En el anterior número de El Militante analizábamos los aspectos centrales del estatuto que nos llevaba a los marxistas a plantear el voto No en el próximo referéndum del 18 de febrero. Más allá de las declaraciones generales en materia social, que no comprometen a nada, el contenido del estatuto supone una claudicación en principios fundamentales desde la perspectiva de un programa de izquierdas, tales como la cuestión nacional, la política hacia los inmigrantes, la OTAN, la política educativa o la reforma agraria y la política agrícola comunitaria.

El carácter de clase del Estatuto

En estas circunstancias, no resulta nada extraño que, a pesar de su discurso reaccionario, al PP no le haya supuesto ningún problema montarse en el carro a última hora, eso sí, haciendo tragar a PSOE e IU su retrógrado modelo de estado e introduciendo el reconocimiento de Andalucía como una nacionalidad "en el marco de la unidad indivisible de la nación española". Una vez resuelto a su favor el tema nacional, la derecha no tiene ningún inconveniente en defender un texto que en lo sustancial no atenta ni pone en cuestión la lógica del mercado capitalista, de los beneficios empresariales, la propiedad privada de la tierra y los medios de producción. De igual manera, la dirección del PSOE hace mucho tiempo que asumió el capitalismo como el mejor de los sistemas posibles. Las mayores competencias y la retórica social del estatuto colman con mucho sus tímidas aspiraciones reformistas del sistema. Por otro lado, el apoyo a este estatuto plantea un problema de coherencia política a IU, la fuerza política que debería estar ofreciendo una alternativa de clase al conjunto de los trabajadores andaluces.

La incoherencia política de la dirección de IU

Por mucho que proclamen los actuales dirigentes de la coalición que estamos ante un estatuto "de izquierdas" y que su intervención en las negociaciones ha sido decisiva para alcanzar "un máximo en derechos sociales", lo cierto es que el texto contiene concesiones en temas fundamentales del programa de Izquierda Unida, precisamente aquellos más consecuentes con su discurso anticapitalista y alternativo.
Veamos algunos ejemplos a la luz de los documentos congresuales aprobados en la XIV Asamblea andaluza, cuyas conclusiones políticas siguen vigentes para toda la organización... incluida su dirección.
Respecto al modelo de Estado, el documento político congresual reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero remarca el sentido internacionalista del pueblo andaluz y la defensa de un "modelo de estado federal solidario". Sin embargo, en el Estatuto se traga con la "indivisibilidad de España".
En los documentos también encontramos la siguiente declaración: "la apuesta real por el desarme, la disolución de la OTAN y la desaparición de las bases militares extranjeras en nuestro suelo". Ésta ha sido una de las banderas clave de las movilizaciones y las luchas en las que ha intervenido IU frente a la política militar imperialista y los tratados derivados de la misma, como la marcha de protesta que anualmente se realiza contra las bases de Rota y Morón. Sin embargo, el artículo 240 del estatuto, no sólo no hace mención a estas reivindicaciones, sino que se subordina a la política exterior del Estado español y los tratados y convenios internacionales, léase OTAN, intervenciones militares en Afganistán, Kosovo, Haití y la permanencia de las bases militares.
La oposición a las directivas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) ha ocupado gran parte de la actividad política de IU en estos años y así se refleja en los documentos aprobados por la citada XIV Asamblea Andaluza. Recordaremos la campaña contra la OCM (Organización Común del Mercado) del aceite, que amenazaba con reducir la producción, con graves consecuencias para la mano de obra jornalera, el algodón, tabaco, la remolacha y que actualmente afecta a frutas y hortalizas. Las reformas de estos sectores por parte de la Comisión Europea en realidad pretenden una reducción de las ayudas de las que dependen para su supervivencia centenares de miles de pequeñas explotaciones. Mientras tanto, la misma PAC ofre-ce subvenciones millonarias a la gran propiedad terrateniente por no producir. La duquesa de Alba, la reina de Inglaterra o el príncipe de Mónaco son algunos de los principales perceptores de ayudas destinadas a los agricultores europeos. ¿Y cómo se ha defendido esta cuestión de principio en el estatuto? La redacción incluida en los Objetivos Básicos de la Comunidad Autónoma, artículo 10, no deja lugar a dudas. Se habla de una "política de Reforma Agraria" en abstracto, sin mencionar el aspecto fundamental de la gran propiedad de la tierra, y todo ello "en el marco de la Política Agraria Comunitaria", es decir, se acepta la misma política que se ha combatido correctamente desde hace años.
Por último, la política sobre inmigración recogida en el artículo 62 del estatuto establece la com-petencia de las autorizaciones de trabajo "...en necesaria coordinación con la competencia estatal en materia de entrada y residencia y de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado". Básicamente, lo que establece la legislación del estado no es otra cosa que la ley de extranjería del PP, una ley que IU tiene recurrida por inconstitucional.
No estamos hablando de cuestiones menores sino de pilares básicos del programa de IU. Además, las concesiones hechas por la dirección de IU se han producido sin el necesario debate de las asambleas de base y el pronunciamiento del conjunto de la organización. En lugar de plantear la lucha por la defensa de un programa de clase, la dirección ha optado por agarrarse a los faldones de los dirigentes del PSOE y confiar en que el tren del estatuto suponga el ansiado revulsivo que saque a la formación de la crisis. Y en política, la adopción de métodos oportunistas en el terreno de las ideas, es decir la renuncia a los principios, tiene su correspondencia en la anulación por la vía de los hechos de la propia democracia interna.