El Tribunal Supremo (TS), en un nuevo giro autoritario, ha decidido suspender cautelarmente el derecho a voto, por el momento, de 571.761 personas. De acuerdo con esta decisión, que no cuestiona la concesión de la nacionalidad, 333.696 personas inscritas y 238.065 pendientes de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) perderán por el momento sus derechos electorales. Repetimos, ¡personas que ya poseen la nacionalidad española!
Como se está planteando por expertos jurídicos, esta decisión, que se hace eco de las teorías conspirativas de la ultraderecha, de Vox y del PP, sobre un supuesto pucherazo electoral —en la misma línea que vimos con Trump en EEUU, y que animó a sus hordas a asaltar el Congreso en un auténtico intento de golpe de Estado—, supone plantear la existencia de dos categorías de “ciudadanos españoles”, unos que podrán votar y otros que no. Un grave precedente que pone en cuestión uno de los supuestos pilares de la democracia burguesa, el derecho igualitario al voto de todos los españoles, y supone la entrada en acción en la arena electoral del Tribunal Supremo y del Poder judicial.
Como ya viene ocurriendo desde hace años, y especialmente desde la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez, sobre todo a partir de la inesperada derrota de la reacción en 2023, el Poder Judicial se ha convertido con descaro y a cara descubierta —antes también lo hacía, aunque con más disimulo— en un actor político central al servicio de la reacción, del PP y de Vox.
El propio ponente de esta sentencia, Antonio Narváez, es un reconocido ultraderechista que advirtió sobre los peligrosos pactos del PSOE con los “filoetarras” de Bildu, cuestionó la limpieza del proceso electoral haciéndose eco de las teorías conspirativas respecto a la empresa Indra —que interviene en la recopilación de datos en dichos procesos—, calificó el procés como “un golpe de Estado encubierto” mucho más grave que el 23F —declaraciones que le obligaron a inhibirse en el procedimiento que juzgó a los líderes independentistas— y planteó públicamente en una reunión de fiscales con Feijóo su deseo de que el PP llegara a La Moncloa para desmantelar todas las leyes del Gobierno de Sánchez. Una auténtica joya de la independencia judicial y la separación de poderes.
La sentencia del TS pone en cuestión la “ley de nietos” de 2022, que es parte de la legislación sobre la memoria democrática, y que cumple con un objetivo de reparación para los cientos de miles de exiliados a consecuencia de la sangrienta dictadura y represión de régimen fascista de Franco. Exiliados no solo por motivos políticos, sino también económicos, ya fuera porque estaban señalados por el franquismo y no podían encontrar trabajo y subsistir, o bien porque tuvieran que huir ante la hambruna y la miseria que extendió entre la clase obrera este régimen atroz.
Pero una cuestión importante es que el TS no cuestiona siquiera la justicia histórica de que dichas personas puedan obtener la nacionalidad, sino el derecho a votar consustancial a la misma.
La sentencia se ha adoptado con el voto particular en contra de solo una magistrada de seis, lo que indica qué es el poder judicial y a quién sirve, señalando que existe “un peligro fundado, real y serio” de que un “incremento extraordinario” del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) altere “el resultado deseado por los españoles”.
Es decir, se concede la nacionalidad a más de medio millón de personas, pero el Tribunal Supremo —en un ejercicio de esoterismo y adivinación— considera que, probablemente inoculadas por el famoso gen rojo del fascista Vallejo Nájera, van a votar en un sentido no “deseado por los españoles”; es decir, van a votar a las izquierdas, a los socialistas, a los comunistas. Realmente, si el TS fuera honesto, tendría que haber señalado lo que piensa realmente: que esos “españolitos de medio pelo”, nietos de exiliados y represaliados, puede que voten en un sentido que no desean los magistrados del Supremo.
Una sentencia que apela a evitar el fraude electoral se convierte justamente en eso, en una sentencia para promover, si fuera necesario, un pucherazo electoral. En este sentido, aunque nos encontremos ante una suspensión cautelar, hay que recordar que con los plazos que existen en nuestro sistema judicial, especialmente cuando se trata de asuntos que interesan a la reacción, esta decisión podría estar vigente tanto para las elecciones generales como para las autonómicas y municipales. No dan puntada sin hilo.
Este nuevo paso dado por el Tribunal Supremo es otro jalón en una deriva cada vez más bonapartista y autoritaria por parte del Estado, en línea con los postulados de Vox y del PP. El propio Vox no ha dejado de cuestionar desde hace tiempo el voto por correo, en línea con lo que estamos viendo por parte de Trump en EEUU. Pero cuidado, no son locuras por parte de nostálgicos ultras, sino medidas muy reales que buscan acabar progresivamente con nuestros derechos democráticos, e imponer, cuando sientan que pueden, regímenes autoritarios. La misma dinámica que vimos durante los años 20 y 30 con el ascenso del fascismo, y que sería un error considerar algo del pasado.
También es importante destacar que esta es la consecuencia inevitable de alimentar, como ha hecho del PSOE durante décadas, un aparato judicial plagado de reaccionarios y fascista; de una Transición donde se dejó en su sitio a todos los jueces, fiscales y policías del régimen franquista; de un planteamiento de una justicia corporativa y elitista dominada generación tras generación por las mismas familias.
La ofensiva del Poder Judicial en todos los frentes contra el Gobierno es evidente, como vemos también con los acontecimientos en Ceuta y la supuesta investigación de la Audiencia Nacional al respecto. Pero el Gobierno calla, o se queja con la boca pequeña, para terminar señalando que respetan la “independencia judicial” y “la labor de los magistrados”.
Los derechos democráticos conquistados son un subproducto de la lucha revolucionaria. Los propios derechos electorales, el derecho al voto, así lo fue. No solo frente a regímenes dictatoriales, sino dentro de la democracia burguesa, cuando este derecho estaba restringido a principios del siglo XX por la propiedad privada, el llamado voto censitario.
Hoy, ante el ascenso de la ultraderecha neofascista y la deriva autoritaria de los Estados, la lucha por el derecho al voto volverá a situarse cada vez más en la palestra, frente a esta decisión del Supremo, pero también respecto a todas las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español, que pagan impuestos, pero que son privados de su derecho a decidir.
