Durante las últimas semanas se ha destapado el escándalo de las grabaciones realizadas por la actriz Bárbara Rey a Juan Carlos I de Borbón en los años 90. La Casa Real, representantes cualificados de la clase dominante española como Felipe González o Aznar, directamente implicados en ocultar durante décadas la corrupción que rodeaba a la monarquía, y los medios de comunicación han reaccionado con una mezcla de histeria y desprecio, insistiendo en que se trata de “asuntos personales”.
¡Como si la doble vida del emérito, sus corruptelas, sus estrechos vínculos con la ultraderecha y con lacras sociales como la prostitución —un secreto a voces tapado con millones de euros de fondos públicos— fuesen una simple anécdota!
El propio Pedro Sánchez y el Gobierno PSOE-Sumar han preferido mirar a otro lado y echar tierra sobre unas grabaciones que desvelan la participación de Juan Carlos I —“el rey que trajo la democracia”— en la trama golpista del 23F y cómo el aparato del Estado lo tapó.
Capo di tutti capi del 23F
En una de las conversaciones que se han conocido entre Juan Carlos I y Bárbara Rey, ni corto ni perezoso, se despacha así: “Palabra de honor, me río, cariño, de Alfonso Armada. Ese ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, este otro está largando”.
“El otro” era Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey hasta que se prescindió de sus servicios en 1993. ¿Pero quién era Alfonso Armada y sobre qué guardaba silencio? Fue el preceptor militar del rey bajo la dictadura. No olvidemos que Juan Carlos fue designado a dedo como su sucesor por el mismísimo Generalísimo, cuando prometió a los capitalistas y banqueros, la dictadura de las 100 familias que controlaban el país, dejar “todo atado y bien atado”.
Armada, cuyos vínculos con la extrema derecha eran de sobra conocidos, fue secretario personal y persona de máxima confianza del rey. Actuó como secretario general de la Casa Real hasta 1977 cuando, en plena lucha dentro del régimen entre los partidarios de un cambio de fachada para que todo siguiese igual y los que defendían atrincherarse, Suárez decidió sustituirle por una figura de su confianza directa, Fernández Campo.
Sin embargo, Armada siguió teniendo contacto regular con Juan Carlos y en los días previos al golpe “mantuvo una reunión con el rey en la estación de esquí de Baqueira Beret (…) el 6 de febrero de 1981; y le recibió de nuevo en una larga audiencia a solas, en el Palacio de La Zarzuela, el día 13, solo diez días antes del asalto de Tejero al Congreso” (El País, 13/10/2024).
Si queda alguna duda respecto al papel del monarca el 23F, es significativo el testimonio de José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha y ministro de Defensa con Zapatero. En sus memorias, Se levanta la sesión, Bono transcribe la confidencia que Sabino Fernández Campo le hizo en marzo de 2009: “El rey lloró el 23F cuando escuchó tiros en el Congreso y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? Yo creo que esperaba algo acorde con la ley, porque Alfonso Armada le había llevado un escrito (…) que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso y, después de un discurso en el que destacara la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente Armada. (…) Le advertí que se trataba de una proposición contraria a la Constitución. ¡Menos mal que estaba yo allí!”.
“Vamos a contar mentiras”, o cómo Juan Carlos salvó la democracia
Las evidencias de que el rey estaba detrás de Armada, cuyos planes además involucraban a dirigentes de Alianza Popular, UCD e incluso sectores del PSOE, han sido un secreto a voces durante todos estos años.
Su papel fue esperar entre bambalinas a ver si el golpe triunfaba. Si fracasó, no fue por él, que lo conocía, apoyaba y esperaba su triunfo en silencio, sino por la falta de apoyo decisivo de la clase dominante. Apostar por una aventura, con un Gobierno de concentración nacional impuesto por la fuerza, al margen del Parlamento, con un general al frente y avalado por el rey, podía volverse en su contra, radicalizando y agudizando la lucha de clases. Los sectores decisivos de la clase dominante prefirieron basarse en Felipe González y el aparato del PSOE para llevar adelante las políticas capitalistas de reconversión, estabilización y privatización que necesitaban, y que habían ido aplazando por miedo a la movilización de las masas.
El show mediático del Borbón condenando el golpe, eso sí, tras casi 12 horas de espera y presiones para convencerle de que se desvinculase de Tejero y Armada, contribuyó a reforzar el cuento de hadas sobre el rey que trajo y defendió la democracia.
