Recientemente se filtraban unas grabaciones del CEO de la multinacional de la sanidad privada Ribera Salud, Pablo Gallart, en relación a su gestión del hospital universitario público de Torrejón (Madrid) sacando a la luz que —para sorpresa de nadie— el modelo asistencial privado-concertado representa un negocio carroñero que obtiene enormes beneficios a costa de jugar con nuestra salud.
Bonus por alargar las listas de espera
En estas grabaciones se incitaba a los jefes de servicio a ser “imaginativos” para alcanzar los objetivos anuales de 4 o 5 millones de euros. Para ello, este personaje miserable, ordenó alargar las listas de espera de los pacientes del área de referencia del hospital y jugar con los triajes,[1] estableciendo el nivel de gravedad teniendo en cuenta la rentabilidad del paciente.
La lógica es la siguiente: existe una relación directa entre la “cuenta de resultados” y la “elasticidad” de la lista de espera. En otras palabras, se factura más cuanto más se posponen determinadas intervenciones quirúrgicas. En su desfachatez sin límites, Gallart incluso reivindicó que si en el pasado pudieron reducir la lista de espera contratando personal ahora tocaba hacer el camino inverso.
Todo esto forma parte del modelo privatizador y de “libre elección” del PP madrileño, que ofrece un bonus por los pacientes que proceden de fuera del área de referencia de los hospitales.[2] Esta dinámica inaugurada por el PP de Esperanza Aguirre en 2010, y potenciada desde entonces, ha conducido a que la población de Torrejón soporte plazos de espera de hasta 100 y 120 días para una operación. Pero también afecta a otro tipo de patologías. Por ejemplo, a los usuarios de diálisis de Torrejón y sus alrededores, tal y como ha publicado El País, les está vetado el tratamiento, llegando al extremo de presionar al personal sanitario cuando esta directiva se incumple.
Explotación salvaje de la mano de obra sanitaria
Los trabajadores de este hospital, inaugurado por Esperanza Aguirre en 2011, llevan tiempo denunciando, a través de sus sindicatos, qué implica la gestión concertada. El año pasado 260 denunciaron su situación en un manifiesto. Debido a las malas condiciones laborales, los especialistas sanitarios huyen, por lo que constantemente se enfrenta a la renovación de un personal sin experiencia. El caso llegó a un límite crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos, que se quedó sin especialistas, teniendo que redistribuir a los pacientes en otros hospitales de la comunidad. De hecho, el déficit de residentes parece ser generalizado también en otras áreas. Esto lleva a que los pocos disponibles tengan que supervisar una cantidad desbordante de pacientes con una plantilla de sanitarios no especialistas.
La situación ha llegado a tal extremo que la tensión se ha transmitido al personal directivo de la propia estructura. El 22 de octubre, Pilar Navarro, la entonces gerente del hospital, cursó una denuncia interna señalando que la política del hospital incurría en mala praxis asistencial y vulneración de los derechos del paciente. Dos días después, fue despedida. Y el 26 de ese mismo mes el director médico, la directora de enfermería y el director de calidad hicieron otra denuncia adicional por los canales internos del grupo. Al día siguiente, los tres fueron despedidos. ¡Esta es la verdadera eficiencia del sector privado!
¡Derogación ya de la Ley 15/1997! El PP, el PSOE y la sanidad privada ponen en riesgo nuestra vida
Pero esta filtración no es un caso aislado protagonizado por un personaje perverso. Es la apuesta estratégica del PP para la sanidad. El principal beneficiario en la Comunidad de Madrid (CAM) de este modelo ha sido el Grupo Quirón que durante el ejercicio 2021/24 facturó de la comunidad cerca de 5.000 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado, y donde el empresario y defraudador fiscal confeso González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, continúa operando con identidad falsa.
Desde la pandemia hemos asistido a una subida extraordinaria de la cesta de la compra, y el acceso a la vivienda se ha hecho imposible para millones. Y cuando esto ocurre, los grandes capitalistas han encontrado una nueva vía de negocio a costa de nuestra salud. ¿Cuánto pagarías por aliviar el sufrimiento de un ser querido? Desde esta perspectiva, el negocio sanitario es una veta muy golosa de la que aún queda mucho por explotar. Este modelo es una realidad en muchos países, particularmente en Estados Unidos, y fondos de inversiones de todo el mundo están haciendo una gran apuesta en el Estado español por los fabulosos beneficios que obtenien ya y lo que pueden conseguir gracias a los dos partidos gobernantes: el PP y el PSOE.
Y para que esto sea posible es necesario degradar la sanidad pública y recortarla hasta el tuétano.
Para ello la estrategia de la CAM ha sido integrar los hospitales privados en la red pública con el pretexto de la “libertad de elección”. Luego, esos hospitales públicos se asfixian por los recortes, con plantillas desbordadas, larguísimas listas de espera y recursos topados para impedir una dotación adecuada. En paralelo, los hospitales privados saquean los presupuestos públicos con múltiples mecanismos legales que les permiten sobrepasar las cantidades inicialmente “previstas”. En otras palabras, una estrategia completamente planificada de austeridad para lo público y barra libre para lo privado.
