El 26 de septiembre de 2026 ha marcado un punto de inflexión. Cientos de miles de personas abarrotamos Madrid en una manifestación histórica por el derecho a una vivienda digna, pública y universal, convocada tras la indignación que provocó el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada por un fondo buitre del que fue su hogar los últimos 70 años.

Pero fue mucho más que una manifestación. Ha sido la espita de una explosión social que señala directamente a este sistema depredador, al robo a mano armada que perpetran los caseros, los bancos y los fondos buitre, y que señala directamente a los dos principales partidos del régimen del 78, al PP y al PSOE.

Que la movilización multitudinaria concluyera con una acampada masiva en Sol emulando el 15M lo dice todo. Al final de la legislatura del Gobierno de coalición “progresista” su base social se levanta con furia y le señala directamente: ¿Para qué sirve un Gobierno de “izquierda” incapaz de frenar los 55 desahucios diarios que se producen en el país y que permite este trasvase obsceno de riqueza de las clases trabajadoras a los bolsillos de los rentistas?

Años de rabia y profundo malestar por los abusos de los caseros rentistas y ante la práctica imposibilidad de acceso a una vivienda digna ya se habían expresado hace meses en grandes manifestaciones, pero ahora han estallado con una fuerza redoblada. Y lo ha hecho en el Madrid de Ayuso, en el que se supone feudo de esta presidenta ladrona y corrupta que se compró un ático por 6 millones de euros, y que se ríe de Maricarmen y de todos nosotros jactándose de su clasismo de extrema derecha.

Esta movilización arroja muchas lecciones y conclusiones. El verdadero ambiente que existe hoy entre los trabajadores y la juventud se ha expresado con toda su potencia. La disposición a luchar por las causas que merecen la pena es lo que realmente impera. Es lucha de clases en estado puro, desbordando a las burocracias de los partidos de la izquierda asimilados al sistema y a los sindicatos que practican la paz social.

La juventud ha protagonizado esta explosión, esa misma juventud que nos dicen a cada rato que es facha. Toma baño de realidad. Una juventud obviamente que está harta de discursos y palabrería vacía, como la que practica este Gobierno del PSOE-Sumar, de esta retórica de la nada que asfalta el camino a la reacción.

Una juventud, junto a sectores de nuestra clase, que con su acción se ha desquitado de semanas de orgía fascista y españolista, donde el odio racista contra nuestros hermanos y hermanas migrantes, los pogromos y cacerías violentas ha sido lo dominante con el consentimiento y la complicidad de este Gobierno y su policía. En definitiva, esta movilización de masas ha demostrado también cuál es el camino para hacer frente al fascismo y su discurso.

Una movilización impresionante que ha conseguido doblar el brazo de los buitres de Urbagestión y que Maricarmen pueda volver a su casa, manteniendo un alquiler de cuantía similar al que tenía hasta ahora. Una gran noticia que vuelve a dejar claro que la lucha es el único camino. El pánico ante la reacción social que su codicia ha desatado, junto con las indudables presiones de otras entidades del sector que ven con enorme miedo lo que está pasando en las calles, los ha llevado a tomar esta decisión en un intento de hacer ver a la opinión pública que la causa del conflicto ya está resuelta. Pero ya es demasiado tarde. Como se ha repetido una y otra vez en las calles, no se trata del problema individual de Maricarmen, se trata de un problema colectivo que exige una solución global y definitiva.

Los decretos del Gobierno PSOE-Sumar, una burla a las inquilinas

Por eso tenemos que decir que el Gobierno ha vuelto a dar la espalda al clamor popular en defensa de una vivienda pública y universal para la clase trabajadora. Tras horas de frenética negociación con sus socios parlamentarios, ha aprobado dos decretos que son un auténtico insulto a las inquilinas y al conjunto de los trabajadores que nos hemos movilizado por una vivienda digna. Incapaces de romper con su subordinación a los intereses del gran capital, PSOE y Sumar han aprobado un paquete de medidas que, en su mayor parte son simplemente retórica vacía, y que en el mejor de los casos son un simple aplazamiento de la agonía de decenas de miles de inquilinas sobre cuyas cabezas penden subidas abusivas del alquiler o la amenaza de desahucio.

De cara a hacer caer la única medida que podría ser relevante y un avance real, la renovación automática de los contratos de alquiler, han dividido las medidas en dos decretos distintos. Así se facilita a Junts, el partido de los rentistas de Catalunya, y a la mayoría de derechas no votarlo y hacerlo caer en el Congreso. ¡Pura maniobra parlamentaria y propaganda vacía para simular que toman medidas y dejar en realidad las cosas tal y como están! ¡Qué hipocresía! Pedro Sánchez se colgará la medalla de haber intentado moderar los alquileres, aunque su magnánimo intento no haya podido superar el escollo parlamentario.

