por partidas que además eran defectuosas.
Pero el caso más mediático y escandaloso sin duda fue el de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tras el estallido de la pandemia le propuso a un amigo íntimo, Daniel Alcázar, importar a través de la empresa de este mascarillas de China para vendérselas a varias Administraciones públicas, incluida la Comunidad de Madrid.
De este modo Priviet Sportive SL, pagó al hermanísimo 175.000€ más un bonus por cada operación exitosa como asesor de la empresa. Finalmente se llevó muerto 234.000€ tras vender a la Comunidad de Madrid 250.000 mascarillas por un millón y medio de euros. Fue la cuarta compra de mascarillas más cara de la pandemia en Madrid.
Por supuesto, este caso fue archivado porque los fiscales no vieron ningún indicio de corrupción en el hecho de que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con experiencia como comercial de productos médicos, fuera fichado por un amigo como asesor en una empresa sin experiencia alguna en el sector sanitario y que vendió mascarillas de dudosa fiabilidad a la institución que presidía su hermana con un beneficio de casi el 200%.
Como todo el mundo sabe, el escándalo le costó el puesto al entonces presidente del PP, Pablo Casado, que en la lucha interna por el poder denunció públicamente este fraude. La reacción de Ayuso y de su escuadra trumpista provocaron una crisis de tal envergadura que se saldó con la caída del presidente del partido, y su sustitución por Alberto Núñez Feijóo.
La larga lista de casos que se han vivido a lo largo de los años en el Estado español, incluyendo el enriquecimiento ilícito de Juan Carlos I, demuestran que el régimen del 78 y el sistema capitalista en su conjunto funcionan con la corrupción como combustible elemental. Banqueros, empresarios, la cúpula del PP con Aznar o Mariano Rajoy, destacados políticos y dirigentes del PSOE, obispos, la Casa Real… todos implicados, todos absueltos por la justicia, y si pasan algún periodo entre rejas salen rápidamente y se incorporan a sus quehaceres habituales.
El problema no es que el PSOE o el PP sean partidos corruptos, que históricamente lo son. Esta es la forma de funcionar del sistema capitalista. El cobro de comisiones de intermediarios, la especulación y la corrupción están en el ADN del capitalismo español y mundial. No es solo una cuestión de integridad moral, el problema es que una vez que asumes la lógica del sistema capitalista es inevitable participar de una u otra manera de la corrupción. Ya lo vimos de una forma escandalosa dentro de organizaciones como CCOO, UGT o IU en el caso de las “tarjetas black”, o recientemente con las puertas giratorias de Alberto Garzón que le han retratado para siempre.
Recientemente Pedro Sánchez hablaba en tono marcial que frente a la corrupción “quien la hace, la paga”. Si miramos la lista de casos de corrupción en el Estado español, la realidad es bastante distinta. Tanto los que se han llevados beneficios materiales como los responsables políticos de la corrupción, siempre se van de rositas. Por supuesto, Ábalos no ha dimitido y el PSOE ha tardado más de una semana en pedirle responsabilidades y que devuelva el acta de diputado.
El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre las compras de material durante la pandemia. Y para que el circo continúe el PP ha adelantado que hará lo mismo en el Senado. Sea cual sea el resultado de estas comisiones podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que las mascarillas y el material sanitario se compró como siempre se hace bajo este sistema, a través de comisiones, especulando y consiguiendo que en última instancia los trabajadores y las trabajadoras pagáramos un precio desorbitado por ellos. Y nadie pagará por ello.
Por supuesto estos casos tienen un denominador común: mientras la mayoría de la población luchábamos por sobrevivir a la COVID19, y se nos pedían grandes sacrificios, no pocos espabilados especulaban con productos sanitarios de primera necesidad multiplicando el precio de los mismos y obteniendo sabrosas ganancias. Y lo hacían gracias a sus conexiones con los partidos del régimen. Pero como dice Ayuso con su filosofía de la barbarie: qué más da si se iban a morir de todos modos.
