Un peligroso precedente que será utilizado contra el movimiento obrero

El pasado sábado 4 de diciembre, el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero decretó el Estado de Alarma para responder al conflicto desatado por los controladores aéreos veinticuatro horas antes. La decisión fue adoptada, en palabras del propio presidente del gobierno en el congreso de los diputados, para hacer frente a "una abierta rebeldía contra el Estado de derecho", y presentada de forma estruendosa en los medios de comunicación para "resolver" la situación provocada en los aeropuertos del conjunto del Estado por el plante del colectivo. Con el decreto aprobado por el Gobierno, los controladores pasan durante 15 días a tener "consideración de personal militar" y a desempeñar sus funciones "bajo la organización y supervisión del Ejército del Aire", además de quedar sometidos "a las órdenes directas" del "Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares que designe" y "a las leyes penales y disciplinarias militares".

La brutal campaña de propaganda desatada en torno a este conflicto ha logrado presentar a los controladores como un colectivo de "privilegiados" que abusando de una situación de poder tomaron como "rehenes" a cerca de 700.000 pasajeros que intentaban disfrutar de sus vacaciones o visitar a sus familias. La propaganda ha surtido su efecto, sin duda favorecida por los errores y el enfoque corporativo que el sindicato de controladores ha impreso a su pulso con el gobierno, y una parte considerable de la opinión pública, incluidos sectores muy amplios de los trabajadores, ha dado por buena la versión oficial. Sin embargo, ante un hecho tan trascendental como éste, es necesario observar lo que ha acontecido huyendo de cualquier visión superficial. Es necesario echar a un lado los vahos narcotizantes de la propaganda gubernamental, de los medios de comunicación de la burguesía, y adoptar un punto de vista de clase sobre lo sucedido. Por que en realidad lo que se ha ventilado en estos días tendrá una amplia repercusión y sienta un peligro precedente que amenaza derechos democráticos básicos.

La decisión del gobierno socialista no tiene precedentes en los últimos treinta y cinco años y para encontrar una actuación similar hay que remontarse a los estertores de la dictadura franquista, cuando el gobierno de Arias Navarro impuso la militarización de los trabajadores de Metro de Madrid durante la huelga que estos protagonizaban en 1976. El 6 de enero de ese año, el Consejo de Ministros neofranquista se reunía en sesión extraordinaria para estudiar la situación abierta por los numerosos conflictos laborales del momento, decretando la suspensión de las clases de bachillerato y FP en la capital madrileña, y colocando a soldados, tras una hora de prácticas y acompañados por agentes de la Policía Armada, a conducir los trenes de Metro. La trascendencia, por tanto, de la decisión que el gobierno del PSOE ha llevado a cabo, no puede pasar desapercibida para el conjunto del movimiento obrero. Constituye una señal, y muy peligrosa, de lo lejos que la burguesía y los dirigentes socialdemócratas están dispuestos a llegar para acallar el descontento social y las luchas futuras de la clase trabajadora, aunque en esta ocasión el chivo expiatorio hayan sido los controladores.

Desviar la atención de los auténticos problemas de fondo

Las medidas de militarización que el gobierno del PSOE ha puesto en marcha contra un colectivo laboral, se producían tan sólo un día después de que el Consejo de Ministros aprobara una nueva andanada de ataques contra los trabajadores y los parados, de que rebajase los impuestos a las empresas y anunciase que la reforma de las pensiones se adoptaría, con o sin acuerdo, el próximo 28 de enero. La tanda de recortes sociales del viernes 3 de diciembre, incluida la desaparición del subsidio de 426 euros a los parados sin ingresos, es la respuesta del gobierno socialista a la reunión que mantuvo el sábado 27 de noviembre con los representantes de las 37 empresas más poderosas del país, la plutocracia que realmente decide e impone sus decisiones con total impunidad. En un escenario semejante, la posibilidad de poder desviar la atención de este asunto, gracias al conflicto abierto con los controladores, fue utilizada conscientemente.