El primer punto aprobado por el Gobierno es la prórroga de la actual prohibición de desahucios a personas vulnerables dos años más, hasta 2030. ¡Sin duda, nos toman por idiotas! Esta supuesta prohibición está vigente ahora mismo y, como se ha podido comprobar, no ha impedido el desahucio de Maricarmen ni de miles de personas más. ¿A quién pretenden engañar? Las condiciones que se exigen para ser declarado “vulnerable” son tan rebuscadas que no las cumple ni siquiera una persona de 87 años, sin lugar alguno en el mundo para vivir.

Al mismo tiempo que el Consejo de Ministros deliberaba, en Mataró se ejecutaba el desahucio a un vecino con un 87% de discapacidad y, a pocos de metros de Sol, se intentaba un desahucio que solo la presión de los acampados pudo impedir.

El segundo punto de las medidas del Gobierno es la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que vencerán antes del 31 de diciembre de 2028. Es verdad que algunas familias verán alejarse la amenaza del desalojo inminente, pero solo para que dentro de 24 meses los caseros lleguen con una exigencia económica que incluya la compensación por las subidas de alquileres que en su momento no pudieron aplicar.

Esto es lo que también ocurrirá con la prohibición de subir alquileres durante dos años en caso de que su importe supere el marcado en el Índice de Vivienda. Sin medidas para rebajar efectivamente los alquileres abusivos y para impedir que nuestros salarios sean saqueados impunemente por los caseros, estas prórrogas solo aplazan el problema, al tiempo que contribuyen a que las futuras subidas de los alquileres sean todavía más inasumibles.

Tampoco tendrá gran efectividad la prohibición de la compra de viviendas por fondos buitre hasta el 2028. Las entidades financieras que especulan con la vivienda disponen de medios suficientes para esquivar la definición de “fondo buitre” que se establezca en el decreto. La única forma de cortar de raíz su especulación es expropiar las viviendas que ahora están en sus manos para constituir un parque de vivienda pública para alquiler asequible. El resto es pura cosmética.

Tenemos fuerza para organizar una huelga general

Luchar por la vivienda digna, pública y universal significa hacer políticas de izquierda de verdad, enfrentando a los grandes poderes capitalistas. Desde Izquierda Revolucionaria decimos que las únicas medidas realistas que pueden resolver esta pesadilla pasan por:

•La expropiación de pisos y viviendas en manos de la SAREB, de los caseros rentistas, los bancos y fondos buitre.
•De esta manera se puede crear un parque público con cientos de miles de pisos y viviendas, con alquileres no superiores al 20% del SMI y bajo el control y gestión de los sindicatos de inquilinas y de la vivienda.
•Topar inmediatamente los precios, reduciendo los alquileres un 50%.
•Contratos de alquiler indefinidos.
•Prohibición de cláusulas abusivas y sanciones a quienes las incumplan.
•Prohibición de los desahucios por ley.
•Ilegalización de las empresas de desocupación.
•Fin de la gentrificación y expulsión de los vecinos de nuestros barrios. Derogar el actual sistema de viviendas turísticas y limitar su uso en todos los territorios.
•En defensa de todos los servicios públicos. Basta de privatización y ruina de la sanidad y la educación públicas. Por eso hay que unificar todas las luchas en una huelga general.
•Nacionalización de la banca y los grandes monopolios, para que la riqueza que creamos con nuestro trabajo sirva para resolver las necesidades sociales.

Ha quedado claro. Nada podemos esperar de este Gobierno ni de las instituciones del Estado capitalista. Es el momento de dar un paso al frente. Solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Las manifestaciones de estos días, y la atención y simpatía que se ha levantado a lo largo y ancho de todo el país demuestran que tenemos fuerzas más que suficientes para arrancar importantes conquistas frente al rentismo de caseros, bancos y fondos buitre.

Por eso es el momento de apretar, de llevar la lucha hasta el final. Volver a llenar las calles masivamente como estamos haciendo y emplazar enérgicamente a todos los sindicatos de clase, a CGT, CCOO, UGT, CIG, ELA, LAB, CNT... a que convoquen de forma inmediata una huelga general, unificando las reivindicaciones de quienes no pueden pagar el alquiler, de quienes sufren desahucios, de quienes no pueden emanciparse y de quienes tienen que marcharse de sus barrios y ciudades. Una huelga general que paralice el país hasta conseguir todas nuestras reivindicaciones.

Tenemos fuerza para hacerlo. Lo hemos visto estos últimos meses en la rebelión por la educación pública en País Valencià, en Catalunya. Lo hemos vuelto a ver en la inmensa marea verde que recorrió las calles de la capital un día después de que acampáramos en Sol y que anticipa una gran huelga indefinida educativa en Madrid. También lo hemos visto en las manifestaciones feministas, por el pueblo palestino y en numerosas luchas sindicales como la de los y las trabajadoras de Airbus. Pero sobre todo lo hemos visto estos días con el estallido de indignación contra el desahucio de Maricarmen que ha plantado cara a este sistema miserable.

Ahora es el momento. ¡A por la huelga general por el derecho a la vivienda y unos servicios públicos de calidad!