La corrupción es un elemento sustancial del sistema capitalista. Frente a aquellos que tratan de explicar este fenómeno como una consecuencia directa de la perversa naturaleza humana, los marxistas siempre hemos insistido que en esencia el sistema capitalista asienta sus pilares sobre prácticas corruptas, concretamente mediante el robo y apropiación por parte de la clase capitalista de la riqueza generada por la clase obrera mediante su trabajo.
La corrupción es un elemento sustancial del sistema capitalista. Frente a aquellos que tratan de explicar este fenómeno como una consecuencia directa de la perversa naturaleza humana, los marxistas siempre hemos insistido que en esencia el sistema capitalista asienta sus pilares sobre prácticas corruptas, concretamente mediante el robo y apropiación por parte de la clase capitalista de la riqueza generada por la clase obrera mediante su trabajo.
En este sentido no resulta nada sorprendente el reciente escándalo que ha salpicado al ayuntamiento de Madrid. Ya cuando salieron a la luz los escándalos de corrupción en Marbella era de sobra conocido que esta situación no era exclusiva de dicha localidad, y ahora que ocurre lo mismo con el de Madrid, sería ingenuo pensar que no se extienden los casos de corrupción a muchos otros ayuntamientos del conjunto del Estado.
La Operación Guateque ha sacado a la luz una inmensa trama de corrupción que venía funcionando en el ayuntamiento de Madrid desde hacía muchos años, incluyendo a los anteriores gobiernos municipales de Álvarez del Manzano. Tal y como ha manifestado la Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, tales prácticas de corrupción eran "un secreto a voces", estando las mismas generalizadas, tal y como demuestra el hecho de que afectan, hasta el momento, a expedientes que se reparten por 17 de los 21 distritos de Madrid. En este sentido el Centro Comercial Príncipe Pío, uno de los mayores de Madrid, lleva abierto 3 años sin licencia, con 112 comercios en marcha sin la correspondiente licencia, y lo mismo ocurre con los comercios situados dentro de la estación de Atocha. La propia investigación de la Guardia Civil ha concluido que "si la investigación continuara durante muchos meses más, es obvio que saldrían a relucir otros nombres y otras caras de funcionarios e industriales, y profesionales de los ramos de la ingeniería y de la arquitectura".
Sin embargo, a pesar de las dimensiones de dicha trama de corrupción, ningún cargo político del ayuntamiento se había percatado de dichas irregularidades. A pesar de negar cualquier implicación política, tratando de reducir la corrupción a un núcleo de funcionarios corruptos, la realidad es bien diferente, ya que al menos dos de los imputados son cargos de libre designación, es decir cargos designados políticamente, siendo el supuesto cerebro de dicha trama el Jefe de Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, también ha sido imputado en este caso Luis Armada, gerente de Urbanismo entre 1997 y 2003, y actual viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, y por el que Esperanza Aguirre "pone la mano en el fuego".
Privatización de los servicios de licencias
Inmediatamente saltó este escándalo de corrupción, el alcalde de Madrid aprovechó la coyuntura para plantear la privatización de los servicios que conceden las licencias, cediendo a agencias privadas de certificación la competencia para verificar si los establecimientos cumplen los requisitos legales para su funcionamiento. Es evidente que mediante la privatización de este servicio no se va a atajar de ninguna manera el problema de la corrupción, convirtiendo además el mismo en una fuente de beneficios empresariales, y disminuyendo aún más el control público que pueda existir en la tramitación de las licencias. Es significativo en este sentido el dato de que sólo 7 inspectores tenían que controlar a más de 26.000 funcionarios municipales, lo que demuestra el escaso interés que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid en reforzar los mecanismos de control que pudieran evitar la corrupción.
Obviamente ha habido reacciones muy positivas a este anuncio, como la del secretario general de la asociación madrileña de Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO), que representa a los empresarios de bares de copas y discotecas, que ha subrayado que los dueños de locales nocturnos "son víctimas" de la corrupción municipal y en ningún caso culpables. También la Cámara de Comercio ha dado la bienvenida a esta idea de Gallardón, ofreciendo su ayuda para privatizar la tramitación de licencias.
La realidad, sin embargo, es que estas medidas no sólo no van a resolver el problema, sino que terminarán agravándolo, institucionalizando aún más la corrupción.
