El último informe de Perspectivas Económicas de la OCDE[1], que anticipa un crecimiento del 2,8% del PIB para este año y para 2025 mejora la previsión hasta un 2,2%, ha sido acogido con alborozo por el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo ha publicitado como una demostración de lo acertado de su política económica.
Que el crecimiento de la economía española cuadriplique el de la eurozona (0,7%) es un hecho notable, y es innegable que este incremento del PIB, que ya supera el billón y medio de euros, facilita enormemente la gestión gubernamental, dándole un margen de maniobra para encarar la legislatura. Un avance que ha tenido también el efecto de rebajar en unos tres puntos la ratio de deuda pública sobre el PIB, llegando al 105%, adelantándose en un año a los objetivos iniciales y acercándose así al cumplimiento de los límites impuestos por la UE.
Más vulnerabilidad y dependencia externa
Este desarrollo descansa principalmente en la fortaleza de la demanda exterior neta, que contribuye en 0,5 puntos porcentuales al avance del PIB, lo que supone casi la quinta parte. En comparación, en Alemania se espera que la demanda exterior no solo no aporte al crecimiento, sino que incluso lo reduzca en un 0,3%.
Un componente fundamental de esa demanda exterior es el turismo. Tras los 85 millones de turistas de 2023 —un 18% más respecto al 2022— para este año se espera alcanzar los 100 millones, y subiendo.
El otro gran puntal del crecimiento son las exportaciones agrarias e industriales, que llevan tiempo incrementando su peso en la economía y representan hoy en torno al 25% del PIB. Sumadas las exportaciones de bienes y las de servicios, que incluyen el turismo, nos encontramos con que el 41,7% del PIB depende del sector exterior. Hace solo 15 años, en 2008, era el 26%, lo que indica la velocidad de la integración de la economía española en la economía global y, al mismo tiempo, el aumento de la dependencia y vulnerabilidad respecto a las vicisitudes del mercado mundial.
Un buen ejemplo de esta dependencia es la producción de la industria automovilística que, según datos de la patronal ANFAC, lleva cuatro meses de caídas. En julio se redujo un 10% y en agosto un 20%. La causa es la debilidad de la demanda europea, sobre todo la alemana, que refleja la extrema debilidad económica de los países de la UE.
El riesgo de cierre de fábricas y despidos masivos en esta industria fundamental es muy real, como muestra la avalancha de ERTE en la fábrica de Ford de Valencia, y es lo que ha provocado el acercamiento de Pedro Sánchez a China y sus declaraciones contra los aranceles al coche eléctrico que la UE, bajo intensa presión norteamericana, va a imponer. Y no se trata solo de que las exportaciones españolas de porcino a China sufran las consecuencias de las represalias comerciales de Pekín, sino que Sánchez, al igual que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca desesperadamente inversiones chinas en sectores industriales clave, principalmente el automovilístico.
Beneficios estratosféricos e inversión por los suelos
Entre enero y junio de 2024 los grupos españoles cotizados en Bolsa ganaron 32.099 millones de euros[2], una subida del 15,42% respecto al mismo periodo del año anterior, que a su vez ya había marcado un récord histórico.
Pero este enorme incremento de los beneficios empresariales no redunda en la inversión. La mayor parte de ellos se destina a engrosar los fabulosos patrimonios de la minúscula capa de ultrarricos[3] (15.186 individuos que declaran ganar más de 601.000 euros anuales) que controla con mano firme y en beneficio propio los principales resortes de la economía.
El servicio de estudios de las cajas de ahorro, Funcas, advirtió en abril de 2024[4] sobre el “preocupante” estado de la inversión y defendió que es prioritario reactivarla para asegurar que el crecimiento sea sostenible. Según Funcas, la inversión empresarial se encuentra bastante por debajo de los niveles prepandemia. En equipamiento apenas ha crecido un 12% en lo que va de siglo frente al 35% en Estados Unidos y el 17% en Europa.
También el Banco de España, en su informe anual publicado en abril[5], señala el retroceso de la inversión en equipos desde 2019 y resalta que “España es la única economía de la UEM (la zona euro) que registró retrocesos en la inversión en equipo pese a presentar una brecha negativa respecto a los niveles de 2019”.
Para intentar compensar este retroceso de la inversión productiva, el Gobierno riega de dinero público a las empresas privadas. Por ejemplo, hace pocas semanas regaló otros 27,7 millones a Renault, que suma ya 121 millones en subvenciones, para fabricar coches eléctricos en España. Solo 12 empresas del IBEX 35, con Telefónica e Iberdrola a la cabeza, recibieron en 2023 más de 600 millones de euros[6]. Incluso el Banco Sabadell, que tuvo unos beneficios de 1.332 millones ese año, no dudó en coger el regalo de 20 millones que le hizo el Gobierno “socialista”. Y empresas multinacionales como Volkswagen recibieron 300 millones de euros en ayudas públicas.
