Contra todos los pronósticos y encuestas, enfrentando la euforia de Rajoy, Cospedal y Arenas, y para desolación de los plumíferos que han estado jaleando desde los medios de comunicación de la reacción una victoria que parecía iba a ser aplastante, el Partido Popular no ha logrado la ansiada mayoría absoluta en las elecciones andaluzas al tiempo que sufre un retroceso electoral contundente. Perdiendo más de 400.000 votos respecto a las elecciones generales de noviembre y cerca de 170.000 respecto a las autonómicas de 2008, el PP ha sido frenado en seco por el voto de la clase obrera y la juventud andaluza.

La desolación de los cortijeros y sus representantes políticos

La lección dada por los trabajadores en las elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo es impresionante. La dirección nacional del PP no podía dar crédito a unos resultados que le sitúan en 50 escaños, cuando las encuestas auguraban una mayoría cómoda con 59 diputados autonómicos. Javier Arenas, presidente del PP andaluz y fiel representante de esa casta de señoritos burgueses, con el resultado electoral ya definitivo y con expresión descompuesta se dirigía desde el balcón de su sede a unos cuantos simpatizantes que movían banderitas a medio gas. “Hemos ganado las elecciones” decía entre dientes, refiriéndose al pírrico 1,14 % de ventaja en votos sobre el PSOE. Su mueca torcida reflejaba la frustración por lo que había ocurrido esa noche: los casi dos millones de votos que los trabajadores han dado a la izquierda impiden, como en los últimos 30 años, que la derecha gobierne Andalucía.

Los dirigentes del PP habían hinchado las velas tras los resultados de las generales de noviembre. Insistiendo una y otra vez en la supuesta “legitimidad” que les habían otorgado las urnas, no han dudado en poner en marcha una furiosa ofensiva contra los gastos sociales y los derechos de los trabajadores. Recurriendo a una demagogia descarnada, engañando y apoyándose en el colapso electoral del PSOE en las elecciones generales de noviembre, veían posible su vuelta al gobierno andaluz desde que en tiempos de la dictadura franquista monopolizaran el poder basándose en la represión y en la falta de libertad sindical y política de la clase trabajadora. Una vez más hicieron lo que en la campaña de las generales: no se atrevían a decir públicamente cuales eran sus auténticos planes una vez ganada la mayoría. Pero en estos 100 días desde que se constituyó el gobierno de Rajoy la situación ha cambiado drásticamente. Las medidas salvajes contra la clase obrera, los recortes en sanidad, en educación, en las administraciones locales, la reforma laboral, han desnudado al PP.

Giro a la izquierda

Como habíamos explicado desde las páginas de El Militante, en las elecciones generales no se había producido un corrimiento del voto obrero al PP. La victoria electoral de la derecha está directamente relacionada con la pérdida de más de cuatro millones de votos al PSOE que fueron mayoritariamente a la abstención (750.000 en Andalucía). Este fue el severo castigo de millones de trabajadores y jóvenes a la política de claudicación ante los grandes poderes económicos del anterior gobierno de Zapatero. No había pues, datos que respaldasen el supuesto giro a la derecha por parte de trabajadores. Por el contrario, como demuestra la escalada de movilizaciones que hemos vivido en estos meses en numerosos sectores, y que se han concretado en la convocatoria de la huelga general del 29M, existe un gran anhelo por parte de la clase obrera de un giro a la izquierda de sus organizaciones tradicionales.

Han bastado tres meses de gobierno de Rajoy para que se de un vuelco electoral. Los casi 400.000 votos de ventaja que obtuvo el PP en Andalucía sobre el PSOE en las generales se han quedado en poco más de 40.000 en las autonómicas de marzo. De los 3.876.780 votos computados más de la mitad han ido a la izquierda, dando a PSOE e IU 59 escaños sobre los 50 del PP. Ni siquiera juntando todos los votos del PP con los de otros partidos de derecha como UPyD o PA llegarían a lo conseguido por la izquierda.

