El pasado 26 de marzo concluiría el proceso de eutanasia para Noelia Castillo después de pasar por todo un calvario para ejercer su legítimo derecho. Esta joven, víctima de abandono institucional y violencia sexual ha tenido que enfrentarse al boicot activo de Abogados Cristianos para poder morir en paz.

Este lobby de fascistas vinculado a Vox calla ante la violencia cotidiana que vemos continuamente. Frente al hambre infantil, la violencia machista o racista, la precariedad y el drama de la vivienda, estos canallas no tienen nada que decir. No son pro vida. Son una herramienta del facherío para difundir su moral podrida y degenerada. Este es el único motivo por el que han volcado sus esfuerzos en alargar la tortura de esta joven sin importarles su sufrimiento, ni mucho menos su criterio.

No entraremos en los detalles de este caso. Ya lo han hecho sin ningún tipo de escrúpulos ni límites la mayoría de medios de comunicación de masas. Vendiendo el morbo, descontextualizando la situación e introduciendo bulos, la prensa capitalista ha hecho estas semanas gala de su ausencia total de principios más allá de la búsqueda de la audiencia. El espectáculo ha sido denigrante.

Como no podía ser de otra manera, la derecha política ha aprovechado el revuelo para atacar a la sanidad pública y difundir su demagogia más burda. El ridículo ha llegado hasta el punto de que diferentes agitadores ultras están acusando a la Generalitat de encubrir una trama de tráfico de órganos y, como no, esparcir su veneno racista, vinculando la inmigración con la situación que vivía esta joven. Hasta el propio campeón del facherío mundial, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Estado y a la Embajada en Madrid investigar este proceso. ¡Los mayores criminales del siglo XXI nos están dando lecciones de moral! Es de chiste.

No son pro vida, son reaccionarios que prolongan el sufrimiento de personas vulnerables

Tenemos que explicar que no se trata de un caso aislado. Para ejercer la eutanasia es necesario pasar por un durísimo procedimiento de evaluaciones, autorizaciones y exámenes. Nada de este proceso está pensado para aliviar el sufrimiento de los pacientes que optan por este camino o facilitar un trámite es extremadamente singular y complejo. Al contrario, se trata de imposiciones jurídicas cuyo fondo es evitar el libre ejercicio de los derechos que una persona debe tener sobre su vida. La prueba de que esto es así por pura moralina institucional podrida mediatizada por los más hipócritas y retrógrados preceptos impuestos por la Iglesia y no por criterios científicos es que la Comisión de Evaluación Previa autonómica, nombrada a dedo, puede paralizar este proceso a pesar de haber sido aprobado por una junta de médicos.

Estamos hablando de que tal como explicamos en nuestro posicionamiento respecto a la aprobación de Ley de Eutanasia^[1] una vez que la junta médica da el visto bueno a un caso en concreto, han de pasar, como mínimo, 40 días de sufrimiento insoportable para que, si a la Comisión de Evaluación le da la gana, se pueda finalizar el proceso. Todo esto si no hay una secta cristiana o lobby fascista que se interponga.

La Ley de Eutanasia ha sido un paso adelante, pero es insuficiente. En lugar de proteger a un paciente vulnerable, se mantienen todas las facilidades para que sea víctima de la hipocresía de la ultraderecha. Solo en 2024, año en el que Noelia inició su procedimiento, fallecieron 300 personas esperando la aprobación de la eutanasia.

Defender el derecho a la vida y la muerte digna es defender los servicios públicos

En política nada es casualidad. No lo es tampoco que Noelia Castillo haya sido víctima de abandono y desprotección tanto a nivel familiar como por parte de los servicios sociales, que han sido duramente esquilmados y privatizados. No hay que ser un genio para ver cómo la degradación de la salud mental en la pública, la educación, los servicios de atención a la dependencia, etc., van de la mano con el sufrimiento extremo de la clase trabajadora, que no puede permitirse tratamientos o servicios en centros privados.

Según ha ido avanzando la crisis capitalista durante los últimos años, y los recortes que todos los Gobiernos han ido aplicando, se ha disparado la tasa de suicidios. En el Estado español hablamos de un máximo histórico alcanzado en 2024, que no baja realmente. Son más de 11 suicidios diarios. Cifras que han aumentado especialmente en jóvenes menores de 30 años, convirtiéndose en la primera causa de muerte absoluta en el rango de 15 a 29 años.

Pero a Abogados Cristianos, PP y Vox todo esto les da igual. Solo les interesa el dolor cuando pueden sacar partido para materializar su demagogia de ultraderecha. Miran a otro lado porque abordar seriamente esta lacra social significa señalar directamente a sus patrones. A los grandes empresarios y especuladores que se hacen de oro con el negocio de la privatización de lo público, con la vivienda y con la precariedad laboral. Es evidente, el problema social no es la decisión que toma una joven sobre su vida y sobre su cuerpo, sino un sistema que solo ofrece violencia, angustia y sufrimiento para la gran mayoría de la sociedad.

Desde Izquierda Revolucionaria defendemos el derecho de todas y todos a decidir sobre su cuerpo, su vida y su integridad, incluyendo el derecho a la muerte digna, y el suicidio asistido como servicio público y accesible para aquellas personas que toman la decisión de acabar con su vida y con ello, el sufrimiento que lleva para sí mismas y para los suyos. De la misma manera, exigimos un servicio de asistencia para que la familia y los seres queridos de aquellas personas que hayan tomado dicha decisión puedan continuar plenamente con sus vidas tras la pérdida.

Solo con unos servicios públicos completos y de calidad podremos asegurar una vida digna de ser vivida, para todos y todas, desde su principio hasta su final.

Hoy más que nunca hay que luchar en las calles y levantar un movimiento por una sanidad pública gratuita y de calidad, un movimiento de clase y anticapitalista, que luche por la dignidad de la vida de toda la humanidad.

^[1] Aprobada la Ley de Eutanasia, un paso adelante pero insuficiente