Durante todos estos años, el clientelismo y el enchufismo más descarado han sido las notas predominantes en materia de contratación en los ayuntamientos. Estas prácticas se han desarrollado con total impunidad, con la complicidad de las oficinas de empleo, y sin que el sistema legal, supuesto garante del estado de derecho, haya puesto freno a semejantes manejos. En los tiempos de bonanza, muchas alcaldías se han sostenido sobre una política que reduce a los trabajadores a la condición de mercancía. Pero la crisis capitalista y el desempleo masivo han propiciado que miles de familias trabajadoras reclamen igualdad de trato en las contrataciones municipales, dejando en evidencia las políticas clientelares y provocando, en el plano electoral, la caída de la mayoría de los gobiernos que mantenían estos abusos.

La participación de los trabajadores a través de la política asamblearia

El programa político con el que IU de Villaverde nos presentamos a las elecciones planteaba expresamente la cuestión fundamental del reparto democrático del trabajo. Contra el sistema caciquil implantado por la coalición PP-PSOE en el gobierno, nosotros reivindicamos la democracia asamblearia, donde vecinos y trabajadores pueden organizarse en asambleas convocadas con un orden del día, debatir ordenadamente los temas que les afectan y tomar decisiones sobre la política a seguir en el Ayuntamiento, unas decisiones vinculantes para el gobierno de IU que actúa, nunca mejor dicho, en calidad de representante del pueblo.
Desde que asumimos la alcaldía de Villaverde no hay tema de la vida local que no hayamos abordado con estos métodos de democracia directa. Así ocurre con las obras y proyectos públicos, los servicios municipales, el derecho a la vivienda e incluso el reparto de alimentos de la Cruz Roja, organizado con la intervención directa de los beneficiarios que controlan el reparto equitativo de los alimentos, reforzando los lazos de solidaridad entre ellos y combatiendo la imagen de que están recibiendo limosnas. Pero sin duda, donde la política asamblearia está alcanzando una mayor profundidad y extensión es en el tema del empleo.

El reparto del trabajo

No es exagerado decir que en este momento, el ayuntamiento de Villaverde del Río es el principal promotor de empleo de la localidad. Mientras las empresas privadas despiden, desaparecen y reducen salarios, el ayuntamiento ha incrementado su plantilla en más de 50 trabajadores, muchos de ellos provenientes de la recuperación de servicios que estaban privatizados, como la Ley de la Dependencia. La política de empleo se apoya en la defensa de los derechos y servicios públicos y la distribución de los contratos de manera democrática y transparente, es decir, con la participación y el control de los mismos trabajadores y trabajadoras que se presentan a las plazas y programas que ponemos en marcha. Todo el proceso de elaboración de las bolsas de trabajo está dominado por los métodos de la democracia obrera.
Las bases que han de regir la selección y el orden de los trabajadores en la bolsa de trabajo se plantean, se discuten y son finalmente aprobadas en asambleas públicas convocadas con la mayor difusión, con la asistencia de centenares de trabajadores de los sectores y profesiones a los que estén orientados los contratos ofertados. Las asambleas eligen sus propios comités de trabajadores para gestionar directamente las labores de valoración y puntuación de solicitudes, y velar por la mayor transparencia en los trabajos. El papel del ayuntamiento es ofrecer los medios materiales y de asesoramiento a los trabajadores para que puedan llevar a cabo su cometido con garantías.
Las bases son aprobadas por decreto de alcaldía, una vez propuestas por la asamblea de trabajadores, los comités se pronuncian en actas firmadas y el Pleno de la corporación aprueba el listado y las baremaciones finales de la bolsa. Si bien la democracia formal y la legalidad vigente con sus secretarios, tribunales e inspectores, los mismos que no han movido un dedo para impedir la farsa del sistema de contrataciones en los ayuntamientos, no desaparece por la acción de una política revolucionaria desarrollada en un solo ayuntamiento, sí se encuentra subordinada a la verdadera democracia, la democracia obrera, donde la participación organizada de los trabajadores es la única garantía de transparencia e igualdad. Es una situación que responde a una determinada correlación de fuerzas. De hecho, todo este proceso se realiza evitando entrar en conflicto con la normativa y legalidad existente sobre ofertas públicas de empleo. No queremos facilitar la tarea de iniciar acciones legales contra el ayuntamiento. La democracia burguesa, mientras exista el capitalismo, no desaparece con ser obviada, pero, en cualquier caso, nuestra experiencia es una prueba indiscutible de la posibilidad de defender una política revolucionaria incluso dentro las instituciones burguesas.

Un paso más, el control obrero de la producción

Con estos métodos, existen en el ayuntamiento de Villaverde once bolsas de trabajo en funcionamiento bajo la supervisión de comités y asambleas de jardineros, albañiles, limpiadoras, fontaneros, auxiliares administrativos, etc. Las trabajadoras de atención a la Ley de la Dependencia representan un paso más en la democracia que defendemos. La municipalización del servicio ha supuesto para las trabajadoras estabilidad laboral, derechos y cobrar todos los meses puntualmente. Después de pagar a las trabajadoras y los gastos del servicio, aún nos está quedando un fondo, que en otro tiempo eran los beneficios empresariales, que vamos a dedicar a ¡una paga de beneficio repartida entre las cuarenta y dos trabajadoras! En plena ofensiva del gobierno para privar a los trabajadores públicos de sus derechos salariales, nosotros aprobamos una paga extra más. Estos son estímulos muy claros y contundentes para la comprensión de los trabajadores de las ventajas de la iniciativa pública y de la política asamblearia. En este escenario, y conscientes de la necesidad de mantener la calidad del servicio y la viabilidad económica del mismo, las trabajadoras han constituido comités de formación y de calidad, para impedir la relajación de la plantilla en el desempeño de su trabajo y un comité económico y presupuestario para llevar el control de lo que se ingresa y lo que se gasta. Estos son los principios del control obrero, aceptados y desarrollados con la mayor naturalidad por trabajadoras del sector servicios, demostrando en la práctica la validez de unas políticas perfectamente aplicables al control y dirección de una fábrica por los propios trabajadores, de las tierras agrícolas, como estamos viendo en las ocupación de las tierras de Somonte, o incluso del sistema financiero, de la banca, en manos de los trabajadores para satisfacer las necesidades sociales, y no para especular, engañar y desahuciar a las familias trabajadoras.