En estos días hemos asistido a un auténtico aquelarre de declaraciones demagógicas por parte de los responsables públicos. Utilizando el argumento de los altos salarios de los controladores, sus famosos "privilegios", se ha desatado una cascada de acusaciones contra ellos pretendiéndoles culpar de todos los problemas del país. Desde el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, pasando por la ministra de Defensa Carme Chacón o el de Fomento José Blanco, en los editoriales de la prensa burguesa, en los telediarios de máxima audiencia, en las radios, la opinión era unánime: los controladores habían puesto el país al borde del colapso y tenían que recibir un castigo ejemplar. El linchamiento estaba servido.

Pero seamos concretos. La vara de medir del gobierno socialista está llena de incoherencias. Si nos basamos en la situación de crisis que atraviesa la sociedad -eso si que es una alarma social real-, en el drama que viven cotidianamente más de cuatro millones de desempleados, en el 50% de paro juvenil, en el millón de hogares con todos sus miembros en paro, en el cierre constante de empresas, es evidente que el papel de los controladores en todos estos asuntos es bastante limitado, por no decir inexistente. De hecho, el gobierno socialista, desde que la crisis económica del capitalismo se hizo patente en verano de 2007, sólo ha adoptado decisiones en una dirección: robar a los pobres para beneficiar a los ricos. Aceptando la lógica del sistema capitalista, Rodríguez Zapatero ha premiado con multimillonarias subvenciones públicas, más de 150.000 millones, a la gran banca. Ha llevado a cabo el recorte de los salarios de los empleados públicos. Ha aprobado una reforma laboral que supone el mayor regalo que la patronal ha recibido jamás de un gobierno socialista, permitiendo que el despido sea libre y sufragado por los fondos del Estado, aumentado brutalmente el poder de los empresarios ya de por si desmedido. Ha aprobado unos presupuestos generales para 2011 que meten un tijeretazo a los gastos sociales sin parangón en las tres décadas precedentes, y se ha pronunciado, siguiendo los dictados del FMI y la UE, por ampliar la edad de jubilación. Ha atacado sin miramientos a los parados, al sector más débil y desprotegido de la sociedad. Y cuando este gobierno, rompiendo todas sus promesas, se ha plegado a los dictados de la gran banca, de las grandes corporaciones, de los especuladores y las multinacionales, cabe preguntarse. ¿Por qué el gobierno del PSOE declara el Estado de Alarma cuando 700.000 pasajeros se quedan bloqueados en los aeropuertos y en cambio premia a los banqueros y a los grandes plutócratas que son los responsables de la actual catástrofe económica y social? ¿Acaso no estamos en un Estado de Alarma social? ¿Por qué el gobierno socialista no muestra la misma contundencia contra los responsables de una crisis que afecta a la mayoría de la población de forma excepcional?

Evidentemente, el conflicto con los controladores ha permitido al Gobierno hacer mucho ruido para desviar la atención de estos problemas, al menos por unos días. Pero con su actuación ha sentado un precedente que será utilizado, no contra los controladores, sino contra el conjunto del movimiento obrero cuando éste desafíe las imposiciones de la burguesía y la lógica del capitalismo. En el debate parlamentario dónde Zapatero explicó las razones para decretar el Estado de Alarma, utilizó argumentos muy precisos, refiriéndose a que la actitud de los controladores "obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulación", y suponía una "abierta rebeldía con el Estado de derecho".  También defendió la aplicación del artículo 8 del Código Penal militar que contempla la posibilidad de aplicar esa jurisdicción a los controladores. Con este tipo de justificaciones nos preguntamos ¿impondrá el gobierno socialista la declaración de Estado de Alarma si los trabajadores del Estado español bloquean las refinerías y paralizan la actividad productiva como hicieron los obreros franceses para frenar la reforma de las pensiones del gobierno Sarkozy? ¿O será el gobierno de Rajoy quien recurra a esta medida? Escudándose en la teórica defensa del "Estado de Derecho", el gobierno socialista levanta acta de legalidad para todas las decisiones antisociales que lleva a cabo en beneficio de una minoría de privilegiados, los auténticos, esos banqueros, grandes empresarios y oligarcas a los que pone alfombra roja para recibirlos en el Palacio de la Moncloa y doblar ante ellos el espinazo servilmente. Pero dedica todo su arsenal represivo, en defensa del "Estado de Derecho" por supuesto, contra los mineros, los jornaleros, los estudiantes, los trabajadores en huelga o los inmigrantes.  Y este arsenal, se amplía con el precedente de declarar la militarización contra un colectivo laboral, por mucho que se envuelva en pretendidas manifestaciones en defensa de la legalidad, legalidad que por otra parte se pisotea siempre que es necesario para defender los intereses de los poderosos.