Pero los datos nos dicen mucho más. El PSOE, con 1.523.465 votos (39,52%) pierde más de 650.000 votos respecto a las autonómicas de 2008 (cuando obtuvo 2.148.328 votos, 48,19%), aunque logra mantener 47 escaños y un importante respaldo en numerosas provincias: en Sevilla, Jaén y Huelva es el partido más votado. Pero lo más sintomático de los resultados es el ascenso de Izquierda Unida: aumenta su apoyo en casi 120.000 votos (de 315.909 votos, 7,09% en 2008, a 437.445 votos, 11,34% en 2012), doblando su representación parlamentaria de 6 a 12 escaños. El respaldo a Izquierda Unida ha ido in crescendo al calor de las movilizaciones y huelgas que se han desarrollado desde el año 2010, y al rechazo hacia las políticas que la dirección del PSOE ha llevado a cabo contra su propia base social desde el gobierno central y el autonómico.

Por otra parte, la convocatoria de la huelga general del 29M ha tenido un efecto muy positivo para derrotar a la derecha en Andalucía y darle un severo varapalo en Asturias, al contrario de lo que sucedió en noviembre de 2011cuando las direcciones de CCOO y UGT apostaron por evitar la continuidad de la lucha iniciada tras la huelga del 29S 2010, y persistir en su nefasta estrategia de pactos sociales con la patronal y el gobierno.

Por una política en beneficio de los trabajadores y contra los recortes sociales

La perspectiva abierta con los resultados electorales de las elecciones andaluzas tiene muchas implicaciones. En primer lugar, ha llenado de confianza a un amplio sector de los trabajadores, y del conjunto de la izquierda, demostrando que es posible frenar a la derecha y cuál es el camino. En segundo lugar, brinda una gran oportunidad para romper con las políticas procapitalistas adoptadas anteriormente por el gobierno de Zapatero, que asfaltaron el camino para el triunfo de la derecha, y acumular fuerzas para derrotar la ofensiva del gobierno central del PP.

La posibilidad de un gobierno del PSOE en Andalucía, con apoyo para la investidura desde Izquierda Unida, o incluso de participación de la coalición de izquierdas en el propio gobierno, se está discutiendo abiertamente. En las filas del PSOE se da por echa una u otra opción, pero en Izquierda Unida el debate tiene un calado de gran importancia. Sectores de IU en Andalucía han planteado que bajo ningún concepto se puede apoyar al PSOE, por sus políticas derechistas, incluso han insistido que IU debería tomar la misma posición que en Extremadura, dónde la abstención de los tres diputados autonómicos de IU dio al PP la posibilidad de formar gobierno en minoría. Desde la dirección federal y la mayoría de la dirección autonómica de IU se ha insistido que en ningún caso se repetirá en Andalucía la experiencia de Extremadura, y que el PP e IU son como el agua y el aceite.

Para los más de dos millones de trabajadores y jóvenes andaluces que han frenado al PP en las urnas sería un auténtico fiasco que se permitiera gobernar a la derecha. Aquellos que defienden una política que permita al PP gobernar, como han vuelto a insistir en artículos públicos dirigentes de IU de Extremadura, deberían pensar bien lo que dicen. La dirección de IU en Extremadura ha dado vía libre a que se aprueben unos presupuestos en la región que son una continuidad, en lo esencial, de las políticas dictadas por el PP en el gobierno central: recortes sociales, ataques a la sanidad y la educación pública y despidos de empleados públicos. Lo que es asombroso es que haya lideres de la coalición en esta región que lo justifiquen con argumentos de este tipo: “(…) Si IU se abstiene como se ha hecho en Extremadura, el PP conseguirá el gobierno autonómico, aunque de forma muy condicionada por carecer de una mayoría absoluta. La experiencia de estos meses de gestión en Extremadura han sido lo suficientemente interesantes como para saber que no es una decisión equivocada (…) La política extremeña se ha vuelto más dinámica y flexible, el debate y el compromiso son una realidad viva, y se han impulsado iniciativas tan interesantes como el debate sobre la Renta Básica y la denegación del proyecto de Refinería Balboa en Tierra de Barros. Cierto que las líneas maestras de la política regional siguen en manos de la alta burguesía financiera y dependen de un Estado central gobernado por el PP; pero no menos cierto es que la situación extremeña es relativamente aceptable para la izquierda, que tiene algún margen para impulsar políticas sociales y democráticas….”.[1]

Recapitulemos. ¿Así que “aunque la política de Extremadura está en manos de la alta burguesía financiera esto es relativamente aceptable para la izquierda por que hay algún margen para impulsar políticas sociales”? ¿En qué mundo viven estos compañeros? A pesar del tono “izquierdista” de las declaraciones de estas personas contra la política de derechas del PSOE, en la práctica están respaldando al gobierno de la burguesía, directa o indirectamente, y dándoles la oportunidad para que se cubran con un barniz “progresista” gracias a su apoyo. Las migajas que el PP puede conceder en formas de cargos públicos a favor de IU o promesas que no cumplirá, no pueden ocultar la realidad: su política beneficia a los ricos, a los empresarios, a los banqueros y los terratenientes, tanto en el conjunto del Estado  como en Extremadura.