Y la realidad es que el Gobierno del PSOE-Sumar no ha sido un dique de contención contra esta política del PP, ni en Madrid ni en ninguna otra comunidad del Estado. Incluso donde gobierna el PSOE la degradación de la sanidad pública es patente. Por ejemplo, en Catalunya donde la Generalitat está en manos del PSC, el grupo Quirón obtiene también miles de millones de euros de la administración pública. Está es la penosa realidad que desnuda la demagogia del PSOE a favor de lo “público”.
Y, por supuesto, la huelga estatal que están protagonizando los médicos para denunciar las guardias de 24 horas y la falta de especialistas, reclamando un estatuto propio, es una condena sin paliativos de la política sanitaria del Gobierno central.
Es más, debemos recordar que el PSOE ha sido un cómplice necesario de esta gestión mafiosa y criminal de la sanidad pública desde el principio, cuando fue aprobada la Ley 15/1997. Esta ley abrió la veda a la privatización del sistema público de sanidad mediante fórmulas de concertación que hoy están generalizadas, y aunque fue diseñada por el Gobierno del PP de José María Aznar, el respaldo del PSOE, cuyo voto fue crucial y necesario, permitió que este modelo viera la luz.
La tibieza de Mónica García, ministra de Sanidad y miembro de Sumar ante este estado de cosas es especialmente irritante. A esta señora ni se le pasa por la cabeza prohibir este modelo. Quien debería ser una defensora intransigente de la sanidad pública, simplemente y para tratar de lavarse la cara ante el escándalo se ha apresurado a anunciar medidas para “limitar” la colaboración público-privada.
Es una tomadura de pelo inaceptable. Ahora que la indignación por los audios filtrados es máxima, ¿por qué se resisten a derogar la Ley 15/1997? ¿Por qué no declaran abiertamente que ningún euro público irá a los grandes monopolios sanitarios y fondis de inversión?
La respuesta es evidente. Ni el PSOE ni Sumar están dispuestos a enfrentarse con estos poderes económicos, porque no cuestionan las reglas del juego del capitalismo y de la acumulación privada. Si realmente quisieran servir al pueblo declararían la guerra a un modelo mercantilista que pone nuestra vida en riesgo, nacionalizando la sanidad privada para refuerzo de una red sanitaria 100% pública. Obviamente, esto no ocurrirá jamás, como reconoce la propia ministra: “la colaboración público-privada, como matrimonio, no es ni buena ni mala, depende de como se materialice”.
Los comunistas revolucionarios estamos radicalmente en contra de esta visión. El problema que no quieren ver esta izquierda que se acomoda en los despachos ministeriales es que la coexistencia pacífica de ambos modelos no es posible. La razón es sencilla: nadie pagaría por la sanidad privada si lo que tiene en frente es un sistema público de calidad, eficiente y gratuito.
Está en juego un negocio multimillonario, y el lobby privado —mediante sus políticos a sueldo— mueve sus fichas para degradar lo que debería ser considerado un derecho universal y monopolio público. Solo así se entiende por qué el PSOE también ha sido cómplice y promotor de este modelo, que ha dado como resultado que en el Estado español uno de cada tres hospitales en el sistema público esté en manos de empresas privadas. Esta complicidad con el sistema capitalista inevitablemente convierte a la izquierda institucional en actor impotente que, poco a poco, van dilapidando su credibilidad, y abriendo paso a la derecha.
¡Por una huelga general en la Comunidad de Madrid!
Si la estrategia privatizadora del PP no ha ido todavía más lejos en la CAM ha sido exclusivamente gracias a la resistencia feroz de los trabajadores sanitarios y los pacientes. Debemos recordar el intento de privatizar seis hospitales públicos entre 2012 y 2014 por parte de Ignacio González y Fernández-Lasquetty, los entonces presidente y consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid respectivamente. Esta intentona fue frustrada por unas jornadas históricas de huelga junto con la ocupación de los centros sanitarios.
Otro ejemplo formidable de resistencia fue la huelga indefinida de médicos y pediatras de atención primaria que se extendió desde finales de 2022 a principios de 2023. Un nuevo episodio en el que el PP tuvo que dar su brazo a torcer con un acuerdo que, entre otras mejoras, incluía un incremento salarial de 450 euros brutos y una reducción importante del número de pacientes al día.
Estos ejemplos marcan el camino, y nos llenan de fuerza y confianza para sostener la única vía que puede acabar con el Gobierno de pesadilla de Isabel Díaz Ayuso: la huelga general. Las condiciones existen. Sufrimos un transporte público infernal, la educación y la sanidad públicas están siendo destruidas, los servicios sociales brillan por su ausencia, los precios de la vivienda en la región son insostenibles, la precariedad es una epidemia... Tenemos mucho que ganar y fuerza para ello, pero no podemos esperar a que nos lo regale ningún Parlamento, solo nuestra organización y presión mediante la acción consciente puede conseguirlo.
Notas:
[1]Clasificación de los pacientes según el tipo y gravedad de su dolencia, para establecer el orden y el lugar en que deben ser atendidos.
[2] Extrabajadora del Hospital de Torrejón: “Nos decían que teníamos cinco minutos para atender a un paciente”