Favorecer el enriquecimiento de los más ricos y escatimar hasta el céntimo en políticas sociales ha sido hasta el momento la característica más destacada del desempeño de este Gobierno. A nadie debe extrañar la tácita aprobación que la CEOE y otras organizaciones patronales dan al Ejecutivo de Sánchez. La clase dominante ha encontrado en él a los mejores gestores de su sistema. No solo incrementan sus rentas, sino que lo han hecho en un ambiente de paz social que parecía impensable hasta hace pocos días, cuando las masivas manifestaciones por la vivienda han abierto una seria brecha en la desmovilización social impuesta tras la desactivación de la ola de movilización social que siguió al 15M y al mayor desafío al régimen del 78 que supuso el levantamiento del pueblo catalán en defensa de la república catalana. La burguesía española, el amplio sector de rentistas parasitarios, los especuladores de vivienda y los inversores extranjeros con intereses en el país no podían haber soñado con algo así.
La explotación de mano de obra inmigrante, clave del auge económico
No cabe duda de que el aumento de los cotizantes a la Seguridad Social hasta los 21,2 millones ha sido un factor importante en esa paz social que disfruta el Gobierno. Además, el mercado de trabajo ha podido absorber a más de 2.850.000 trabajadores inmigrantes en situación regular y, según datos de la EPA, los empresarios emplean a cientos de miles de trabajadores inmigrantes ilegales y reclaman la llegada de más mano de obra extranjera.
La clase obrera migrante es vital desde hace años. Las empresas dedicadas al cuidado de mayores, limpieza, construcción y mantenimiento de edificios, hostelería o agricultura, con porcentajes de trabajadores inmigrantes que, sin contar a los ilegales, oscilan entre el 25 y el 42% de las plantillas, no podrían mantener su extraordinario nivel de ganancias o directamente serían inviables.
Para estas patronales, en su mayoría pymes, es imprescindible la crueldad con los inmigrantes. Una mano de obra atemorizada, atenazada por el miedo a que un despido pueda conllevar la pérdida del permiso de trabajo y residencia, y a la que se intenta enfrentar con la población nativa, es una fuente de beneficios inmensos y además puede utilizarse como presión para empeorar las condiciones laborales de los trabajadores nativos.
Esto es lo que proporciona la base social de las políticas racistas y xenófobas de Vox y PP y lo que empuja al Gobierno a aplicar en la práctica políticas migratorias que no se diferencian gran cosa de las propuestas por la derecha y la extrema derecha.
La economía crece, pero los salarios caen y la pobreza se extiende
A pesar del triunfalismo oficial, la mejora de la economía no llega a la masa salarial. Todo lo contrario: la precariedad avanza y los salarios han seguido cayendo bajo los Gobiernos de coalición del PSOE con Unidas Podemos y con Sumar. Los datos publicados en el reciente informe Pobreza Laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes, de Oxfam Intermón, no dejan lugar a dudas:
“Cerca de tres millones de personas con empleo en España viven en situación de pobreza (…) el 13,7% (…) se eleva al 29,5% en el caso de los migrantes. (…) tres de cada diez personas en situación de pobreza tienen un trabajo (…) Los hogares en situación de pobreza laboral destinan entre el 67 y el 79% de sus ingresos al pago de la vivienda y los servicios esenciales, lo que agrava su precariedad económica (…) Más de la mitad de los hogares en situación de pobreza laboral (55,3%) se ha visto obligada a renunciar en el último año a servicios de salud esenciales, como tratamientos dentales, gafas o atención psicológica, debido a la falta de recursos[7]”.
El Círculo de Empresarios publicó un informe el pasado julio en el que se señalaba que entre el primer trimestre de 2019 y el primero de 2024 los salarios reales bajaron un 2,5%, frente a una subida salarial media del 1,5% en el conjunto de países de la OCDE.
Pero hay más. Los datos de la Agencia Tributaria desmienten rotundamente la fanfarria gubernamental sobre el “escudo social” y la “salida progresista” de la crisis. En la declaración de la renta realizada en 2023 más de 12,8 millones de personas consignaron ingresos anuales por debajo de los 21.000 euros y, de ellos, ¡más de ocho millones no llegan a ingresar ni 1.000 euros al mes!
Esta creciente pobreza afecta con especial crudeza a niñas y niños. La Plataforma de Infancia alertaba de que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia se ha incrementado en 1,7 puntos, pasando del 32,2% en 2022 al 33,9% en 2023, mientras que para el conjunto de la población ha sido de 0,7 puntos, situándose en el 26,9%. ¡Un tercio de nuestras niñas y niños viven en la pobreza!
