La Sanidad Pública sigue empeorando

A principios de abril los 4.000 médicos de Atención Primaria (médicos, pediatras y SUMMA) de la Comunidad de Madrid han secundado masivamente las primeras jornadas de huelga a las que están llamados.
Reivindican "medidas que eviten la huida masiva de médicos a la sanidad privada (...) mejoras para el SUMMA 112, el Servicio de Asistencia Rural y flexibilización de horarios que permitan conciliar vida laboral y familiar". Además el sector de Atención Especializada (médicos de hospitales) está valorando "muy seriamente convocar también una huelga".
La sanidad pública se encuentra en peligro, y cada vez son más los médicos y usuarios que están dispuestos a salir a la calle a denunciar y reivindicar una mejora de la sanidad pública. Recientemente los trabajadores del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) han llevado adelante una lucha reclamando la mejora del sistema sanitario público; en Madrid decenas de miles nos manifestamos en febrero en solidaridad con los trabajadores del Hospital Severo Ochoa y el doctor Montes, tras la campaña de criminalización que la derecha ha llevado a cabo contra estos profesionales.
El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid lleva años desarrollando una verdadera cruzada contra la sanidad pública, detrayendo recursos de ésta en beneficio de la privada con el objetivo de degradarla y justificar así su política privatizadora. Los datos cantan; según un informe de la UGT, en los últimos cuatro años, los conciertos en la sanidad madrileña se han incrementado un 76,27%.
A continuación publicamos un artículo que aborda la situación en la que se encuentra la sanidad pública, especialmente en Madrid.

Desde hace años viene repitiéndose el colapso en los servicios de Urgencias de numerosos hospitales públicos. El caso de Madrid quizá sea el más llamativo, pero la situación es extensible al resto de las Comunidades Autónomas (CCAA). Y aunque el deterioro es mayor en las gobernadas por el PP, los gestores socialdemócratas son incapaces de revertir este proceso, encadenados a una visión gerencialista y tecnocrática de unos servicios públicos codiciados por multitud de empresas privadas en una verdadera orgía de buscar beneficios económicos en uno de los sectores básicos de lo que se sigue llamando todavía Estado del Bienestar.
Y también desde hace años, los medios de comunicación y los responsables sanitarios vienen repitiendo la misma cantinela. La epidemia de gripe es la principal responsable del incremento de las urgencias y de los ingresos hospitalarios. Con este mensaje se trata de convencer a la población de la inevitabilidad de esta situación, apelando a fuerzas incontrolables de la naturaleza, como también se hace en el caso de las catástrofes naturales. Con esta mentira se busca la resignación y la paciencia de los trabajadores. Pero existen causas que explican estos colapsos, que cada vez van siendo menos puntuales. Debemos saber que el gasto sanitario público estatal es el 5,8% del PIB, frente al 7,2% de la Unión Europea.

Disminución de camas hospitalarias públicas

Si nuestro país es, dentro de la Unión Europea, uno de los que dispone de menos camas totales (3,8 por mil habitantes, frente a los 7,5 de media de la UE), Madrid tiene todavía menos (3,5 por mil habitantes, y solamente 2,8 en el caso del servicio público). Baste decir que esta última cifra es casi tres veces menor de lo que recomienda la OMS. La situación es todavía peor en comunidades como Catalunya, Castilla-La Mancha o País Valencià.
Por si fuera poco, y volviendo a Madrid, los ocho nuevos hospitales promovidos por Aguirre van a disponer solamente de 1,5 camas por mil habitantes y además se plantea reducir entre 600 y mil camas de los actuales. Uno de ellos será una concesión administrativa a la multinacional sueca Capio, propiedad de Apax Partners (sociedad de capital riesgo), que ya posee la Fundación Jiménez Díaz. Los otros se acogerán a la fórmula de IFP (Iniciativa de Financiación Privada), modelo ya implantado en el Reino Unido por el gobierno laborista, mediante la cual una empresa privada o UTE (unión temporal de empresas) construye los edificios y se queda con la gestión de la parte no sanitaria a cambio de unos pagos mensuales durante 30 años prorrogables. Esta experiencia ha demostrado ser mucho más cara que la gestión pública directa. Además, las plantillas previstas son insuficientes. Por ejemplo, el hospital actual de Móstoles, de los peor dotados de Madrid, tiene 1,3 médicos y 4,5 enfermeras por mil habitantes, frente a un máximo del nuevo Hospital Norte de 0,73 y 2,47. Según la ADSP (Asociación de Defensa de la Sanidad Pública) solamente en Madrid faltan casi 10.000 camas. Eso ocurre mientras la demanda de hospitalización en Madrid se ha incrementado un 6,5% en los últimos años y la de urgencias un 17,4%. La situación es similar en la Unión Europea: entre 1994 y 2001 se han cerrado un 49% de camas.
Respecto a la falta de camas, los gestores explican que esta disminución no tiene mayor importancia porque queda compensada por la disminución de los días de ingreso (índice de estancia media), debido a la "excelencia" de los medios diagnósticos y terapéuticos existentes. Lo que se oculta cuidadosamente es que precisamente esta reducción provoca cada vez más reingresos, que quedan camuflados estadísticamente. Por ejemplo, si a tu abuela le han puesto una prótesis de cadera y genera un rechazo al material implantado (situación cada vez más frecuente dada la peor calidad de las prótesis) su diagnóstico al reingreso podría ser "dolor de cadera" y, así, todos contentos. Lo mismo ocurre con las operaciones de cataratas, juanetes, etc.
Esta situación se agrava cuando las intervenciones quirúrgicas se realizan mediante lo que se denomina en la jerga hospitalaria "peonadas", es decir, fuera del horario laboral ordinario y en las que los médicos cobran por operación realizada, no por las horas efectivas de trabajo. Este mecanismo perverso provoca un trabajo a destajo y además favorece un aumento de las listas de espera para que los enfermos se operen con este método. Si a esto añadimos la "oferta" de operarse en otros centros, la mayoría privados, vemos que se favorece una menor inversión en recursos públicos (a esto lo llaman "ley de garantías"). Da vergüenza ver cómo se producen auténticos regateos de tahúres entre gerentes y algunos médicos para ver cuánto se cobra por intervención.
Hay otro problema añadido y es que muchas veces los ingresos por esta vía se suman a los ingresos "normales" y se producen colapsos en las plantas y servicios, con lo cual se bloquea el acceso de los pacientes de urgencias. Evidentemente, los platos rotos no sólo los pagan los enfermos sino el resto de trabajadores, que ven cómo aumentar su carga de trabajo por falta de personal. Esto favorece la derivación a otros centros, si pueden ser privados mucho mejor, con lo cual miel sobre hojuelas.

