Frenemos la destrucción del sector público planeada por el PP y la voracidad de los empresarios
Estos retrocesos a todos los niveles no pueden achacarse a la pasividad de los trabajadores o a su no disposición a la lucha. Los trabajadores madrileños fueron la punta de lanza de la ola de movilizaciones que acabó por tumbar al Gobierno de Aznar. Millones de jóvenes y trabajadores se movilizaron contra la política educativa del PP, contra el desastre del Prestige, contra la guerra de Iraq y contra la manipulación de los atentados de Atocha por la derecha.
Frenemos la destrucción del sector público planeada por el PP y la voracidad de los empresarios
La derecha y los empresarios contemplan la educación como un negocio más. Años de gobierno del PP han hecho que la educación pública se encuentre en una situación crítica. Los datos son escalofriantes: Madrid se encuentra a la cola de gasto público en educación, con un 2,8% del PIB, por detrás de países como Turquía o Macedonia. A esto hay que añadir que desde 2003 se ha incrementado un 91% el dinero destinado a los conciertos con la privada, sin contar con los terrenos públicos que son regalados a empresarios de la educación y órdenes religiosas.
Es un negocio redondo: destruir la educación pública para que a los padres no les quede más remedio que matricular a sus hijos en la privada.
Especialmente salvaje está siendo la privatización de la escuela infantil. El 70% de los centros de infantil son privados y eso sin contar con los 500 centros que se calcula que funcionan ilegalmente. La respuesta del PP ante esta situación ha sido la del lamentable decreto de mínimos de infantil que rebaja los requisitos para abrir una escuela infantil, con las desastrosas consecuencias para la ya de por si deteriorada calidad de este tramo de la educación.
Las condiciones laborales del profesorado también se han deteriorado notablemente. Años de incremento acelerado de los precios, han mermado de forma significativa el poder adquisitivo de los profesores, además de sufrir en sus condiciones de trabajo el deterioro de la educación pública.
Pero no sólo la educación está en el punto de mira del PP y los empresarios. La sanidad pública está siendo desmantelada a pasos agigantados por la derecha mientras los empresarios de la sanidad se frotan las manos ante la perspectiva de suculentos beneficios. Las consecuencias de esta política para la sanidad pública son evidentes: el número de camas por cada mil habitantes en la sanidad públicas es de 2, un cuarto de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las listas de espera, a pesar de las declaraciones del Consejero de Sanidad y con las cifras reales en la mano, no dejan de incrementarse. En el período que va de septiembre de 2005 al mismo mes de 2007, aumentaron un 37% su volumen, pasando de 29.734 inscritos a 40.793. En atención primaria el gasto por habitante en la CAM es un 35% menor que la media estatal. Con este dato no es de extrañar el colapso existente en la atención primaria, con médicos de familia desbordados teniendo que ver a muchos más pacientes de los recomendados para poder atenderlos de forma satisfactoria.
Podríamos seguir enumerando sectores (atención en las residencias de la tercera edad, política de vivienda, oferta cultural, etc.) y el panorama sería el de la misma desolación. A esta situación de los servicios públicos, que no hay que olvidar que son conquistas arrancadas a través de la lucha de la clase obrera y los movimientos sociales, hay que añadir las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los trabajadores madrileños.
Los datos de los niveles salariales de los madrileños son sangrantes: el 25,1% de los asalariados cobra entre 540 y 1.081 euros mensuales y el 22,9% cobra menos del SMI. Entre las mujeres el dato es todavía peor: el 55,65% de las trabajadoras cobra menos de 1.081 euros al mes.
En cuanto a las condiciones laborales la situación no es mejor. Entre 1995 y 2005 la proporción de personas con contratos temporales en Madrid pasó del 21,5% al 28% y en 2007 la proporción siguió avanzando: de los 2,5 millones de contratos realizados, el 19,32% fueron indefinidos y el 80,68% temporales.
En definitiva, años de crecimiento económico y de grandes beneficios para banqueros y empresarios han traído para la mayoría pérdida de poder adquisitivo, empeoramiento de las condiciones de trabajo y deterioro de los servicios sociales.
Es hora de decir basta: los dirigentes sindicales deben organizar una respuesta general
Estos retrocesos a todos los niveles no pueden achacarse a la pasividad de los trabajadores o a su no disposición a la lucha. Los trabajadores madrileños fueron la punta de lanza de la ola de movilizaciones que acabó por tumbar al Gobierno de Aznar. Millones de jóvenes y trabajadores se movilizaron contra la política educativa del PP, contra el desastre del Prestige, contra la guerra de Iraq y contra la manipulación de los atentados de Atocha por la derecha.
Mientras esta ha sido la actitud de los trabajadores, los dirigentes políticos de la izquierda y los dirigentes sindicales han apostado por la negociación con la patronal y con el gobierno de Esperanza Aguirre, renunciando a la lucha en la calle. La consecuencia de esta política ha sido la situación descrita más arriba y la lección es clara: sólo con la lucha podremos echar atrás los planes del gobierno del PP y defender lo que tanto nos ha costado conseguir.
Una capa importante de trabajadores madrileños hemos comprendido claramente este hecho. Estamos asistiendo a una oleada de movilizaciones de muchos sectores reclamando mejores condiciones laborales, recuperar poder adquisitivo y exigiendo unos servicios públicos y de calidad.
Numerosos trabajadores de distintas áreas están o han estado hace poco en pie de guerra luchando por sus derechos: profesores, estudiantes, trabajadores de limpieza de metro, de la limpieza viaria de Madrid capital, de Leganés, los de la EMT, ahora los del Servicio de Estacionamiento Regulado, los centros de atención de mayores, etc. Todas estas luchas tienen el denominador común de intentar recuperar poder adquisitivo, mejorar las condiciones laborales y conseguir unos servicios públicos de calidad.
Un contexto de estas características es el propicio para, coordinando y unificando todas las luchas, organizar una fuerte ofensiva contra el gobierno de Esperanza Aguirre y conseguir así derrotar sus planes. Las condiciones están dadas para la convocatoria de una huelga general en Madrid como un primer paso de una campaña de movilizaciones que tenga como objetivo echar al PP del Gobierno de la CAM. Los dirigentes de CCOO y de UGT tienen una gran responsabilidad. Tienen la obligación de coordinar y organizar este movimiento. Los trabajadores estamos demostrando que estamos dispuestos a defender lo que es nuestro pero necesitamos que nuestras organizaciones estén a la altura de las circunstancias.
