El tablero político está patas arriba. Desde abajo, gracias al trabajo de miles de activistas organizados en sindicatos de inquilinas, sindicatos de vivienda y colectivos militantes, las manifestaciones multitudinarias contra los caseros rentistas y la especulación inmobiliaria han llenado las calles de todos los territorios.
La lucha por una vivienda digna señala directamente al Gobierno del PSOE y a las comunidades autónomas dirigidas por el PP, que con sus políticas nefastas llenan los bolsillos de los grandes especuladores a costa de nuestro empobrecimiento. Madrid y Barcelona han sido la punta de lanza, con manifestaciones monstruo en las que han participado cientos de miles, pero lo mismo ha sucedido en Málaga, Sevilla, Valencia y otras capitales desbordadas por la indignación y la furia contra este robo a mano armada.
Este es el epicentro de un nuevo ascenso de la lucha de clases, que puede convertirse en el movimiento de desobediencia civil más grande de las últimas décadas.
La realidad es concreta: el derecho a la vivienda no existe, se ha transformado en un negocio fabuloso en manos de rentistas profesionales, bancos, inmobiliarias y empresas como Airbnb, mientras los poderes políticos los protegen con una legislación que solo vela por sus intereses, y que se blinda con miles de desahucios ejecutados por la policía en colaboración abierta con las bandas fascistas de Desokupa.
Por eso la situación ha llegado a un punto límite. Ya no se puede engañar a la gente con el argumento de que esto es un problema de la derecha, de Ayuso y el PP. Por supuesto, ellos son muy responsables de alimentar la especulación y la privatización de los servicios y los espacios públicos, pero el Gobierno central del PSOE y Sumar sigue la misma estela, propiciando que el mercado inmobiliario sea una fuente de lucro excepcional, mientras la vivienda pública, digna y asequible simplemente no existe.
En la manifestación de Barcelona esta indignación con el PSOE se mostró con la mayor energía. Con un Ayuntamiento y un Gobierno autonómico en manos del PSC, las medidas de limitación de alquileres aprobadas son una auténtica burla: sin inspecciones y sin sanciones, los caseros se las saltan alegremente o directamente se pasan al alquiler de temporada, una modalidad que el PSOE se ha negado sistemáticamente a frenar.
Como en el caso de la catástrofe que sufre el pueblo valenciano, la responsabilidad política del PSOE y del PP es manifiesta. Ambos partidos son pilares de este modelo especulativo que nos roba el derecho a la vivienda.
El rentismo inmobiliario pisa el acelerador
El pasado 30 de octubre se celebró en Madrid el Rental Housing Forum, un evento que reúne a los mayores inversores en el sector del alquiler en el Estado español. Este grupo de parásitos se regocijó con las grandes perspectivas que les abre nuestro país[1], en el que ven un potencial de inversión de 380.000 millones de euros, ¡algo más del 24% del PIB español!
Esta inmensa movilización de capital generará beneficios astronómicos y un trasvase de rentas del bolsillo de la clase obrera al de los especuladores aún mayor. Una inversión que además no se destina a nueva construcción allí donde se necesita, sino a la compra de vivienda de segunda mano.
Las cifras son reveladoras. En septiembre de este año la adquisición de vivienda usada creció un 41,5% respecto al año anterior y en octubre se formalizaron 51.952 compraventas. Lo más relevante de este dato es que solo se establecieron 22.625 préstamos hipotecarios, es decir, que bastante más de la mitad se pagó al contado, porque quienes las compran son empresarios especuladores o rentistas que disponen de fuertes sumas de dinero líquido, robadas de los salarios de sus inquilinos.
La consecuencia inmediata de esta ola especulativa que crece sin límites es la subida exponencial de los alquileres, que en los últimos cinco años han superado en numerosas capitales más del 40%.
Unificar las movilizaciones preparando la huelga de alquileres
Las manifestaciones masivas han acelerado las condiciones para un gran levantamiento social que acabe con el rentismo. En todas las ciudades se reivindica lo mismo: rebaja drástica de los alquileres como mínimo en un 50%, contratos de alquiler indefinidos, prioridad absoluta de las necesidades de vivienda sobre el alquiler turístico, creación de un parque de dos millones de viviendas públicas con alquileres que no superen el 20% del SMI, expropiación de las viviendas en manos de bancos, fondos buitres y caseros rentistas…
Reivindicaciones que ponen al descubierto que la vivienda se ha convertido en una causa de opresión y saqueo social inaceptable, reflejando la podredumbre del sistema capitalista. Y si este programa es fundamental, también se necesitan tácticas acertadas para lograr triunfos.
No tiene ningún sentido que el movimiento por la vivienda no se unifique. Existen motivos y razones más que obvias para golpear todos juntos al mismo tiempo. No hay ninguna razón, salvo una concepción estrecha y burocrática, para no dar continuidad a la manifestación masiva de Madrid del 13 de octubre, y haber confluido unitariamente con la movilización multitudinaria de Barcelona el 23 de noviembre. Es una reflexión importante que debemos hacer las organizaciones implicadas en esta batalla.
Un movimiento de masas de esta envergadura no se puede dirigir como si fuera un grifo, abriéndolo y cerrándolo según convenga a un pequeño círculo de “dirigentes”. Es necesario aprovechar las enormes oportunidades que se han abierto para fortalecer la lucha ampliando la participación popular en miles de asambleas, organizando miles de comités prohuelga de inquilinas.
Este debe ser el objetivo prioritario. El Gobierno, el PP y los rentistas lo saben y lo temen. Si la huelga se materializa en el primer trimestre de 2025 y se logra la participación de miles de inquilinos, la presión será formidable. Es imposible desahuciar a cinco mil, diez mil o veinte mil personas. Los juzgados colapsarían. Como en otros movimientos de desobediencia civil la huelga encontraría un apoyo popular masivo y acompañada de movilizaciones multitudinarias se convertiría en un aldabonazo que ni este Gobierno ni los de las CCAA podrán resistir.
Es el momento de la audacia, de la organización y de golpear con más fuerza. Podemos lograr una victoria sonada que abra el camino a otras muchas.
Nota:
[1] El sector del alquiler en España tiene un potencial de inversión de 380.000 millones de euros