Falta de recursos en la Atención Primaria

Aunque desde hace bastantes años se viene denunciando la masificación en los centros de salud y por ello surgió la "Plataforma Diez Minutos", la realidad es que la población ha aumentado considerablemente (más de cuatro millones de trabajadores inmigrantes) sin que lo hayan hecho proporcionalmente médicos y enfermeras. Las consecuencias son obvias: visitas relámpago al médico de familia, listas de espera y saturación de las urgencias hospitalarias. Y todo el mundo sabe que en las urgencias nos hacen de todo, porque los médicos residentes, auténticos esclavos hospitalarios, para no pillarse los dedos, practican la llamada "medicina defensiva" (ya nos vamos pareciendo a EEUU).
A la vez, la planificación sanitaria (competencia del Estado) ignora que se deben aumentar las plazas universitarias. Si a esto añadimos la diáspora de médicos a otros países por las mejores condiciones laborales y económicas (sólo en Portugal hay más de 3.000 médicos españoles), la situación se agrava. Cada vez hay más médicos generales con cupos superiores a 2.000 personas, cuando se recomienda no superar los 1.400. Esto supone que habría que incrementar un 23% el número de médicos generales. Pero no hay problema, como cualquier mercancía, se "importa" mano de obra inmigrante y se alarga "de facto" la jornada laboral. Jornadas seguidas de 31 horas son habituales si se hacen guardias en los centros de salud, porque el descanso después de las guardias generalmente no se realiza "por necesidades del servicio" y falta de sustitutos. Eso sí, en algunas CCAA se "compensa" este exceso de trabajo con dinero, como defienden los sindicatos corporativos.
Además, la Atención Primaria se ve aquejada también de falta de recursos diagnósticos y terapéuticos para evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes a los especialistas.

Desmotivación de los trabajadores e inoperancia sindical

La desmotivación y el mal ambiente en los centros de trabajo son las consecuencias inevitables de este proceso de deterioro. Las bajas laborales afectan prácticamente a un 10% de las plantillas, tanto en Especializada como en Primaria. Otra consecuencia perniciosa son los enfrentamientos entre trabajadores y la búsqueda de salidas individuales.
Si a esto añadimos la deriva corporativa de CCOO y UGT, no nos puede extrañar la cada vez mayor fragmentación sindical, la burocratización de las secciones sindicales, la inoperancia de las Juntas de Personal. En el caso de CCOO se añade la práctica desa-parición del sector crítico, consecuencia de sus propios errores y su adaptación al modelo burocrático actual. Su verborrea pseudoizquiedista jamás podrá sustituir la lucha por un sindicalismo de clase combativo y democrático. La brecha entre las direcciones y los delegados y afiliados se está ampliando cada vez más. La apatía y la desmoralización contribuyen al sálvese quien pueda. Por todo ello, es lógico e inevitable que puntualmente se produzcan conflictos "espontáneos" en diversos centros en los que colectivos de trabajadores, al margen de su afiliación sindical o sin ella, pasando por encima de sus sindicatos, plantean sus demandas sin tapujos, consiguiendo en horas o días lo que los dirigentes sindicales llevan negociando años en los despachos. Pero estos procesos, que reflejan la incapacidad de las direcciones sindicales de clase, y hay que dar una batalla para encauzarlos hacia un mayor nivel de organización y conciencia de clase, evitando así la búsqueda de salidas individuales o de pequeños colectivos, que a veces cristalizan en nuevas organizaciones sindicales, como ha pasado con los celadores.
Acabadas las veleidades socialdemócratas de reparto de la riqueza en un contexto histórico de crisis orgánica del capitalismo y de cambio profundo del actual ciclo histórico de la Humanidad, las reformas del pasado se han hecho imposibles bajo el capitalismo. Estamos entrando en un época en que los derechos básicos de los seres humanos están amenazados, solamente la clase trabajadora, bajo la dirección de un partido marxista internacional será capaz de satisfacer las necesidades de la especie humana negadas por el capitalismo.