La izquierda no sólo debe gobernar, sino transformar nuestras condiciones de vida

La izquierda no sólo debe gobernar, sino transformar nuestras condiciones de vida

En Andalucía, junto a Extremadura y Castilla - La Mancha, la izquierda ha ganado por mayoría en todas las elecciones autonómicas celebradas hasta el día de hoy, gobernando casi siempre el PSOE con mayoría absoluta, como ocurre ahora. El próximo 9 de marzo, en una comunidad autónoma con la tradición que tiene Andalucía, todo debe empujar a que nuevamente la izquierda (PSOE más IU) gane por mayoría rotunda.

La situación económica

Como siempre sucede con las zonas económicamente más atrasadas y con menos peso industrial, Andalucía va a remolque de la coyuntura económica internacional. Dependiente en extremo de la construcción y del turismo en mucho mayor grado que el resto de comunidades del Estado español, lo interesante (y peligroso) a señalar ante la actual caída de la economía es que zonas como Málaga, con varias decenas de miles de albañiles ya en paro o subempleados, se anticiparon al resto del Estado en el agotamiento del difunto boom constructor. Esto es preocupante, pues todavía la crisis no se ha desencadenado siquiera en toda su rotundidad.
A ello habrá que sumar que la legislatura que se inicia en 2008 va a ser la última en que se reciba una gran parte de los fondos europeos, que también están empezando a disminuir de manera importante.
¿Qué hará entonces un gobierno de izquierdas cuando venga lo gordo de la crisis? Debería explicarles a esos bancos, empresas cons-tructoras y hoteleras que ellos se han hecho de oro en los últimos años y si alguien tiene que pagar la crisis es quien más tiene. ¿Harán eso?

La política de la Junta del PSOE en los últimos años

El proyecto estrella en la última legislatura, en palabras de Manuel Chaves, ha sido la aprobación del nuevo Estatuto autonómico, que contó entre otros con los votos del PP y de los representantes entusiastas de IU, que defendió el Estatuto y la campaña promocional que de él se hizo como algo propio. 
Un año después de la aprobación del Estatuto, nada ha cambiado en lo fundamental. Los problemas que padecemos los trabajadores andaluces siguen siendo los mismos, incluso peores: tenemos más deudas; conocemos a más parados; el coste de la vida subió mucho más; es absolutamente prohibitivo en la actual coyuntura para un trabajador medio meterse en un piso...
Al gobierno de Chaves le explotó finalmente entre febrero y marzo de 2006 la corruptela del ayuntamiento de Marbella, consentida e imitada durante una década por todas las administraciones. Este asunto dejó en evidencia el carácter del último boom inmobiliario, y a la propia Junta y al sistema judicial, a la hora de investigar la trama mafiosa. Al fin y al cabo, si Gil, Roca y sus amigos (y los centenares de "imitadores" que han brotado de repente en los dos últimos años en todo el país) se llevaban una comisión por cada obra. ¿Qué beneficios no se llevarían las constructoras e inmobiliarias implicadas? Si este sistema mafioso estaba implantado en todo el país ¿lo crearon Gil o Roca? O no será, más bien, el funcionamiento cotidiano del capital que busca siempre sacar el máximo beneficio, con ley o sin ley...
El juez llegó a meter en la cárcel a algunos de los constructores y Braulio Medel, presidente de Unicaja, hizo unas declaraciones en prensa viniendo a decir que se había llegado demasiado lejos. Los constructores implicados salieron de la cárcel pagando una humilde fianza y a los pocos meses se cambió al juez. Es cierto, se llegó demasiado lejos porque ¿Quién le dio (y sobre qué base) créditos de miles de millones a una constructora como Ávilas Rojas que estaba en quiebra técnica? ¿Pudo ser algún banco? Como con tantas cosas, nos quedaremos con las ganas de ver en el banquillo de acusados a los que realmente crearon todas estas tramas mafiosas y dilapidaron el suelo público.
Poco tiempo después del escándalo en Marbella, y ante el nerviosismo social causado, la Junta se avino a sacar una normativa legal para, entre otras cosas, poner un límite al desarrollo urbanístico en pueblos y ciudades, el POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía). Inmediatamente el presidente de la patronal constructora protestó ante los límites impuestos (¡a sus negocios!) y bastó un solo día para que nuestro presidente Chaves enmendase el texto aprobado.

Promesas electorales y votaciones el 9 de marzo

En septiembre pasado Chaves prometió construir 300.000 viviendas de protección oficial en diez años y que aquellos que ganasen menos de 3.000 euros al mes por ley tendrían derecho a una vivienda. Algunos pensamos que el PSOE en Andalucía volvía a una política genuinamente socialdemócrata por lo que crearía una empresa pública, para que con suelo y financiación públicas (las cajas son públicas, aunque funcionen como bancos privados) se construyeran viviendas baratas (hacer un piso de 80-90 metros de calidad puede costar 50 o 60.000 euros como mucho).
Pero no, con el Pacto por la Vivienda alcanzado entre Junta, patronal y sindicatos, se trata de que sean las empresas privadas las que sigan haciendo negocio a precios tasados en el mercado. Casi, casi, merece la pena que al citado Pacto se le cambie el nombre por Plan de rescate de las empresas constructoras privadas (eso sí, con dinero público) ante el reciente fin del boom constructor.
Tampoco habrá empresa pública intermediaria para los pequeños agricultores, que están en crisis ante las condiciones draconianas que les imponen el Mercadona o Carrefour de turno...
En fin, hablando en plata, "nada nuevo bajo el sol" después de cuatro años. Eso sí, la derecha está echada al monte: el alcalde de Almería (del PP) está a favor del indulto a dos empresarios que secuestraron y apalearon a tres inmigrantes; los obispos andaluces piden no votar "a quienes negocian con terroristas"; la flamante alcaldesa de Marbella del PP quiere recortar gastos entre los trabajadores de limpieza, pero no entre los altos cargos nombrados a dedo que cobran más de 4.000 euros mensuales...
Los trabajadores somos conscientes de que un PP en el poder, aliado quizás a los demagogos del Partido Andalucista, significaría un ataque en masa al conjunto de nuestros derechos, cosa que no hay que permitir en absoluto. Al mismo tiempo, millones pensamos que aunque no todos los políticos "son iguales", se parecen demasiado. La mayoría votaremos por tanto a nuestros partidos de izquierda tradicionales para que no entre el PP, pero sin la ilusión que había en el pasado. No sólo tenemos que luchar contra la abstención sino para que nuestros partidos tradicionales, PSOE e IU, defiendan un programa que entusiasme realmente.

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