Mantener una política consecuentemente de izquierdas y de clase es todo lo contrario a permitir que el PP pueda gobernar, tanto en Extremadura como en Andalucía. La postura de IU en el parlamento andaluz debe ser clara: bajo ningún presupuesto sus diputados pueden permitir al PP formar gobierno. Por supuesto, esto no implica adaptarse a la política de la dirección del PSOE, ni tampoco entrar en una coalición gubernamental en Andalucía para aplicar medidas de ajustes y recortes sociales. La primera tarea de Izquierda Unida es presentar al PSOE un programa claro para gobernar en beneficio de la mayoría trabajadora, que debe incluir, entre otras medidas, las siguientes:

1-      Inmediata puesta en marcha de un Plan de Empleo público dirigido a los desempleados de pueblos y ciudades de Andalucía dotado de 1.000 millones de euros, financiados con las partidas de deuda e intereses financieros, cuyos pagos se deben suspender.

2-      Rechazo de las obligaciones de objetivo de déficit a costa del gasto público. Aumento de los recursos públicos destinados a la enseñanza, sanidad pública, transportes, servicios sociales públicos y Ley de la Dependencia. Mantenimiento de empresas públicas, de plazas públicas y de los derechos y los salarios de los empleados públicos.

3-      Gestión directa y pública de los servicios públicos. Rescatar todos los servicios públicos que se encuentren privatizados. Poner en manos de los trabajadores la organización y el funcionamiento de estos servicios y de las empresas públicas.

4-      Subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar un empleo.

5-      Nacionalización de las empresas en crisis que amenazan con despidos y expedientes de regulación de empleo. Ni un solo despido. Empresa cerrada, empresa nacionalizada.

6-      Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de viviendas públicas suficientes, con alquileres no superiores al 10% de los ingresos familiares. Expropiación de proyectos de viviendas que se encuentran embargados, paralizados y abandonados en toda la geografía andaluza. Financiar con dinero público su terminación y en conjunción con los Ayuntamientos, adjudicarlas a jóvenes o familias con necesidad probada de vivienda a través de una renta que no exceda del 10% de los ingresos familiares. Aprobación de una ley autonómica contra los desahucios de viviendas

7-      Reforma Agraria. Expropiación de los grandes latifundios bajo el control de las organizaciones jornaleras. Puesta en marcha de un ambicioso plan de inversiones en estas tierras y modernización de la producción agrícola.

8-      Nacionalización de la banca, y los monopolios bajo control obrero y sin indemnización, salvo en caso de necesidad comprobada.

Izquierda Unida debe aprender también de experiencias muy negativas, como su participación en el gobierno del Tripartit en Catalunya, que le llevó a respaldar medidas antisociales y numerosos recortes del gasto público, o su presencia en el gobierno de Euskadi junto al PNV. Los resultados de las elecciones en Andalucía han dejado claro que una mayoría de trabajadores, de parados, de jornaleros, de jóvenes, de jubilados no quieren un gobierno de la derecha, pero tampoco un gobierno que aplique políticas contra la mayoría aunque se rotule de izquierdas. Si los dirigentes del PSOE de Andalucía no están dispuestos a dar un giro de 180º en su estrategia, si no están dispuestos a romper con la política de recortes sociales y basarse en su base social para tomar estas medidas necesarias, Izquierda Unida tiene la posibilidad clara de no entrar al gobierno y ejercer una auténtica oposición de izquierdas, movilizando a miles de trabajadores y jóvenes andaluces, incluyendo a un amplio sector que apoyó en las urnas al PSOE para frenar a la derecha. De esta manera, huyendo de cualquier visión institucional, de cretinismo parlamentario, que lleve a la colaboración con políticas antiobreras, Izquierda Unida dejaría claro que por ni activa ni por pasiva abrirá el paso al PP, al tiempo que lucha por convertirse en una fuerza que actúa conscientemente, tanto en las instituciones de la democracia burguesa como en la lucha de clases, por la transformación socialista de la sociedad.