No podría haber sido peor. La comparecencia a petición propia de Mazón en las Corts Valencianes pasará a la historia como uno de los mayores ejemplos de falsedad y fraude jamás vistos en las tribunas de este circo parlamentario. Dos horas de manipulación y mentiras burdas, con el objetivo de escurrir el bulto, eludir responsabilidades y enrocarse en la presidencia de la Generalitat.
Es difícil, muy difícil, imaginar que se pueda tener una cara tan dura y tan poca vergüenza. El escándalo ha sido tal que El País, vocero de un importante sector de la oligarquía, ha sido rotundo en su editorial: “Mazón no puede seguir”. Pero parece que hay fuerzas políticas y económicas que pujan por mantener a este desecho político al frente del Govern. Y es importante analizar las razones de esta operación.
La dirección estatal del PP sabe que utilizar a Mazón como chivo expiatorio sería un reconocimiento de su fracaso y un duro golpe a sus perspectivas electorales. Además, sería visto por millones como un triunfo de la movilización en las calles y eso también incomoda mucho al PSOE. Como es público y notorio, ni los ministros de Pedro Sánchez ni el propio presidente del Gobierno están exigiendo la dimisión de Mazón, y rechazan la convocatoria de elecciones anticipadas en Valencia. No debemos olvidar este hecho.
En estas circunstancias, y sabiendo que el PSOE está en una posición de moderación porque no quiere desestabilizar políticamente nada, Feijóo ha cocido un plan con varias vertientes.
Primero, patada hacia adelante y cargar todas las tintas sobre el Gobierno central y concretamente sobre la ministra Teresa Ribera. Segundo, y tras la multitudinaria manifestación del 9N en Valencia, desviar la atención hacia esta sesión parlamentaria de Mazón obligándole a una remodelación del Consell que incluye la dimisión de sus consejeras más cuestionadas y que han mostrado cero empatía con las víctimas, al mismo tiempo que se anuncia la incorporación al Govern de altos mandos militares en posiciones claves para la reconstrucción.
Los socialistas y el Gobierno central, por su parte, juegan al tacticismo electoral. Conocen de primera mano la rabia explosiva que se extiende en el País Valencià, y optan por desgastar a Mazón y al PP pero siempre dentro de determinados límites. Son muy conscientes de que el desastre es demasiado grande como para no decir nada, pero bajo ningún concepto quieren alentar la protesta social y una movilización que, inevitablemente, también señala al Gobierno central como cómplice necesario en esta tragedia.
Para el Gobierno y el PSPV-PSOE lo mejor sería que Feijóo les entregara en bandeja la cabeza de Manzón y continuar sin mayor contratiempo con su política de “unidad nacional” y legitimación de un Estado que ha sido puesto en entredicho por su actuación vergonzosa ante la catástrofe. Esto sería lo mejor, pero no lo van a tener.
Y mientras tanto, millones nos preguntamos… ¿y ahora qué? Lo primero que tenemos tener en cuenta es que la valiosísima lección que han dejado estas semanas es clara: solo podemos contar con nuestras propias fuerzas, sin esperar órdenes ni instrucciones desde arriba.
Mienten más que hablan mientras la tragedia se amplía
En diferentes medios de comunicación y perfiles de redes sociales hay innumerables líneas recogiendo las declaraciones de Mazón y desmontando fácilmente todas sus falacias. PP, PSOE y patronal tienen una responsabilidad compartida, es evidente, pero Mazón y su Gobierno no deberían permanecer ni un minuto más en sus puestos.
La negligencia con la que han actuado es la consecuencia directa de su programa de gobierno. La primera medida del Ejecutivo valenciano de PP y Vox fue la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE). La Ley que dictó su creación hacía una referencia explícita a la DANA del 2019, que se saldó con cuatro víctimas mortales en Valencia y cuantiosos daños. Lo más sangrante es que la UVE preveía mecanismos para alertar a la población respecto a emergencias sin la autorización directa del president a través del sistema Es-Alert, que estaba operativo y probado desde 2023.
Mazón ha ninguneado la importancia de haber eliminado la UVE. Pero es lógico que para él esto suponga una minucia, cuando es capaz de mentir públicamente hablando de un supuesto “apagón informativo” respecto al estado de las cuencas fluviales, ramblas, barrancos y ríos para no haber enviado antes la alerta. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha demostrado que mandaron más de 60 correos electrónicos advirtiendo de la extrema peligrosidad de la situación y, en concreto, cinco de ellos entre las 16:13h. y 18:43h. del 29 de octubre, alertando de inundaciones inminentes en el barranco del Poio. Un mar de mentiras para eludir las responsabilidades de una catástrofe con un impacto desolador.
La pérdida de las vidas de nuestros vecinos y vecinas, vidas de trabajadores, pensionistas, jóvenes y niños, más de 220 a la hora de escribir esta declaración, son la consecuencia más dolorosa y terrible de este crimen social. Y tras esta tragedia, vienen otras igual de graves y devastadoras que van a marcar las vidas de cientos de miles de vecinos en las zonas afectadas.
