La Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, aprobada durante el anterior gobierno del Partido Popular, es una de las principales pruebas del carácter profundamente antidemocrático del Estado burgués.
De acuerdo con el artículo 1 de dicha ley, "sólo los españoles podrán crear libremente partidos políticos", quedando excluida por tanto toda la población inmigrante de la iniciativa política, que sin embargo sí contribuye a la financiación del Estado burgués mediante el pago de impuestos y la creación de riqueza mediante su trabajo.
Tampoco podrán promover partidos políticos aquellos que "hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal", entre lo cuales se encuentran los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, de los que frecuentemente se acusa a activistas de izquierdas cuando son detenidos en manifestaciones, y de los que en muchos casos resultan condenados con el único testimonio de la policía.
Uno de los requisitos exigidos a los partidos para presentar candidatos es su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, estableciéndose en el artículo 5 de la Ley que se suspenderá el plazo de inscripción cuando "de la documentación presentada se deduzcan indicios racionales en relación con la ilicitud penal del partido", poniéndolo el Ministerio del Interior en conocimiento del Ministerio Fiscal, y sólo reanudándose el plazo para la inscripción cuando el Ministerio Fiscal devuelva al Ministerio del Interior "comunicación fundada en la no apreciación de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el Juez Penal resuelva sobre la procedencia de la inscripción", pudiendo impedirse así "cautelarmente" que un determinado partido pueda presentarse a unas elecciones, y otorgándose a la Administración facultades para impedir o retrasar la constitución del mismo.

Los innumerables supuestos de la ley

El artículo 9 establece las causas para ilegalizar un partido político, bastando con que desarrolle una actividad que vulnere los principios democráticos, entre otras, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
"Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual." ¿No deberían ser ilegalizados los partidos que participan en guerras imperialistas y genocidas como la de Iraq, donde hasta la fecha han muerto más de medio millón de civiles? ¿Acaso los atentados contra la vida llevados a cabo mediante armamento pesado y bombardeos masivos no deben de tenerse en cuenta?
"Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas." ¿No es esto lo que hacen los gobiernos imperialistas en Iraq, Afganistán, Haití, Venezuela o Cuba? ¿No es éste el fundamento mismo sobre el que se asienta la violencia organizada que ejerce el Estado burgués con la finalidad de la consecución de los objetivos políticos de la burguesía?
Se entiende por la Ley de Partidos que concurren alguna de las circunstancias mencionadas cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes:
"Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta." ¿Qué se entiende por apoyo tácito al terrorismo, lo que manifestó Aznar cuando dijo que no se podía defender que existieran causas al fenómeno terrorista? ¿Intentar comprender los fenómenos terroristas te convierte en terrorista?.
"Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma". ¿Debe incluirse la lucha de clases dentro del concepto de cultura de enfrentamiento y confrontación civil? ¿Fomentan las huelgas y la lucha sindical la confrontación civil? ¿Son terroristas los miles de manifestantes que salieron a la calle contra la intervención imperialista en Iraq?
"Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas". ¿Hasta donde se extiende la colaboración? ¿Son terroristas los que apoyan la derogación de la Ley de Partidos o el acercamiento de los presos al País Vasco? ¿Son terroristas los que apoyan la resistencia de los pueblos de Iraq, Afganistán, Haití o Palestina contra la ocupación imperialista?
Desde los medios de comunicación burgueses, los expertos de la burguesía han reconocido abiertamente que la única finalidad de la Ley de Partidos es neutralizar a la izquierda abertzale, incluso diciendo que esta Ley podría ser abolida en el momento en que Batasuna condenase la violencia. De acuerdo con los teóricos del Derecho burgués una de las principales garantías del Estado de Derecho es la generalidad de la ley, quedando prohibida la elaboración de leyes ad hoc, es decir, leyes dirigidas contra un determinado grupo de la población, propias de los regímenes fascistas. En el presente caso resulta evidente como la teoría del Estado de Derecho, tan meticulosamente construida para justificar en clave democrática la explotación capitalista y el dominio de la clase burguesa, es intrascendente para una burguesía que aprovecha cualquier oportunidad para recortar los derechos democráticos, entre otras cosas, en previsión de un futuro incierto en que el agravamiento de la lucha de clases ponga en peligro sus intereses materiales como clase dominante.