Preparar a la opinión pública

En estos días diferentes medios de comunicación han publicado noticias en las que se señala que el Gobierno conocía de antemano la intención de los controladores de activar el conflicto justo en el puente de la Constitución. Lo que los medios de comunicación apenas han señalado, es que el gobierno ha incumplido flagrantemente el acuerdo con los controladores del pasado mes de mayo, por el cual se establecía un computo de 1.670 horas de actividad máxima anual, que para el 3 de de diciembre habían sido rebasadas ampliamente. Tampoco se menciona apenas que AENA ha incumplido los acuerdos de incorporar más personal técnico en las torres de control, para evitar la sobrecarga de las jornadas de trabajo en una actividad que requiere, por razones obvias de seguridad, de una concentración importante que no se puede lograr con presiones y estress continuo.

Conociendo como funciona el "Estado de derecho", no es ninguna casualidad que el Decreto por el que se obligaba a los controladores a ampliar su jornada de trabajo anual, incumpliendo anteriores acuerdos, fuera publicado justo el día en que el puente de vacaciones daba comienzo y horas después de que el Consejo de Ministros aprobará las medidas antisociales descritas. La provocación urdida tuvo los efectos deseados: los dirigentes de los controladores, presionados por el profundo descontento que se vive entre los técnicos de las torres de control, pusieron en marcha una medida de fuerza que en otras ocasiones les ha dado resultado pero que esta vez se ha vuelto contra ellos de manera dramática. A partir de ese momento toda la maquinaria gubernamental y del Estado burgués, de la justicia, de los medios de comunicación se puso en marcha de manera sincronizada, para lanzar una bestial campaña que actuara como luz de gas, que permitiese ocultar la profundidad de las decisiones tomadas con el paquete de medidas de austeridad aprobadas por el gobierno, y desviar la atención de la opinión pública. Al mismo tiempo, con las medidas que iban a llevarse a cabo -nos referimos a la militarización- en un contexto propicio por el caos inducido en los aeropuertos y las consiguientes penalidades que sufrieron cientos de miles de viajeros, el gobierno sentaba un precedente que puede ser utilizado a discreción contra futuros conflictos laborales que pueden ser muy duros y radicalizados en los próximos meses y años.

Algunos pueden ver en el argumento esgrimido en las líneas anteriores un pobre razonamiento conspirativo. Pero para nada se trata de conspiración, se trata de las prácticas habituales de la política burguesa. Mientras el Estado de Emergencia era puesto en marcha, los medios de comunicación también se hacían eco de otro asunto mucho más relevante desde el punto de vista de la calidad de la democracia que disfrutamos: las filtraciones acerca de la política diplomática impulsada por los EEUU, que han acabado con el encarcelamiento del responsable de la web Wikileaks desde dónde se dieron a conocer. Que sepamos, el gobierno socialista sólo ha echado balones fuera respecto a lo que estas filtraciones han demostrado: que al margen de la legalidad que este mismo gobierno dice defender, sorteando con triquiñuelas los "controles" parlamentarios y la proclamada "separación de poderes", Rodríguez Zapatero llevó a cabo todo tipo de presiones y gestiones para beneficiar los intereses del imperialismo norteamericano. Desde el envío de tropas a Afganistán, pasando por amparar los negocios de los monopolios estadounidenses, hasta utilizar al Fiscal General del Estado para impedir que prosperará la investigación del asesinato del cámara José Couso a manos de soldados norteamericanos durante la invasión de Iraq, los datos aportados por las filtraciones son claros al respecto.

Sí, en la política burguesa el engaño se ha convertido en un arte. Y este gobierno ha dado sobradas muestras de dominarlo, incluso de adornarlo de tal manera que parezca algo lógico y sensato. La prueba es la recurrente utilización del presidente Zapatero, en numerosos foros públicos, de un argumento transparente para quién quiera entenderlo: los "principios" son importantes, nos alecciona Rodríguez Zapatero, pero más aún lo son las circunstancias. Es decir, en lenguaje comprensible, que cuando los que realmente mandan en la sociedad, los banqueros y grandes empresarios, que nadie ha elegido ni votado en las urnas, deciden que el gobierno de turno tiene que aplicar una determinada política conforme a sus intereses, los cacareados "principios" de los dirigentes socialistas, por no hablar de otros, se aparcan elegantemente en la cuneta y diligentemente se aplican los dictados de aquellos sin ningún pudor. Esta es la esencia de la democracia burguesa que siguen a rajatabla desde este Gobierno.

La provocación contra los controladores fue planificada y ejecutada implacablemente. Nadie puede creer que los planes técnicos y los decretos para la militarización, con sus estudios jurídicos pertinentes, fueran improvisados en horas. Con una rapidez sorprendente se montó un gabinete de crisis en el Ministerio de Fomento con cargos de ese departamento, a los que se sumaron el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), José Jiménez Ruiz, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes. Como señala El País: "Esas incorporaciones no fueron casuales". En efecto, añadimos nosotros, el plan estaba listo desde hacía tiempo y además contaba con una estrategia mediática milimétricamente calculada y que buscaba crear un estado de ánimo favorable entre la población, una atmósfera en que las decisiones adoptadas fueran incuestionables. Para ello lo mejor en tiempos de crisis era sacar a colación los "excesivos privilegios salariales" de los controladores. ¡Con qué intensidad se ha remachado éste argumento estos días! Un argumento que cae en terreno fértil en un contexto de paro masivo y recortes salariales para los de siempre. Pero este argumento se ha utilizado interesadamente pues nunca hemos visto hablar al gobierno de los privilegios, mucho más obscenos y llamativos, de los miembros de los consejos de administración de los grandes bancos y las empresas del Ibex 35 con los que tan a gusto se encuentra Rodríguez Zapatero. Los salarios multimillonarios de estos individuos, sus bonus insultantes, sus planes de pensiones de oro con jubilaciones de varios millones de euros que por supuesto no serán recortadas, no son ningún problema para el gobierno socialista. No lo son, porque todo ello es parte consustancial del sistema que defienden, el capitalismo. Y estos privilegios, que todo el mundo conoce, son alimentados y engordados por las medidas adoptadas por el Gobierno, por el trasvase continuo de miles de millones de euros desde el bolsillo de los trabajadores, los parados y los pensionistas a las cuentas de resultados de estos parásitos. Por eso la demagogia del gobierno es realmente escandalosa.

Sí, es cierto, los controladores aéreos tiene salarios muy elevados. Y el conjunto de los trabajadores tienen salarios miserables, lo cual no es responsabilidad de los controladores sino del gobierno. Detrás de este razonamiento oficial hay una idea perversa, que demuestra el cinismo y el desprecio por los trabajadores que llena la política de un gobierno que se autoproclama socialista: de lo que se trata es de disminuir a la baja los salarios de toda la clase obrera, que todos cobremos lo mínimo posible y si es menos mejor. Esto es lo que está detrás de estos cantos de sirena. Tampoco es menos cierto que los controladores al menos realizan un trabajo altamente especializado, fundamental para la seguridad del tráfico aéreo. Como El País ha tenido que reconocer: "Los controladores aéreos son un bien escaso en todos los países del mundo. También en España. Ya desde la firma del convenio se vio que esa jornada era insuficiente para atender el tráfico aéreo con el número de profesionales disponibles, pero la situación se fue agravando a medida que el tráfico aéreo crecía. Se pasó de 140,9 millones de pasajeros en los aeropuertos de AENA en 2000 a los 210,4 de 2007, el año récord. Un crecimiento del 50%, que no se vio acompañado de un aumento similar del número de controladores, que apenas ha aumentado. La última convocatoria fue en 2006...". Los emolumentos de los controladores no son muy superiores del que reciben muchos cirujanos o ingenieros cualificados. Por no hablar de los abogados de las grandes firmas jurídicas, o incomparablemente inferiores de los que reciben los grandes capitalistas a los que antes nos hemos referido. Entonces, ¿por qué esta furia contra los controladores?

