El 26 de enero se hicieron públicos los resultados de la EPA (Encuesta de Población Activa) del último trimestre de 2006. Sin duda, el dato más esperado, sindicalmente hablando, era el porcentaje de temporalidad porque ese dato serviría como indicador del grado de efectividad de la reforma laboral firmada por los dirigentes de CCOO y UGT a mediados del año pasado. Pues bien, el dato es demoledor: el 33,82% de los trabajadores tienen un contrato temporal, la peor cifra desde 1995. Dado que en 2006 la población ocupada siguió en aumento, superando por primera vez los veinte millones, esto quiere decir que, en números absolutos, hay más trabajadores precarios que nunca: 5.568.700 personas.
A pesar del discurso triunfalista que el ministro de Trabajo venía manteniendo en los últimos meses del año pasado, la EPA ha demostrado que la creación de empleo fijo no aumentó sustancialmente respecto a 2005. Y eso que la reforma laboral estableció unas subvenciones extraordinarias para los empleos temporales que se convirtiesen en fijos entre julio y diciembre del año pasado, subvenciones que hacían que a los empresarios les saliese más barato (en torno a unos mil euros) hacer un contrato fijo que uno eventual a un joven, una mujer o una persona mayor de 45 años. Como esas subvenciones desaparecieron el 1 de enero, cabe pensar que la contratación fija tenderá a disminuir a lo largo de este año.

Por un sindicalismo de clase, combativo y democrático

La conclusión es inapelable: para lo único que han servido todas las concesiones hechas a los empresarios por los dirigentes sindicales en la última década -empezando por la reforma laboral de 1997 (que abarató y facilitó el despido al crear el contrato con indemnización de 33 días por año trabajado y modificar el artículo 42.c del Estatuto de los Trabajadores) y acabando por la del año pasado- es para que los trabajadores perdamos derechos y los empresarios se forren a costa nuestra y del dinero público. Una vez más se demuestra que el sindicalismo reformista de los Fidalgo y los Méndez no sirve para que la situación de los trabajadores mejore; al contrario, sus constantes claudicaciones contribuyen a que empeore.
Pero los dirigentes sindicales no se quieren enterar y siguen en las mismas. De hecho, acaban de renovar para 2007 el Acuerdo de Negociación Colectiva con la CEOE. Cualquiera que esté en contacto con la realidad sabe que el coste de la vida se ha disparado. Pero a pesar de que es público y notorio que el IPC es falso (entre otras cosas, porque no contempla el precio de la vivienda), a pesar de que los precios de los alimentos básicos aumentaron un 30% desde la implantación del euro, a pesar de que las hipotecas son una carga cada vez más pesada, a pesar de que los datos oficiales demuestran que los salarios reales no aumentan desde 1997 y a pesar de que los beneficios empresariales sí aumentan año tras año a un ritmo vertiginoso, a pesar de todo esto los dirigentes sindicales acaban de firmar que el aumento salarial de referencia sea la previsión oficial de inflación (el eterno 2%), pudiendo haber aumentos superiores al IPC pero "dentro de los límites derivados del incremento de la productividad".
La estrategia pactista de los dirigentes sindicales es un rotundo fracaso. Cada vez es más evidente la necesidad de que los trabajadores nos organicemos y demos la batalla dentro de los sindicatos para acabar con toda esa burocracia que impide que el potencial de lucha de la clase obrera se canalice de forma consciente y organizada para hacer valer nuestra fuerza, y así mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo.