En las últimas semanas el gobierno del PP está poniendo el pie en el acelerador de los ataques a la clase obrera. Como dijo claramente la propia portavoz del gobierno, las primeras medidas anunciadas en diciembre, como el recorte presupuestario de 8.900 millones de euros para los tres primeros meses del año, la congelación del Salario Mínimo (641 euros, uno de los más bajos de la UE), de los sueldos públicos (acompañada de incremento de la jornada laboral), la fuerte subida del IRPF (impuesto que descansa fundamentalmente sobre las rentas salariales), la restricción a la incorporación de más beneficiarios de la Ley de Dependencia o la subida del IBI, eran sólo el “inicio del inicio”.

Ataques en todos los frentes

A principio de enero Rajoy confirmó públicamente que el recorte presupuestario para 2012 ascendería a 40.000 millones de euros, lo cual es una auténtica declaración de guerra contra los trabajadores. En sintonía con el objetivo de poner en marcha recortes salvajes en todos los ámbitos de la administración, a finales de enero el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la “reforma exprés” de la constitución pactada con el PSOE en agosto, imponiendo el déficit cero a la administración central, a las autonomías y a los ayuntamientos. La ley empeora todavía más el pacto de pensiones alcanzado por los sindicatos y el gobierno del PSOE hace aproximadamente un año, ya que permitirá al gobierno anticipar su “revisión” en cualquier momento en caso detectar “un déficit en el largo plazo”.
El 3 de febrero el gobierno ha aprobado una nueva reforma financiera que incluye la ampliación del capital público del FROB desde los 9.000 millones hasta 15.000 millones, mediante emisión de deuda. Este dinero se va a destinar, de nuevo, a “ayudar a la banca” en el proceso de absorciones que se está promoviendo, lo que constituye otro bocado que se llevarán los bancos a costa del dinero público.
La educación pública será otro punto de ataque fundamental. El ministro de Educación dijo textualmente que “la educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad” y ha emprendido medidas con el fin de segregar a los estudiantes a través de itinerarios, obligando a los jóvenes a elegir entre la universidad y la FP a los quince años.
El ministro de Justicia, Galladón, ha anunciado un brutal retroceso en la ley del aborto, de forma que no se permita el derecho al aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación y exigiendo el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar. También anunció el copago para determinados procedimientos judiciales y, en otros casos, su sustitución por procedimientos notariales, lo que implica la privatización de procedimientos legales hasta ahora gratuitos. Además, el gobierno quiere que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, reforzando todavía más en el blindaje de una casta privilegiada que actúa al margen de cualquier tipo de control social.
Para el 10 de febrero el gobierno tiene prevista una nueva reforma laboral, tan grave, que el propio Rajoy pronosticó que le iba a costar una huelga general, como quedó bien claro en su “desliz” de Bruselas.

Situación social insostenible

Estos ataques, que supondrán un retroceso de profundísimo calado en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población, se producen cuando la situación social de las familias obreras ya está sufriendo un grave deterioro, como consecuencia de la crisis y de los recortes que ya se vienen imponiendo desde las comunidades autónomas.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 el paro afecta ya a 5.273.600 personas, alcanzando la tasa de 22,8%. A los despidos que se suceden en el sector privado se suman ahora los derivados de la política de recortes de los servicios públicos. Efectivamente, en el último trimestre de 2012 se destruyeron 90.000 empleos públicos, sin que se haya detenido la sangría en la industria (50.000 empleos perdidos) o el llamado sector de servicios (305.000 empleos perdidos).
El número de familias en la que todos sus miembros están en paro supera el millón y medio y constituye el 9% del total de familias. Hay 149.800 hogares más en esta situación respecto al tercer trimestre. La mitad de los desempleados, 2,6 millones, llevan más de un año sin trabajar. La tasa de desempleo entre los menores de 25 años asciende al 48,5%. La factura social de la crisis capitalista es tremenda. Según una encuesta reciente de la Red Europea en Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) el número de personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social se sitúa en 11.666.827 personas, es decir, un 25% del total de la población.
La tendencia es que la situación se agrave todavía más. Efectivamente, en el último trimestre de 2011 se concentra la mitad del empleo destruido a lo largo del año. El Banco de España prevé que la destrucción de empleo permanezca por lo menos hasta la segunda mitad de 2013, periodo en el que se perderían otros 600.000 puestos de trabajo. Funcas prevé unas cifras similares. Ambos servicios de estudios calculan que en diciembre habrá unos 5,8 millones de parados. El cierre fulgurante de Spanair, con la desaparición de 2.000 empleos directos y otros 2.000 indirectos, es sintomático de la rapidez con la que la crisis puede abocar a los trabajadores a una situación de total incertidumbre.