La razón hay que buscarla, además de su utilidad propagandística, en las intenciones declaradas de privatizar las pocas empresas públicas que todavía quedan. Por ejemplo AENA, encargada de los aeropuertos del Estado español, cuya privatización parcial fue acordada en el último paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros. Doblegando a los controladores, que obviamente no son trabajadores de cuello azul pero si poseen un poder importante por la posición que ocupan en la regulación del tráfico aéreo, será mucho más fácil generalizar la precarización de la fuerza de trabajo de los aeropuertos, disminuir los salarios de todos los trabajadores del sector, y asegurar pingues beneficios a las empresas privadas que se hagan cargo de estos servicios, empresas que están entre las 37 que hace dos semanas se reunieron en La Moncloa con el presidente del gobierno.

Lamentablemente, los controladores, y sus dirigentes, mordieron el anzuelo. Acostumbrados a ganar, y sometidos a una enorme presión, no comprendieron el contexto en que se producía la provocación, o la infravaloraron. El sindicato de los controladores (USCA), que en la mayoría de los conflictos abiertos en el sector o en los que ha protagonizado colectivamente la clase obrera, como la pasada huelga general del 29 de septiembre, han mantenido una posición corporativa y gremialista rehusando unirse al resto de los trabajadores, ha pagado un precio altísimo por sus errores. Incluso, la misma forma de plantear el conflicto, encubriendo una huelga con bajas médicas, les ha restado mucha credibilidad entre sectores de los trabajadores que sí saben lo que cuesta y los riesgos que supone hacer huelgas. Su acción, para la que nunca buscaron el apoyo de otros sectores, que no vincularon públicamente a los planes de privatización de AENA, y que dejó tirados a cerca de 700.000 usuarios, dio la excusa perfecta al gobierno para ejecutar sus planes y criminalizarlos públicamente. Ahora se encuentran en una situación de debilidad que el gobierno va a aprovechara a fondo.

Un escarmiento que será utilizado posteriormente contra todos los trabajadores

El cinco de agosto de 1981, el presidente Ronald Reagan despidió a 11.345 de los 17.500 controladores aéreos que trabajaban en los aeropuertos de Estados Unidos por llevar a cabo una huelga de dos días, prohibida por una ley de 1956 que ilegalizó los paros de sindicatos de funcionarios. Fue la señal para aprobar todo tipo de leyes antisindicales y abrir las puertas a la precarización de las relaciones laborales, las privatizaciones y aumentar el poder empresarial domesticando a los sindicatos. Desde el gobierno, desde el PP, CiU y el PNV, desde la prensa capitalista se clama contra un castigo ejemplar contra los controladores españoles. El editorial del diario El País del pasado 5 de diciembre encabezaba la cacería: "La militarización y la movilización obligatoria ha sido la única medida capaz de torcer el brazo a un grupo endiosado de privilegiados que ha echado un pulso al Estado sobre las espaldas de cientos de miles de ciudadanos indefensos". La maquinaria judicial se activó inmediatamente, empezando por la movilización coordinada de los fiscales que van a presentar cargos por sedición contra los controladores, un delito que está tipificado con penas de entre tres y ocho años de cárcel. Eso sí, los controladores no serán juzgados en tribunales militares, algo que recordaría demasiado a tiempos pasados y podría volverse contra el gobierno, sino en los juzgados ordinarios. Además AENA ya ha abierto expedientes sancionadores que pueden terminar en el despido de cientos de controladores.

Los trabajadores no podemos engañarnos sobre el fin que persiguen estas medidas. Las voces a favor de una nueva ley de huelga que endurezca penalmente el ejercicio de este derecho esencial para la clase obrera están arreciando desde todos los rincones. Ya vimos lo que sucedió en la pasada huelga de Metro de Madrid en verano. La decisión democrática de la asamblea de los trabajadores de Metro de no aceptar unos servicios mínimos abusivos y fraudulentos, que neutralizaban los efectos de la huelga, fue utilizada para iniciar una ofensiva salvaje contra la plantilla, hasta el punto incluso de que el Comité de Empresa fue denunciado por la vía penal. Ahora, los medios de comunicación han publicado que la dirección de Metro ha activado los expedientes de despido contra al menos tres trabajadores que tuvieron un papel relevante en la lucha, aprovechando la situación creada tras el conflicto con los controladores.