Esto es lo que Armada callaba. Y esto es lo que el audio de Bárbara Rey, y la negativa reiterada de todos los Gobiernos del PSOE y del PP a desclasificar los documentos sobre el 23F, confirma: que estaba implicado hasta las cejas en el golpe, y que el PP y el PSOE han tenido las pruebas durante más de 30 años ocultándolas de forma consciente y antidemocrática.
Para la burguesía y los representantes del régimen del 78 era clave mantener este cuento de hadas y ocultar el papel de ese rey tan “campechano” como colaborador estrecho de los golpistas, dispuesto a sumarse a ellos si salía bien. Y si no, a cambiar de bando para mantener sus privilegios.
Los derechos democráticos fueron conquistados con la lucha obrera
El falso relato construido en torno al 23F tiene una doble función. En primer lugar, preservar el poder de la institución monárquica, un poder muy real y que utilizarán cada vez que lo necesiten contra cualquier movimiento que amenace al sistema. Así lo demostró Felipe VI cuando, con uniforme militar, se dirigió autoritario y amenazante a los millones de personas que votaron el 1 de octubre en Catalunya contra el régimen capitalista del 78 y por la una república catalana haciendo frente a una represión brutal.
Y en segundo lugar, y muy importante, ocultar que las libertades y derechos democráticos que hoy existen fueron arrancadas gracias a la lucha de clases, a la movilización de millones de jóvenes, trabajadores y trabajadoras que se la jugaron en las calles, en sus fábricas y en sus barrios. Una movilización dirigida contra el rey, la clase dominante y esa misma casta de jueces, militares, policías y políticos nostálgicos del franquismo, que jamás fueron depurados y contra los que hoy seguimos luchando. Una movilización que enfrentó una durísima represión —no solo bajo Franco, sino ya “en democracia”— con centenares de muertos, heridos, torturados y detenidos, y que fue el factor decisivo que obligó a la concesión, primero por la vía de los hechos y más tarde reflejándose en la legislación, de los derechos de huelga, reunión, manifestación, sindicación...no los inexistentes ideales democráticos del rey lo que impulsó la reforma política.
Fue el miedo a que estallara una revolución, como la que vivió Portugal en 1974, y que se llevara por delante al régimen franquista, y La burguesía y el viejo aparato estatal franquista se vieron obligados al cambio para no perderlo todo y mantenerse en el poder, dándose así un lavado de cara.
Los viejos y nuevos gerifaltes franquistas se transformaban en demócratas de toda la vida. El Tribunal de Orden Público en Audiencia Nacional, manteniendo a los mismos magistrados. Y el Borbón nombrado a dedo en 1969 por Franco se convirtió por arte de magia en una persona de firmes convicciones democráticas y timonel de la transición política.
Esta farsa contó con la inestimable colaboración de los dirigentes del PCE y el PSOE, sin la cual todo esto hubiera sido imposible. Pusieron toda su autoridad al servicio del blanqueamiento del régimen y para que las reivindicaciones de la clase obrera, que no solo apuntaban a la lucha por las libertades democráticas, sino también a la revolución socialista, quedasen dentro de los estrechos márgenes de la democracia burguesa.
Millones de dinero público para esconder los trapos sucios de la monarquía
Durante los años 90 los distintos Gobiernos, a través de los servicios secretos, abonaron 600 millones de pesetas a Bárbara Rey para comprar su silencio. El operativo montado por el CESID (y su sucesor, el CNI) se llamó Operación Persa y se inició en 1994. Estos millones fueron divididos en un primer pago de cien y el resto a razón de cincuenta anuales. Esa cantidad se recaudó desviando fondos de empresas públicas que servían como tapadera para la financiación del CESID al margen de los presupuestos del Estado. A esa cifra hay que sumar los pagos a través de jugosos contratos de la actriz como presentadora en programas de la televisión pública.
Durante todo este tiempo los trabajadores hemos tenido que aguantar la cháchara de que había que recortar el gasto público, que no había dinero para sanidad, educación o pensiones públicas, para salvar empresas amenazadas de cierre o para subsidios de desempleo... Pero sí lo había (y mucho) para los lujos, vicios y corruptelas del rey.
Pese a todos los intentos de falsear y hacer olvidar el papel que ha jugado y juega la monarquía, todas estas filtraciones, la descarada impunidad de la que gozan el emérito y su familia, y el papel de Felipe VI como defensor de los intereses de la clase dominante y de la “sagrada unidad de España” contra los derechos democráticos, nacionales y sociales socavan la legitimidad del régimen del 78 y desvelan el carácter corrupto y clasista de una monarquía y un sistema a los que hay que echar ya al basurero de la historia.
