La burguesía y el gobierno del PP dan por descontado que se van a enfrentar a una creciente contestación social (que de hecho ya está sucediendo) a su política salvaje de recortes de los gastos sociales, y están recurriendo a un endurecimiento de su política represiva para hacerle frente. La actuación de la derecha se centra en tres ejes: incremento de la represión policial contra las manifestaciones; campaña de criminalización contra las organizaciones de la izquierda y cambios legales para restringir los derechos democráticos fundamentales.

El primer episodio en la escalada represiva del gobierno del PP se produjo contra los estudiantes de Valencia, que protestaban contra las lamentables condiciones en sus institutos. En tan solo cuatro días, llevaron a los calabozos a más de 40 jóvenes, hubo numerosos casos de maltrato policial y dejaron un saldo de centenares de contusionados y decenas de heridos que requirieron atención médica (ver entrevista a una afiliada del Sindicato de Estudiantes víctima de la represión en página 10). Sin embargo, la represión consiguió lo contrario de lo que se proponía. El rechazo social a la actuación policial fue abrumador y las manifestaciones de solidaridad con los estudiantes fueron multitudinarias, consiguiendo, en la práctica, obligar al gobierno a replegar sus efectivos.

Represión policial

La otra gran movilización social contra las medidas del gobierno se produjo con la huelga general del 29 de marzo. En esta ocasión fue el gobierno de CiU en Catalunya el que destacó por su brutalidad represiva, como ya ha venido sucediendo frecuentemente en los últimos meses. Utilizando provocadores policiales infiltrados, grupúsculos sectarios completamente al margen del movimiento y lúmpenes, los Mossos d’Esquadra se emplearon a fondo con pelotas de goma y gases lacrimógenos, que no se utilizaban en Barcelona desde hacía 16 años, precipitando el final de la multitudinaria manifestación convocada por los sindicatos. Resultaron heridos 39 manifestantes, de los que 23 tuvieron que ser ingresados.
Tras la huelga general, el conseller de Interior, Felip Puig, anunciaba un plan especial contra la “guerrilla urbana”, incluyendo limitaciones al derecho a reunión y detenciones preventivas. De hecho, como un anticipo de los cambios legales que están preparando, ya se están produciendo situaciones totalmente escandalosas como la de dos estudiantes en Barcelona encarcelados “preventivamente” con presos comunes desde el día de la huelga general, como si pertenecieran a una “banda criminal”. Posteriormente al 29-M se han producido varias detenciones por participación en la huelga: el pasado 17 de abril, dos sindicalistas de CCOO de La Pobla de Vallbona (Valencia) fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil, que se presentaron en sus domicilios y puestos de trabajo a las 6:45 de la mañana y a las 2 de la tarde respectivamente, para llevarlos a los calabozos, imputados por un delito de “pertenencia a banda organizada” por haber repartido y pegado carteles de la huelga general del 29-M; se están produciendo más acciones similares.
Estos casos escandalosos se suman a una larga lista de detenciones arbitrarias y cada vez más frecuentes; como la que sufrió el secretario general del Sindicato de Estudiantes por grabar la paliza que un policía estaba dando a una joven inmigrante de 21 años en plena calle; y por la que fue golpeado y detenido durante 39 horas para ser puesto en “libertad provisional” con una petición de pena de cárcel de 3 años por atentado a la autoridad.
La utilización cada vez más habitual de pelotas de goma (dos personas perdieron un ojo por ese motivo durante la huelga general del 29-M) y de gases lacrimógenos no es ninguna casualidad. En diciembre, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la compra de gases lacrimógenos y bombas de humo por valor de 1.488.570 euros, el gasto más alto desde la caída de la dictadura en este tipo de “materiales”. El ministerio de Interior contempla en los presupuestos de 2012, un “Plan de lucha contra la radicalización”, ya estamos viendo en qué consiste.
El auge de la violencia y la brutalidad en las intervenciones policiales ha tenido su punto más trágico con la muerte el pasado 13 de abril del joven bilbaíno de 28 años Íñigo Cabacas, que a la salida de un partido de fútbol recibió el impacto a bocajarro de una pelota de goma disparada por un ertzaina, que le provocó una fractura craneal con graves lesiones cerebrales.

Criminalización de la izquierda y reforma del Código Penal

Como hemos señalado, otra de las patas de la escalada represiva de la derecha es la campaña de criminalización contra los sindicatos y la izquierda. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con las calumnias llevada a cabo por los medios de comunicación de la derecha contra el Sindicato de Estudiantes desde el mes de octubre de 2011, justo después de que el SE sacara a las calles a decenas de miles de jóvenes en todo el Estado en defensa de la educación pública, y que ha hecho que hayan aparecido artículos en Abc, La Razón, en programas de Intereconomía o telediarios de Telemadrid, entre otros, que, como elemento común, vienen a plantear que el SE es una organización de vándalos, delincuentes, violentos y vagos que tiene vínculos con el terrorismo. También la web de El Militante ha sido criminalizada recientemente por La Razón.
Toda esta campaña está relacionada con la reforma del Código Penal que el gobierno quiere aprobar a finales de año. La última noticia respecto a este punto es la escandalosa propuesta que ha hecho el ministerio de Interior, en colaboración con el de Justicia, para que se contemple “la posibilidad de que sean castigados penalmente asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones en las que alguno de sus afiliados altere el orden público”. En un intento de atar de pies y manos a las organizaciones de izquierdas.
Además, en las propuestas se incluye también el “delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación”. A partir de ahora, cualquier persona que participe en una de las muchas convocatorias en las habituales plazas de pueblos y ciudades que durante un año y de manera pacífica ha venido realizando el 15-M, o difunda la existencia de las mismas por las redes sociales, podrá ser acusada de un delito, nada menos que de “integración en organización criminal.” Por si esta salvajada no fuera suficiente, el PP incluirá la resistencia pasiva en la consideración de “atentado contra la autoridad”, lo que puede conllevar, además, una pena de hasta 2 años de cárcel. El ministro de Interior ya ha anunciado que la policía dispondrá de “todos los medios necesarios” para poner en práctica estas medidas.
Todo esto, lleva a una conclusión: el PP, paralelamente al retroceso histórico en los derechos sociales, está impulsando un profundo recorte a los derechos democráticos conquistados por la clase obrera y la juventud en la lucha contra la dictadura. El recurso a la represión es una señal de debilidad de la burguesía y tenemos que convertir esa ofensiva en su contrario: en más movilización y más organización. Tenemos fuerza para ello, pero es fundamental que los partidos y sindicatos de la izquierda tenga como punto prioritario, ligado a la lucha por la defensa de la sanidad y la educación pública, la denuncia de todos los atropellos a los derechos democráticos que se están produciendo.