12 años después ha comenzado el juicio contra 21 activistas detenidos durante la protesta de “Rodea el Congreso” a los que se piden conjuntamente 112 años de cárcel. Nos encontramos ante uno de los más vergonzosos montajes policiales y judiciales de la historia del Estado español. Desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria queremos solidarizarnos con los y las activistas víctimas de esta nueva farsa judicial, y exigir su inmediata absolución, así como denunciar públicamente a los policías y jueces implicados en este montaje y a todos aquellos que pudiendo hacerlo no han movido un dedo por evitar esta escalada represiva.

La masiva protesta del 25S de 2012 contra las políticas de austeridad y los recortes sociales del PP de Rajoy no solo se hizo famosa por la brutal intervención de los antidisturbios, golpeando impunemente a cientos de personas en las calles, dentro de bares y locales, o en la estación de metro de Atocha, sino también por el papel jugado por los infiltrados policiales para reventar una movilización multitudinaria, combativa y pacífica. Fue aquí donde se hizo famosa la frase “Que soy compañero” dicha por un policía infiltrado que acabó golpeado por los mismos energúmenos vestidos de azul.

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El 25S, una movilización multitudinaria, combativa y pacífica contra la salvaje austeridad impuesta por PSOE y PP desató una brutal represión policial con infiltrados policiales que tenían la misión de reventarla. 

A pesar de las numerosas pruebas, especialmente videos, que dan testimonio de la brutal actuación policial y de la intervención provocadora de los infiltrados policiales, la Fiscalía, siguiendo directrices del PSOE, de Marlaska y de Pedro Sánchez, no ha tenido inconveniente en seguir adelante con esta farsa.

Se trata, como dicen con toda razón los acusados, de dar una lección a los que luchamos, y de imponer el miedo de cara a desalentar y criminalizar la protesta. Y no es el PP quien sigue adelante con este procedimiento judicial, sino un Gobierno progresista encabezado por el PSOE pero integrado también por miembros de Sumar, de IU y del PCE. ¡Una auténtica vergüenza! ¡Así como no va a avanzar la ultraderecha y la reacción!

Pero además, el montaje es tan evidente y vergonzoso, que tras numerosas denuncias interpuestas por parte de los acusados sobre maltrato, presuntas torturas y falsedad de las denuncias policiales, y tras haber sido descartadas todas ellas por los tribunales del régimen del 78, finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha terminado condenado al Estado español por no investigar adecuadamente dichas denuncias y no garantizar los derechos de los acusados.

El nivel con que el aparato estatal protege la violencia policial y otorga impunidad a un cuerpo plagado de ultraderechistas, alcanza tal punto que se llegan a reconocer los hechos, gracias a los videos, pero se indica que no es posible identificar a los policías implicados. Pero es que esos mismos policías que dieron rienda suelta a una brutalidad tan evidente no iban identificados ese día.

Este juicio farsa pone en evidencia a este Estado represivo del que ahora nos canta tantas lisonjas y elogios Pedro Sánchez cuando comparece por el crimen social que se ha cometido en Valencia. Un Estado cuya función no es ayudar a los oprimidos y a las familias trabajadoras, sino hacer cumplir la política que asegura los privilegios y beneficios de una minoría.

Tras esta protesta el PP impulsó la llamada Ley Mordaza un instrumento con el que se han puesto cientos de miles de multas, encarcelado a raperos, militantes de la izquierda combativa y sindicalistas de clase, y que ha dado cobertura a todo tipo de tropelías, entre ellas impedir que se pudiera grabar a la policía, e impedir así que hubiera pruebas de sus excesos y violencias.

Una Ley Mordaza que el PSOE y sus socios de Gobierno prometieron derogar, y que no solo no lo han hecho, sino que ha sido aplicada con saña por el ministro Marlaska. Incluso tras el último acuerdo pactado con EH Bildu para su reforma, muchos de sus artículos siguen vigentes para ser utilizados en la tarea de criminalizar y perseguir la protesta social.

El Rodea el Congreso fue una movilización de masas para denunciar la corrupción y putrefacción del régimen del 78, como las Marchas de la Dignidad, las mareas en defensa de la sanidad y la educación públicas, la marcha minera a Madrid, o el masivo levantamiento del pueblo de Catalunya contra el que desplegaron más de 10.000 policías que utilizaron una violencia despreciable para impedir que se votará el 1 de octubre de 2017.

Hoy como ayer sufrimos a este régimen del 78, vemos su auténtica naturaleza en su actitud hacia las víctimas mortales, más de 200, y los miles de familias obreras que lo han perdido todo en Valencia. Las mismas instituciones que nos golpean cuando salimos a las calles y luchamos, estuvieron completamente desaparecidas dejando que la gente se muriera arrastrados por el barro y las riadas, mientras barrios y localidades eran destruidas y completamente abandonadas. La rabia que se vivió en ese Rodea al Congreso contra todas las instituciones del régimen del 78, la hemos vuelto a vivir redoblada en Paiporta y decenas de localidades.

Levantar nuestra indignación y rechazo contra este nuevo montaje policial, señalar a los responsables de este fraude político y continuar la lucha es una obligación. ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Compañeros, compañeras, no estáis solas. Absolución ya!

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