En Guadalajara, el Ayuntamiento del Partido Popular ha anunciado su intención de privatizar el agua con las viejas ideas de siempre, aquellas de que la gestión privada mejorará la eficacia y la calidad del servicio, y la sempiterna promesa de que no subirán las tarifas para los usuarios. Empezando por esto último, simplemente, nos remitimos a nuestros vecinos de Alcalá de Henares, donde el agua se privatizó hace cinco años y aunque la tarifa no ha subido, sin embargo, este año se ha introducido un nuevo concepto que cobra la empresa a los usuarios y que ha repercutido en una subida del 40% en el recibo.
En Guadalajara, el Ayuntamiento del Partido Popular ha anunciado su intención de privatizar el agua con las viejas ideas de siempre, aquellas de que la gestión privada mejorará la eficacia y la calidad del servicio, y la sempiterna promesa de que no subirán las tarifas para los usuarios. Empezando por esto último, simplemente, nos remitimos a nuestros vecinos de Alcalá de Henares, donde el agua se privatizó hace cinco años y aunque la tarifa no ha subido, sin embargo, este año se ha introducido un nuevo concepto que cobra la empresa a los usuarios y que ha repercutido en una subida del 40% en el recibo.
En cuanto a la eficacia y la calidad del servicio, la intención del Ayuntamiento es dar la concesión a Aguas de Barcelona (Agbar), empresa que tiene un currículo no del todo brillante. Agbar ha tenido que romper el contrato de su gestión, antes de terminar el periodo de concesión, por empeorar el servicio que se daba a los ciudadanos en Cartagena de Indias (Colombia). También, el gobierno argentino ha rescindido el contrato con Aguas Argentinas, participada por la empresa francesa Suez y la española Agbar, por no cumplir con las condiciones del contrato y contaminar gravemente el Mar de Plata.
Hasta ahora, la privatización del agua en el Estado español ha provocado, por un lado, la creación de dos grandes oligopolios, Aguas de Barcelona (Agbar) y FCC (la empresa de las Koplowitz), a través de su filial Aqualia, que controlan, entre las dos, el 80% del negocio privado del agua. Por otro lado, según un informe de Ecologistas en Acción, con la privatización del agua "se produce el debilitamiento de los organismos públicos responsables de regular y controlar la planificación de los servicios del agua por la subcontratación de los servicios y funciones. Los beneficios no se reinvierten en una mejora de la calidad del servicio o a cualquier otro fin de interés social. No se tienen en cuenta cuestiones medioambientales como la protección de las aguas subterráneas o de ecosistemas fluviales y cualquier política de ahorro, fundamental para un uso racional del agua en el Estado español, choca con los intereses de la empresa privada puesto que a mayor consumo mayores beneficios".
El agua, un bien público
Los auténticos intereses que se esconden detrás de la privatización del agua no son ni la eficacia ni la calidad del servicio, sino aumentar los beneficios que tienen las grandes empresas. Como hemos visto antes en los países latinoamericanos, la crisis económica hace que las empresas busquen nuevas fuentes de beneficios. Por ello, a través de las privatizaciones, intentan apropiarse de todo lo que les pueda generar algún dividendo, convirtiendo todo aquello que puede tener un uso en una simple mercancía, regulada por la oferta y la demanda. Así se llegó al caso extremo de Bolivia donde, antes de la llegada al gobierno de Evo Morales, se intentó privatizar el agua, llegando al extremo de cobrar hasta por el agua de lluvia.
Pero dejemos hablar a Michel Camdessus, ex director general del FMI, que en el Foro Mundial de Kioto (2003) presentó un informe en el que se decía: "se requieren nuevos esquemas de financiación, porque los usuarios apenas pagan los costes corrientes de las obras y no hacen ninguna contribución para cubrir las inversiones de capital". De esa forma se justifica que las empresas privadas aumenten su área de negocio y obtengan beneficios. La idea de los máximos representantes de la burguesía imperialista es clara: el agua no puede ser considerada como un bien público, se debe privatizar. El PP, a su vez el mayor representante de la burguesía española, lleva esa idea a la práctica.
Los trabajadores tenemos que defender que el agua, junto al resto de recursos, sean públicos, propiedad de todos y estén controlados democráticamente por los trabajadores y los usuarios. Debemos impedir que estos recursos se conviertan en propiedad de unos pocos. En Guadalajara, se ha creado una Plataforma en Defensa del Agua en la que participan entre otros PSOE, IU, CCOO, UGT, el Sindicato de Estudiantes y otros movimientos asociativos. Por ahora, las declaraciones públicas de los dirigentes del PSOE e IU se centran en decir que la privatización del agua no estaba contemplada en el programa electoral del PP. Si queremos parar este ataque contra la clase trabajadora es necesario organizar movilizaciones ya contra la privatización del agua.