Estas cifras son la terrible consecuencia de la política global del PSOE y sus socios de coalición. La reforma laboral promovida por Yolanda Díaz ha proporcionado a los empresarios mayores posibilidades para contratar a tiempo parcial y despedir a voluntad, para subcontratar con ETT y aplicar a su total conveniencia la contratación fijo-discontinua. Bajo la apariencia propagandística de una limitación de la contratación temporal, la reforma de Díaz solo sirvió para maquillar las estadísticas y poner en manos de los empresarios aún más instrumentos legales para precarizar la fuerza de trabajo y cometer todo tipo de abusos.
Las facilidades para esta explotación salvaje se refuerzan todavía más con algunas de las últimas propuestas del Gobierno. “Flexibilizar” las bajas laborales para que sea posible trabajar en situación de baja por enfermedad pone en manos de las empresas un arma de presión aún más poderosa. Preparando un futuro recorte de la cuantía de las pensiones de jubilación, también plantean hacer compatible la jubilación con seguir trabajando. Otro regalo a los empresarios, que dispondrían así de una masa de mano de obra obligada a aceptar cualquier contrato que se les ofrezca para complementar su exigua pensión.
Y las burocracias de CCOO y UGT comparten la responsabilidad de este desastre. Durante años han firmado convenios a la baja, aceptado dobles y hasta triples escalas salariales, renunciado sin lucha a derechos conquistados hace décadas, como por ejemplo los complementos de antigüedad en muchos sectores. La política de paz social y consenso con los empresarios de CCOO y UGT ha sido una auténtica puñalada por la espalda a la clase trabajadora y ha contribuido decisivamente a la gobernabilidad capitalista.
El Gobierno PSOE-Sumar, al servicio de los capitalistas
Hay que ser claros. Si la economía crece y los beneficios empresariales se desbordan, la única razón es que la tasa de explotación y el empobrecimiento de los asalariados han crecido brutalmente. Pero a medio y largo plazo, una economía caracterizada por sus bajísimos niveles de inversión productiva y por su extrema dependencia de la economía mundial acabará por chocar contra la fragilidad de sus pilares básicos.
Según la OCDE[8] entre 2019 y 2024 la cesta de la compra se revalorizó en el Estado español casi 14 puntos porcentuales más que los salarios. El monopolio sobre la distribución ejercido por un puñado de grandes empresas, como Mercadona, permite a los empresarios subir los precios a su antojo y especular con los alimentos básicos, como el aceite de oliva. A esto se suma una escalada incontrolada de los alquileres que parece no tener techo. Según el portal Idealista, desde 2014 han crecido un 77%, mientras que la renta media disponible en ese mismo periodo solo lo hizo un 33%.
En un reciente artículo[9] explicábamos cómo la banca y los capitalistas después de décadas de inversiones masivas en la construcción de nueva vivienda, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 se orientaron a un mercado mucho más lucrativo y prácticamente sin riesgo: la compra de vivienda usada para alquilarla, un cambio que se vio incentivado por el auge del alquiler turístico. La consecuencia ha sido que hoy existe un déficit de vivienda que, según el Banco de España, alcanza las 600.000, una situación extremadamente favorable para sacar el máximo partido a la especulación.
Tanto los capitalistas españoles como sus colegas extranjeros ralentizan sus inversiones productivas y las limitan a lo estrictamente necesario para aprovechar al máximo las dos grandes oportunidades de enriquecimiento que el Gobierno del PSOE y Sumar les ofrece en bandeja: la barra libre para el rentismo y la especulación inmobiliaria, y las facilidades para seguir aumentando la explotación de los asalariados.
Pero las facilidades a los capitalistas no solo no aportan ninguna mejora social, sino que únicamente son sostenibles mediante un ataque cada vez más intenso a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la clase obrera. Por eso, antes de que una nueva crisis se desencadene, es urgente que a través de la organización y la lucha pongamos fin a un sistema en decadencia que solo sobrevive robando la vida a la inmensa mayoría que constituimos la población trabajadora.
Notas:
[1] Perspectivas Económicas de la OCDE, Informe Provisional Septiembre 2024
[2] Las empresas españolas cotizadas ganan 32.099 millones en seis meses
[3] Más ricos que nunca: los contribuyentes que ganan más de 601.000 euros se disparan un 25% en España
[4] Funcas alerta del preocupante comportamiento de la inversión
[5]Informe anual Banco de España 2023
[6] Doce empresas del IBEX lograron al menos 600 millones en ayudas públicas en 2023
[7] Cerca de tres millones de trabajadores viven en situación de pobreza en España
[8] España, entre los países que más poder adquisitivo pierden respecto al precio de los alimentos
[9] El 13 de octubre todas y todos a las calles porque ¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO!
