Inmigrantes criminalizados

El 27 de junio sesenta agentes de policía cercaban una ciudad con el objetivo de identificar a inmigrantes y entregar una orden de expulsión a los ilegales. Asociaciones de inmigrantes denunciaron que se "sacaron de los bares, locutorios y de la misma mezquita a las personas con aspecto de extranjero, para concentrarles en tres plazas y pedirles la documentación", una auténtica "caza al inmigrante, con brutalidad, agresiones y violencia verbal y física". ¿Dónde ocurría todo esto? ¿En Nápoles, en Roma? ¿En la Italia de Berlusconi? No. En Torre Pacheco, Murcia. En la España de Zapatero.

El PSOE apoya la ‘Directiva de la Vergüenza' en la UE

El 18 de junio el Parlamento europeo aprobaba (369 a favor, 197 en contra y 106 abstenciones) la Directiva de la Vergüenza, que permitirá expulsar a los 8 millones de sin papeles que se calcula hay en la Unión Europea (UE) y que, entre otras cosas, establece que no podrán regresar en un plazo de 5 años, el período máximo de retención en centros de internamiento puede llegar a 18 meses, los menores sin familiares podrán ser expulsados a un país diferente al de origen, etc.
Lo más escandaloso ha sido que 16 de los 19 diputados del PSOE votaron a favor, junto a miembros del SPD alemán y de los laboristas británicos (34 votos a favor de los 183 del grupo socialista europeo). Uno de estos señores, Javier Moreno, eurodiputado del PSOE, tratando de justificar de forma patética esta actuación nos explica, con sudor en la frente, cómo "luchó por un texto más garantista". Su "lucha" fue en vano porque no se aprobó ni una sola enmienda.
Rodríguez Zapatero en el Congreso, el 25 de junio, se mostraba muy indignado con las críticas a esta directiva: "sólo pueden proceder de la ignorancia supina o la demagogia irresponsable"; es más, en la entrevista publicada en El País, 29 de junio, afirmaba: "La directiva europea de retorno de inmigrantes es un avance progresista" y añadía: "entrar en un planteamiento de batalla ideológica no es correcto. (...) es una iniciativa de aquellos que entendemos que la inmigración debe estar regulada...".
Ya hemos visto qué entiende el gobierno por "regulada" en el caso de Torre Pacheco: porrazos, detenciones, miedo, acoso a los más débiles. Por "regulada" no entiende salarios dignos, condiciones laborales decentes, no estar constantemente bajo la espada de Damocles de la expulsión. Eso es lo que nos interesaría a la clase obrera, porque los inmigrantes son parte de nuestra clase. Tanta preocupación tiene Zapatero por "regularizar" ¿por qué no se emplea con la misma fuerza contra la especulación urbanística, contra el chantaje cotidiano de las multinacionales y su deslocalizaciones? Quizás a esto sea a lo que se refiere Zapatero cuando habla de "demagogia irresponsable".
En épocas de crecimiento económico, los capitalistas no tienen inconveniente en "acoger" mano de obra inmigrante. Por supuesto, mano de obra barata que les permite mantener y aumentar sus beneficios, tirando a la baja los salarios, para luego, en época de vacas flacas, utilizarlos de chivo expiatorio. En el Estado español el proceso de regularización de 2005 afectó a 580.000 inmigrantes, bajo el gobierno del PP se legalizaron 467.000, también Berlusconi en 2002 regularizó a 700.000 inmigrantes. Pero ahora ya no toca. Ahora lo que toca es echarles y en eso la burguesía tiene el apoyo de la socialdemocracia que está de acuerdo en fundamental: los inmigrantes sobran. Sus argumentos y sus leyes sirven para culpabilizar a los inmigrantes ante el resto de trabajadores de ser los responsables de las malas condiciones laborales, los bajos salarios, la falta de empleo, la saturación de los servicios públicos... Y de paso, justificar sus leyes cada vez más reaccionarias y represivas. Hacen el caldo gordo a las posturas más demagógicas y fascistas de la derecha.
Como siempre, empiezan por el sector más débil, la inmigración ilegal. Pero mañana sacarán nuevas normas para regular la legal. Agustín Díaz de Mera, eurodiputado del PP se felicitaba por esta directiva porque es "una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal".

Corbacho ‘invita' a los inmigrantes legales a irse del país

Tras el papelón del PSOE en Europa, el ministro ha anunciado un plan de retorno voluntario para inmigrantes en paro (para septiembre), y una reforma de la Ley de Extranjería que endurecerá las condiciones para el reagrupación familiar y que ampliará el tiempo de internamiento de los inmigrantes irregulares (de los 40 días actuales a 60, al menos).
De enero de 2005 hasta abril de 2008 se han concedido permisos de residencia a 252.722 familiares de inmigrantes. El gobierno quiere frenar esta afluencia, para ello se restringirá lo que se considera el núcleo familiar y se introducirán requisitos "socioeconómicos" más duros para quienes traen a su familia.
El Plan de retorno será para aquellos trabajadores inmigrantes que se queden en paro, éstos podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado (el 40% aquí y el 60% restante al llegar a su país) para regresar a su país. Pero para eso tendrán que renunciar a sus permisos de trabajo y residencia y comprometerse a no volver en tres años, como mínimo.
"Los inmigrantes que tienen cinco o seis años cotizados son una minoría" dice Ghassán Saliba, secretario de inmigración de CCOO. Además, "la mayoría ya ha estado en paro y ha cobrado parte del subsidio". Desde ATIME explican otro aspecto importante "lo que más influye en la idea de retorno es la situación en el país de origen, y en Marruecos ésta no ha mejorado. Los marroquíes no van a renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo después de lo que han soportado en su periplo por los consulados. No lo harán ni por 5.000 ni por 10.000 euros".
El mensaje del gobierno es claro. Tras su amable envoltura, el retorno voluntario, no esconde más que una amenaza muy real: "cogerlo ahora, porque quizá mañana os echemos y sin nada que daros". Chantaje puro y duro, que señala al inmigrante como un problema y crea un clima de incertidumbre, miedo y acoso. Es decir, al más puro estilo de la derecha, la socialdemocracia criminaliza al trabajador inmigrante y le hace responsable de la crisis del capitalismo. Una vez más queda claro que no hay terceras vías, ni posibilidad de "capitalismo de rostro humano". La única alternativa es la lucha unida de los trabajadores nativos y extranjeros contra la misma explotación.