Chantaje inaceptable

El gobierno del PP y los capitalistas repiten machaconamente que los recortes sociales y las “reformas estructurales” son la única vía para alcanzar mayores niveles de competitividad en el mercado internacional y ganarnos la “confianza de los mercados”, evitando así transitar el camino del Grecia, Irlanda o Portugal. Es decir, para evitar el rescate hay que adoptar por anticipado todas las salvajes medidas ajuste que implicaría el rescate. Se trata de una falsa disyuntiva, de un chantaje burdo y descarado que los trabajadores no podemos aceptar.
Lamentablemente, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, que deberían contrarrestar con contundencia estos argumentos como primera condición para hacer frente a la ofensiva de los capitalistas, los aceptan en su esencia. El miedo al rescate y a la inestabilidad social y política, les lleva a actuar como “hombres de Estado”. Eso fue lo que les impulsó, hace aproximadamente un año, al pacto de las pensiones con el gobierno de Zapatero y, el pasado 25 de enero, a un infame acuerdo con la patronal, que supone una importante disminución de los salarios reales, más flexibilidad e indefensión de los trabajadores en las empresas, la posibilidad del “descuelgue” de los convenios colectivos y la dependencia de una parte de los salarios a los aumentos de la “productividad”. El retroceso firmado por los dirigentes sindicales es de tal magnitud que a Lezcano, portavoz de CCOO, le resultaba “incomprensible” la dureza de la reforma laboral anunciada por Rajoy. Lo que no entienden o no quieren reconocer los máximos dirigentes de CCOO y UGT es que la debilidad invita a la agresión, y que sus continuas concesiones a los capitalistas no establecen “límites” a los ataques sino que les anima a seguir adelante con ellos.

Objetivo de las medidas: saqueo puro y duro

Toda la crítica de los dirigentes sindicales a las medidas de la derecha se reduce al “ritmo” y la profundidad de los ajustes (o la falta de medidas de “reactivación”), o al hecho de que estos se impongan sin “consenso”. Señalan constantemente la incongruencia entre la profundidad de los recortes y el objetivo de crecimiento económico. Pero el objetivo de los capitalistas no es el crecimiento económico en abstracto, sino la preservación de sus propios intereses, es decir, de sus beneficios y la acumulación de riqueza. En un contexto de profunda crisis de sobreproducción como la que estamos viviendo, que se va a prolongar por un tiempo indeterminado, esto se consigue expulsando del sistema productivo a una parte importante de los trabajadores, recortando drásticamente sus conquistas sociales y laborales y privatizando los servicios públicos. Estas medidas no son, por supuesto, una solución al desempleo, ni a la crisis capitalista, pero son totalmente coherentes con los intereses capitalistas, particularmente del sector financiero y los grandes monopolios.
Algunos datos pueden aclarar bastantes cosas sobre las razones de los recortes y a quien beneficia. En 2011 el dinero de los prosupuestos del Estado destinado a pagar el servicio de la deuda ascendió a la gigantesca cantidad de 74.000 millones de euros, de los cuales 27.500 corresponden a intereses y el resto a la amortización de la deuda. Si sumamos 9.000 millones de intereses que pagan las Comunidades Autónomas la sangría de dinero público por la deuda, que beneficia fundamentalmente a la banca, equivale al 10% del PIB. Estamos hablando de un verdadero lastre económico y social que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de las necesidades de la mayoría de la sociedad o del desarrollo económico. En 2012 la sangría será todavía mayor. La relación que este gasto tiene con los recortes sociales es evidente: se trata de saquear a los pobres para satisfacer a una ínfima minoría hiperrica. El agravamiento de la crisis (el Banco de España prevé una caída de un -1,5% para 2012, el FMI un -1,7%, pero la caída puede ser todavía más pronunciada) incrementará la presión de esa oligarquía para destruir todas las conquistas sociales de las últimas décadas.

Hay un camino para evitar la catástrofe capitalista

Hemos tenido en los últimos meses y días, continuos e incontestables pruebas de que hay ambiente para la lucha: todo lo que significó el movimiento 15-M, las recientes movilizaciones del profesorado en Madrid y otras comunidades, las recientes manifestaciones contra los recortes en Valencia y Catalunya, por hacer algunas menciones. Ahora bien, está claro que los recortes emprendidos por la burguesía sólo se podrán frenar dando un paso adelante, unificando la lucha, dotándola de una perspectiva de continuidad, en la que la clase obrera juegue un papel protagonista, y ligándola a un programa de transformación socialista de la sociedad. Los trabajadores y los jóvenes no sólo tenemos la fuerza para frenar los ataques, también tenemos la capacidad de dirigir la sociedad sin la necesidad de banqueros y empresarios, cuyos intereses y cuyo dominio sobre los mecanismos de creación de riqueza social, son la auténtica y única causa de la crisis.
Si los dirigentes sindicales actuales no están dispuestos a emprender el camino de la lucha, hay que obligarles, mediante la participación activa en la vida sindical, a que cambien de opinión, y caso en contrario hay que sustituirlos por nuevos dirigentes, ligados al sentir de los trabajadores en las fábricas y al verdadero ambiente de malestar y de rabia que vive el conjunto de nuestra clase. Es necesaria la convocatoria de una huelga general, pero evidentemente esta no puede ser concebida como una forma de “soltar presión” y volver por el camino de los pactos y consensos, como ocurrió después del 29-S. El objetivo de la huelga general tiene que ser dar la oportunidad a que la clase obrera de un puñetazo sobre la mesa que provoque una tremenda sacudida social y política, impulsando un movimiento ascendente y participativo y cada vez más masivo que eleve las protestas y el malestar a una verdadera rebelión social. Una rebelión que se filtre por todos los poros de la sociedad y que empuje a los trabajadores a ser concientes de su verdadera fuerza, a controlar los medios de producción y establecer, mediante la nacionalización del sector financiero y la planificación democrática y socialista de la economía, las únicas condiciones realistas que pueden evitar la catástrofe social que supone el sistema capitalista.