La represión y anulación de los derechos conquistados por el movimiento obrero es la norma en esta etapa de crisis del capitalismo. Asistimos a una demostración clara el día 29 de septiembre, con la criminalización de los sindicatos por parte de la derecha y sus medios de comunicación, y el recurso a la violencia policial contra la acción de los piquetes. Centenares de activistas sindicales están sometidos a procedimientos judiciales por su participación en huelgas, manifestaciones o acciones de protesta. El Sindicato de Obreros del Campo es un buen exponente, con decenas de cuadros y militantes enjuiciados por el delito de luchar por mejorar las condiciones de vida de los jornaleros andaluces. La nueva vuelta de tuerca que el gobierno pretende llevar a cabo es un arma afilada contra nuestros derechos democráticos. Rodríguez Zapatero justifica el recurso a la militarización para defender la "legalidad". Es el mismo argumento que los obreros socialistas y comunistas tenían que escuchar hace no muchos años de boca de los voceros de la dictadura, para doblegar sus protestas. Es el mismo razonamiento que utilizaban los jefes de gobiernos de la Restauración borbónica, desde el Conde de Romanones hasta Dato, para convertir los conflictos labores en problemas de orden público y recortar las libertades democráticas.

El gobierno del PSOE ha emprendido un camino que sólo lleva al desastre. Como se ha puesto de relieve en las últimas elecciones al parlamento de Catalunya, sus medidas asfaltan el triunfo de la derecha. Sus continuas concesiones a los poderes fácticos, a la oligarquía económica, su predilección por la represión y este paso decisivo que han dado militarizando un conflicto laboral, será utilizado mañana por la reacción con todas las consecuencias. Y cuando eso ocurra, la burguesía recordará a los dirigentes socialistas que fueron ellos los que iniciaron ese camino con medidas como las que han aprobado.

Los próximos meses van a ser decisivos. La burguesía, y los gobiernos que siguen sus dictados, han declarado una guerra contra los trabajadores. Las decisiones que el gobierno del PSOE viene aprobando desde el mes de mayo van en este sentido, pero todavía no se han agotado. Vendrán nuevos ataques, semejantes a los aprobados en Grecia o Irlanda, y la única manera de hacerlas frente es promoviendo la movilización más contundente y masiva de la clase obrera, la juventud, los parados y los pensionistas. Se equivocan los dirigentes de UGT y CCOO si piensan que mirando hacia otro lado o llevando a cabo patéticas acciones diplomáticas, como la Iniciativa Legislativa Popular para frenar en el parlamento la Reforma Laboral, el mismo parlamento que la aprobó, van a poder capear el temporal. Los sindicatos, a pesar de que muchos de sus dirigentes se han tragado esa lisonja de que son "hombres de Estado", también están en el punto de mira. Por eso es necesario que los líderes de UGT y CCOO rectifiquen urgentemente y abandonen su estrategia errática y contraproducente. Tiene que situarse a la cabeza del movimiento obrero, abandonar ese discurso de frases vacías y tópicos sacados de un mal manual universitario de economía, y llamar a las cosas por su nombre. Al pan pan y al vino vino. Decir sin vacilaciones y con fuerza que los responsables de la crisis del capitalismo son los únicos beneficiarios de las medidas del gobierno. Defender con claridad y confianza un programa auténticamente socialista, que plantee una alternativa creíble, esto es, que hay que nacionalizar la banca bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones, que hay que renacionalizar todas las empresas públicas privatizadas, que es necesario una fuerte política de impuestos contra los ricos, que el dinero público debe destinarse a defender los empleos, los salarios y a los parados y pensionistas, no a llenar los bolsillos de los especuladores que se enriquecen con los intereses de la deuda pública. Y deben defender estas ideas en las fábricas y en los tajos, y con los hechos, organizando ya una nueva huelga general esta vez de 48 horas para obligar al gobierno a anular la reforma laboral y todas las medidas regresivas aprobadas, a impedir la ampliación de la edad de jubilación. Sí hay un camino para defender nuestros derechos y nuestro futuro, un camino de lucha decidida por la transformación socialista de la sociedad.