Según el portal DATADISTA, las zonas inundadas afectan a más de 130.000 viviendas, repartidas en 75 municipios de Valencia, en donde viven 1,8 millones de personas. A 18 de noviembre, el Consorcio de Compensación de Seguros había registrado solicitudes por daños en 48.003 viviendas, 8.785 comercios y almacenes, 670 oficinas, 2.658 instalaciones industriales y 30 obras civiles.
Y por eso es importante también observar el comportamiento del Gobierno central de PSOE-Sumar ante esta tragedia.
En lugar de colocar los ingentes recursos del Estado para abordar las necesidades excepcionales de la población afectada y garantizar la atención a las víctimas, trazando un plan que incaute los fabulosos recursos en manos de bancos, grandes empresas y multinacionales para llevar acabo la reconstrucción y acelerarla, el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vuelve a abrir una ventana de oportunidades para los mismos oligarcas que enviaron al matadero a sus empleados el día de las riadas.
Más de 1.209 empresas han presentado ERTE en los que están incluidos más de 16.000 trabajadores. Esto significa que mientras los empresarios cobran las indemnizaciones de los seguros y en sus cuentas entran millones de euros en ayudas directas, también se ahorran las nóminas de sus plantillas que obviamente pagará el Ministerio de Yolanda Díaz, pero por bastante menos del 100% de su cuantía.
No olvidemos que si los trabajadores y trabajadoras en ERTE no estamos en el puesto de trabajo es porque estamos en casa limpiando el barro, buscando nuestro coche, recuperándonos tras la DANA, intentando poner orden en nuestras vidas y llorando a nuestros muertos.
Y que nadie dude, además, de que la epidemia de enfermedades mentales, depresión y ansiedad va a ser explosiva entre nosotros. ¿Qué medidas de choque van a adoptar el Gobierno central y la Generalitat para paliarla? Todavía no han dicho nada, pero nos lo podemos imaginar viendo el estado deplorable de la sanidad pública tras años de recortes salvajes.
Es increíble que en medio de esta desolación, los empresarios amigos del PP se estén frotando las manos. Los miles de millones destinados a la reconstrucción serán un maná caído del cielo para especular y llenarse los bolsillos.
STV Gestión SL, la exempresa de la mano derecha del president, José Manuel Cuenca, se ha llevado un contrato a dedo por valor de 290.000 euros, sin ningún tipo de oferta pública. Otro contrato de construcción ha sido regalado a Becsa, empresa vinculada a la trama Gürtel del PP, por valor de 3,9 millones de euros. Y esto no ha hecho más que empezar.
Con estos parámetros es imposible pensar que los políticos del PP y del PSOE, baluartes de un régimen que ha dejado claro su olímpico desprecio hacia nuestro sufrimiento, vayan a salir de rositas. La furia y la ira popular volverá a emerger con fuerza, poniéndolos en la picota.
PP, PSOE y todo este maldito sistema son responsables
Mazón es el culpable, pero aquí todos son responsables. El boom inmobiliario llenó los litorales y las zonas inundables de viviendas para las familias trabajadoras a las que luego se las ha asfixiado con intereses e hipotecas basura. Solo hay que ver la demografía de la zona cero: familias obreras, rentas bajas y mucha migración; es el cinturón sur del área metropolitana de Valencia, donde vivimos 200.000 personas.
Conscientemente nos han puesto a vivir en zona de riesgo[1] mientras la vivienda segura y de calidad en la ciudad y alrededores está destinada a la especulación salvaje y al turismo. Las víctimas pasadas, presentes y futuras son nuestras familias por decisiones políticas tomadas desde los despachos del PP, que ha gobernado Valencia 21 de los últimos 29 años, y también por los Gobiernos centrales del PSOE y sus socios, porque no han hecho nada por acabar con este modelo de especulación criminal.
El PSPV, que gobernó también en el País Valencià entre 2015 y 2023, miró hacia otro lado y no corrigió ninguno de estos desmanes. Su legislatura fue una continuidad de la política de austeridad del PP. Así opera también el Gobierno central. Lejos de intervenir el mercado inmobiliario para garantizar un parque de vivienda pública con alquileres asequibles, gobiernan en favor de los caseros rentistas, los bancos y los fondos buitres, permitiendo miles de desahucios al año.
Es imprescindible mencionar también la perspectiva climática en el litoral mediterráneo. El imparable calentamiento del mar tendrá como consecuencia la explosividad y recurrencia de estos fenómenos, cada vez más parecidos a tormentas tropicales como las del mar Caribe. No olvidemos el desastre en Libia en 2023 con 2.000 víctimas mortales o las inundaciones en Grecia ese mismo año.
Desde esta perspectiva de continuidad de fenómenos climáticos extremos, la alternativa capitalista es la salida individual, el sálvese quien pueda y ningún tipo de planificación. Un desastre asegurado para garantizar los beneficios insultantes de una minoría con muchísimo poder.
