A principios de agosto se hizo público el acuerdo alcanzado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la banda fascista Desokupa para proporcionar formación en defensa personal a 30.000 policías. A pesar de que se organizó un gran revuelo en los medios de comunicación y de que otras organizaciones sindicales de la policía lo rechazaron, el SUP se mantuvo firme y seguirá colaborando con este grupo de matones, conocido por sus amenazas, insultos y agresiones a personas que se niegan a ser desalojadas ilegalmente de los pisos que habitan.
La responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en esta deriva es innegable. Las declaraciones de Marlaska anunciando que los cursos de Desokupa no tendrán reconocimiento legal —en lugar de poner fuera de la ley a esta banda de mercenarios fascistas y castigar contundentemente a quienes utilicen sus “servicios”— son una tomadura de pelo. El problema, más allá de los cursos, es que el núcleo de una milicia fascista, con fuerte apoyo empresarial y oficial, se está formando ante nuestros ojos y el PSOE, que tiene como máxima prioridad seguir atrayendo un volumen de inversión suficiente para mantener el empleo y la paz social, se niega a hacer frente a esta situación por miedo a enfadar a sus amos capitalistas.
¿Qué es Desokupa?
Bajo la tapadera legal de una empresa de “recuperación” de viviendas y propiedades supuestamente ocupadas, Desokupa[1] es en realidad una banda paramilitar fascista que se lucra poniendo a sus matones al servicio de los especuladores inmobiliarios y de caseros sin escrúpulos que pretenden aprovecharse de la vulnerabilidad de muchos inquilinos (personas mayores, inmigrantes, mujeres solas con hijos menores, etc.) para forzarlos a abandonar su vivienda, incluso teniendo un contrato de alquiler vigente y estando al corriente del pago de los alquileres, para poder volver a alquilarlo a un precio mucho mayor o para dedicarlo a alquiler turístico o de temporada.
Precisamente cuando los caseros carecen de cualquier excusa legal para promover un desahucio, pero quieren expulsar como sea a sus inquilinos, es cuando contratan los servicios de una banda que no duda en recurrir a la violencia[2] para amedrentar a sus víctimas y forzarlas a que abandonen sus hogares.
En el auge de Desokupa han tenido un papel relevante medios de comunicación y periodistas de extrema derecha, como Ana Rosa Quintana o Susanna Griso, que no solo han proporcionado una plataforma de propaganda a esta banda fascista sino que han esparcido rumores falsos sobre una supuesta ola de “okupaciones” que podría afectar a cualquiera que se ausentase un par de días de su domicilio y sobre una imaginaria imposibilidad legal para solucionar en un plazo razonable un allanamiento de morada (un delito grave castigado con hasta cuatro años de cárcel) o incluso un impago injustificado de alquileres.
Estas patrañas de la extrema derecha son desmentidas por la dura realidad de los desahucios judiciales. Al margen de los escasísimos allanamientos de vivienda habitual, que son solucionados prácticamente en el acto, casi 20.000 familias fueron forzadas por los tribunales a abandonar sus viviendas en 2023 por retrasos en el pago del alquiler. Las historias lacrimógenas de ancianitas que tienen que subsistir gracias a la caridad pública porque sus malvados inquilinos no pagan el alquiler y además les obligan a hacerse cargo de las facturas de todos los suministros domésticos mientras conducen un BMW y se van de vacaciones al Caribe son pura propaganda, que intenta encubrir la realidad: que el Estado español es un verdadero paraíso para la especulación y el parasitismo inmobiliario.
Las declaraciones del Gobierno sobre una supuesta “congelación de desahucios” a la gente vulnerable no es más que propaganda vacía. Los recientes suicidios de personas en situación desesperada cuando iban a ser desalojadas de su vivienda son un trágico recordatorio de la inutilidad de las medidas sociales de las que tanto presumen los ministros de Sumar y PSOE, y de las extraordinarias facilidades que se ofrecen a los caseros para que expriman sin piedad a quienes no tienen más remedio que vivir de alquiler.
Una colaboración que viene de lejos
Como se denuncia por sindicatos de inquilinos y otras organizaciones sociales la colaboración entre la policía y los matones de Desokupa es la norma. Cuando los vecinos de un edificio o un barrio se rebelan ante las coacciones y la violencia de Desokupa, inmediatamente aparece la policía, pero no para atajar las ilegalidades de la banda fascista, sino para ofrecerles protección y que no se repita lo que ocurrió en Soraluze o Andoain, donde los vecinos los expulsaron. Esta impunidad sería imposible si desde el Ministerio del Interior no se hubiesen dado instrucciones para dejar actuar sin trabas a estos salvajes. El PSOE no quiere disgustar ni en lo más mínimo a los inversores y especuladores, y mira para otro lado ante estos abusos, igual que cierra los ojos ante la descarnada explotación de inmigrantes ilegales en sectores como la construcción, la agricultura o el servicio doméstico.
El hábito de la completa impunidad ha dado alas a Desokupa, que ya ni se molesta en disimular su carácter nazi. Sus redes sociales están repletas de mensajes racistas, machistas, tránsfobos y homófobos y, a partir de la popularidad que sus acciones han obtenido entre los sectores más reaccionarios de los rentistas, especuladores y propietarios inmobiliarios, Desokupa ha empezado a intervenir en la vida política promoviendo su alternativa fascista.
En la pasada campaña electoral contrató una gran lona que cubría la fachada de un edificio en el centro de Madrid con un mensaje contra Pedro Sánchez y otros dirigentes de la izquierda. También han lanzado sus primeras movilizaciones callejeras, como la de Barcelona contra Ada Colau o la convocada en Madrid a favor de un asesino convicto. Y, como no podía ser menos, se sumaron desde el primer momento a las protestas convocadas ante la sede del PSOE tras conocerse el resultado de las últimas elecciones generales.
En los últimos meses varios ayuntamientos, entre ellos alguno gobernado por Junts, han contratado a Desokupa para colaborar con la policía local en defender la propiedad y el orden. Así se está dando cobertura legal a un grupo de matones nazis que goza de la impunidad y connivencia de un aparato del Estado que jamás fue depurado tras el franquismo, y que no dudará en el futuro en desatar la violencia contra todo tipo de protestas sociales o laborales.
Pero, como acabamos de ver en Reino Unido, será la juventud y la clase trabajadora quienes combatirán en las calles la amenaza del fascismo.
[1] El grupo fascista Brigada Desokupa acosa a una vecina de Vallecas con apoyo de la policía
[2] Dos fascistas desokupas agreden a un vecino y la policía los deja en libertad a pesar de la denuncia de una testigo
