¡Crear un parque de dos millones de viviendas públicas con alquileres asequibles!
Conseguir alquilar una vivienda digna y a un precio asequible se ha convertido en una pesadilla para millones de familias y jóvenes de la clase trabajadora.
Con unos salarios miserables y atenazados por la precariedad crónica, un sector mayoritario de la población se encuentra literalmente sometida a los caseros rentistas, a grandes especuladores inmobiliarios, fondos buitre y bancos, que se llenan los bolsillos a costa de empobrecernos cada día más.
El enriquecimiento de estos parásitos se está llevando a cabo impunemente, con la protección de un Gobierno que se declara el más progresista de la historia y consiente esta orgía especulativa negándose a tomar ninguna medida para frenarla.
Los datos son realmente elocuentes: CaixaBank es el mayor casero privado del Estado español, con cerca de 22.000 viviendas alquiladas con fianza depositada. Pero a CaixaBank le sigue muy de cerca Blackstone, el fondo de inversión estadounidense, que tiene alquiladas cerca de 19.600 viviendas en las CCAA a través de 27 filiales, de las que 13.000 están en la Comunidad de Madrid, donde es el mayor arrendador privado.
Los llamados megatenedores acumulan 178.000 alquileres en 11 comunidades autónomas según el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI). Pero como poco existen otras 303.150 viviendas alquiladas por este sector, y son solo una parte del problema.
En estos momentos decenas de miles de rentistas y caseros, que disponen de dos, tres, cuatro, cinco o más viviendas, son los que copan mayoritariamente el mercado del alquiler, que puede superar ampliamente los cuatro millones de viviendas. El hecho es que el Gobierno del PSOE-Sumar, y la ministra del ramo Isabel Rodríguez, no solo no han hecho absolutamente nada por crear un parque de vivienda pública a precios asequibles sino que han traicionado todas sus promesas cediendo ante estos parásitos, que aprovechándose de un mercado completamente desregulado se enriquecen sin el menor escrúpulo.
A esto hay que sumar que el alquiler vacacional y residencial de corta duración dominan las zonas turísticas y se expanden rápidamente a las zonas céntricas de muchas ciudades e incluso a barrios obreros, llenando los bolsillos de los “fondos buitre” y de muchos inversores privados, a la vez que desplazan a zonas periféricas, mal comunicadas y con abundancia de infraviviendas a decenas de miles de familias obreras.
Para la inmensa mayoría de personas trabajadoras que hoy necesitan una vivienda se ha impuesto como algo habitual vivir en una habitación en un piso compartido a precios exorbitados, o espacios que en muchos casos son agujeros insalubres, garajes, sótanos, trasteros, o chabolas improvisadas, por no mencionar caravanas y remolques como ocurre en las Islas Baleares.
La tan cacareada “prohibición de desahucios” a personas vulnerables que el PSOE y Sumar llevan por bandera, es una mentira a la luz del día: solo en el primer trimestre de este año 5.443 inquilinos han sido expulsados de sus hogares por la imposibilidad de pagar alquileres abusivos, a los que se suman cerca de 1.500 desahucios más por ejecuciones hipotecarias.
Entre las víctimas de esta injusticia, cometida con la connivencia del Gobierno y los tribunales, y ejecutada por la policía y organizaciones de corte fascista como Desokupa, hay personas ancianas, enfermas crónicas de escasos recursos o familias monoparentales que malviven en la miseria. La pérdida del hogar, como denuncia la PAH, es un factor cada vez más decisivo en el creciente número de suicidios (más de 11 cada día) que se producen en el Estado español.
Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y sus socios parlamentarios han claudicado completamente ante los intereses de los fondos de inversión, de los grandes tenedores de vivienda y de los especuladores y caseros rentistas. Las cifras lo dicen todo.
La Vivienda de Protección Oficial (VPO) está completamente parada: entre enero y septiembre de 2023 solo se finalizaron 5.441 VPO en todo el Estado ¡Una cifra escandalosa y que representa además un descenso de casi el 20% respecto al año anterior!
Y no solo está paralizada la construcción de VPO, sino de nuevas viviendas en general. A pesar de que la demanda anual supera las 275.000 viviendas, las empresas inmobiliarias solo construyen cada año alrededor de 90.000, con el resultado de que el déficit de vivienda asciende ya, según el Banco de España, a más de 600.000. La razón de esta carencia es que los inversores inmobiliarios prefieren el enriquecimiento fácil especulando y haciéndose de oro comprando vivienda y edificios de segunda mano y poniéndolas en el mercado de alquiler a precios astronómicos.
Frente a esta situación es necesario la movilización generalizada, contundente y masiva, para confluir en una gran huelga general. No puede ser que los grandes sindicatos miren para otro lado y no hagan nada ante esta emergencia social. Apelar, como hace la nefasta ministra de Vivienda, a la buena voluntad de los inversores inmobiliarios es reírse de todas nosotras. ¡Hay que obligar al Gobierno central y al de las CCAA a tomar medidas drásticas que garanticen el derecho a un techo digno!
Las movilizaciones multitudinarias de los últimos meses en Canarias, Baleares, Málaga y las programadas en otras ciudades como Madrid para el próxima día 13 de octubre, marcan el camino a seguir.
Hay que fortalecer los sindicatos de inquilinos e inquilinas que se están desarrollando por numerosas ciudades. Y debemos apoyar con todas nuestras fuerzas sus iniciativas, como el llamado a una huelga progresiva del pago de alquileres.
Lucha y organización, esa es la clave. Por eso, desde Izquierda Revolucionaria planteamos que son imprescindibles las siguientes medidas:
- Expropiación de las viviendas en régimen de alquiler en manos de bancos, fondos buitre, especuladores y caseros rentistas, para constituir, junto con las viviendas que aun gestiona la Sareb, un parque de dos millones de viviendas públicas para alquiler social.
- Tope inmediato a los alquileres, estipulando un máximo por metro cuadrado. Prohibición de todo tipo de cláusulas abusivas, con sanciones ejemplares a los caseros infractores.
- Establecimiento de contratos indefinidos de alquiler que protejan a los inquilinos e impidan las subidas abusivas.
- Expropiación sin indemnización del suelo urbano y urbanizable en manos de fondos de inversión, bancos y especuladores inmobiliarios
- Prohibición del alquiler turístico o de temporada en zonas con déficit habitacional.
- Prohibición de los desahucios por ley.
La especulación de la vivienda ha llegado a un punto límite. Es el reflejo de la putrefacción del capitalismo. Nos obligan a trabajar por una miseria, y nos roban nuestro salario con una inflación y unos alquileres descontrolados. ¡No lo podemos consentir!
¡La vivienda debe estar fuera del mercado privado!
¡Participa en las movilizaciones por el derecho a la vivienda y apoya las acciones propuestas por los sindicatos y plataformas de inquilinos e inquilinas!
¡Únete a Izquierda Revolucionaria para dar la batalla contra los especuladores y el Gobierno que consiente este escandaloso negocio!