Combatir la unidad nacional y hacer caer a Mazón
Como hemos explicado, ahora mismo la táctica del PP y PSOE se basa en mantener la estabilidad. Tras el estallido de rabia en Paiporta contra la comitiva de Felipe VI, Sánchez y Mazón, y la manifestación monstruo del 9N, los de arriba han visto el peligro y han cerrado filas.
Sin despeinarse, Diana Morant, ministra de Ciencia y máxima dirigente socialista de Valencia, ha ofrecido al PP sus votos para garantizar un Gobierno estable de la derecha con la única condición de forzar la salida de Mazón y que se nombre un Gobierno técnico.
En la misma línea, CCOO y UGT convocaron un paro patronal de 10 minutos junto a la CEOE el pasado 8 de noviembre. Forma parte de la misma estrategia de encubrir a los responsables de este crimen y fomentar la unidad nacional.
Pero con esta política, los hechos cantan: Mazón sigue en la poltrona y al mando. Su reforma del Consell ha consistido en incluir a dos generales de la reserva en el Gobierno, mandando un mensaje claro: no solo nosotros dirigimos esto, sino también militares preparados con un perfil técnico (¿no era esto lo que pedía Morant?). Pero esto es una gran falacia. Son militares reaccionarios al servicio de políticas igual de reaccionarias y que pretenden meter el “ordeno y mando” en una reconstrucción que no estará al servicio del pueblo. Tenemos que señalar también que es un precedente muy peligroso: militares haciendo política, interviniendo para imponer su orden en el caos. Ya sabemos lo que esta militarización de la administración significa. Tenemos una larga experiencia.
La auténtica solución a este desastre no es una utopía. Requiere de un programa claro y un plan de lucha para conseguirlo, siguiendo el ejemplo de autoorganización, creatividad e iniciativa de los miles de voluntarios y la combatividad de la manifestación del 9N y el motín de Paiporta.
Los y las comunistas revolucionarios hemos presentado nuestra propuesta para la reconstrucción:
• Revertir todos los recortes y privatizaciones en los servicios públicos y realizar inversiones masivas para fortalecerlos, garantizando condiciones laborales dignas.
• Suspensión inmediata de actividad económica y productiva no esencial en las zonas afectadas garantizando permisos retribuidos. Toda la fuerza de la clase trabajadora debe estar dirigida y organizada para garantizar la búsqueda y recuperación de las personas desaparecidas, la limpieza de pueblos y barrios, y la reconstrucción.
• Coordinación, desde abajo y democráticamente, de estas tareas de reconstrucción y potestad de los comités de trabajadores para expropiar los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
• Los seguros, que son propiedad de la gran banca, deben ser obligados por un decreto de emergencia a cubrir el 100% de los daños materiales de todas las pólizas afectadas. Las familias afectadas que no tengan seguro deben estar cubiertas por el Estado que debe garantizar todas sus perdidas.
• Expropiación y nacionalización inmediata de todos los sectores estratégicos, alimentación, vivienda, energía, transporte, etc., para dedicar todos esos recursos a la reconstrucción y garantizar condiciones de vida dignas a todas y todos los afectados. ¡Ni un solo euro de dinero público a las empresas para que hagan negocio con la reconstrucción!
• Suspensión de alquileres e hipotecas, expropiación de pisos de la banca, fondos de inversión y caseros rentistas para garantizar vivienda digna a todas las familias afectadas.
• Sanciones ejemplares a empresas y empresarios que evitaron que sus trabajadores pudieran marcharse a casa a pesar de los avisos de AEMET.
• Dimisión de Mazón y de su Gobierno por su negativa a alertar a la población. Juicio y castigo ejemplar a todos responsables de esta masacre.
Aplicar un programa así es la única salida que tiene nuestra clase ante la barbarie a la que nos aboca este sistema y sus administradores. Y para poder conseguirlo tenemos que mantenernos en las calles, organizados y movilizados.
Este 30 de noviembre se ha convocado una nueva manifestación para exigir la dimisión de Mazón. Es necesario que constituyamos comités en los centros de estudio, de trabajo, barrios y localidades para convocar de forma militante esta jornada, pegando miles de carteles, distribuyendo hojas e informando a toda la población.
Esta manifestación tiene que ser la continuación del movimiento iniciado el 9N y cuyo paso siguiente tiene que ser la convocatoria de una huelga general en Valencia y paralizar toda la vida social y económica exigiendo que Mazón y su Gobierno se marchen ya, que no pueden permanecer más tiempo mintiendo y riéndose de las víctimas.
Este es el camino, el único camino realista, para conseguir justicia y una reconstrucción al servicio del pueblo. Lo podemos hacer, lo debemos hacer.
Únete a Izquierda Revolucionaria y vamos a por ello.
Nota:
[1] En el Estado español, 3 millones de personas viven en zonas inundables.
