ACUDE MAÑANA 18 DE NOVIEMBRE A LA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

A LAS 13 h. DE CIBELES A LA PUERTA DEL SOL

En abril el Gobierno aprobaba el Real-Decreto Ley (RDL 16/2012), con el eufemístico título de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, poniendo como excusa el déficit de las cuentas públicas. Pero su objetivo real va mucho más allá. En primer lugar, se trata de revertir el llamado “efecto llamada” y potenciar la xenofobia y el racismo contra los inmigrantes. En segundo lugar, se pretende dar una vuelta más de tuerca al proceso iniciado en 1991 con el “informe Abril” y en 1996 con Aznar, de desmantelamiento y privatización del Sistema Nacional de Salud para establecer un modelo dual de atención sanitaria. Por último, se trata a la vez de preparar el terreno para nuevos ataques y recortes sociales.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando explicaba que estas medidas tienen como finalidad que España “deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal”, ya que “los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países”[1]. Pero se trata de una verdad a medias. De hecho, si esta medida supone un ataque directo a los inmigrantes ilegales y/o irregulares, se va a cebar especialmente en aquellos que tenían permiso de residencia y trabajo en vigor y que, debido a la crisis y al desempleo, no han podido renovar sus autorizaciones (los irregulares “sobrevenidos”).

Este nuevo ataque a una conquista histórica de los trabajadores se añade a la destrucción de miles de puestos de trabajo, al empeoramiento de las condiciones laborales, al recorte de derechos y a la drástica reducción de los salarios en la sanidad pública. El retraso de las citas con el especialista, de pruebas diagnósticas y de procedimientos terapéuticos y quirúrgicos así como un nuevo catálogo de prestaciones forma parte del mismo proceso de destrucción de lo público, complementado con el aumento del copago en diversos servicios.

Las medidas

Aunque inicialmente este RD también excluía no solo a los inmigrantes irregulares sino a los mayores de 26 años que no hubieran cotizado a la Seguridad Social, otro posterior publicado en agosto (RDL 1192/2012), les devolvía dicha condición. A las embarazadas y a los menores se les mantendrá el acceso, pero se les aplicará un copago farmacéutico del 40%. Aunque ha pasado desapercibida, esta normativa introduce una modificación ya anunciada por Rajoy en su investidura, la fragmentación de la cartera de servicios en tres tipos: básica, accesoria y suplementaria, señalando que solo la básica tendrá carácter gratuito en el momento de uso, introduciendo mecanismos de copago. Queda pendiente una orden ministerial que fije las prestaciones incluidas en dicha cartera básica, lo cual significa  que algunas de las actuales se excluirán o irán a parar a la accesorias o complementarias.

Los convenios

La mejora de la calidad se concreta en la suscripción de pólizas privadas (“convenios”), cuyo coste queda bastante lejos de las posibilidades económicas de sus “beneficiarios”, ya que se exigirá 59,19 € al mes (menores de 65 años) y 155,40 (mayores). Sanidad establece así una doble vía para ser atendidos: quienes estén asegurados, que ya de por sí pagan más que antes (medicamentazo, copago farmacéutico, transporte sanitario, material protésico, etc.) y quienes no lo estén, que podrán acceder pagando como en la privada. Pero “incluso la oferta de seguros sanitarios privados puede ofrecer tarifas más competitivas que las de la sanidad pública”[2]. Evidentemente, si estos precios son difícilmente asumibles para cualquier persona que esté trabajando y gane un salario medio, más aún para inmigrantes irregulares que, en casi todos los casos, deben limitarse al mercado laboral informal. Pero el cinismo del ministerio no tiene límites pues afirma que los menores de 65 años se van a “ahorrar” 177,5 € y los mayores 466,3.

Para poder suscribir estas jugosas pólizas el PP ha puesto dos condiciones: llevar al menos un año empadronado en España y no ser beneficiario de otro sistema de sanidad pública. Además, quedan excluidos los gastos en medicamentos y otros servicios. La firma de estos convenios será voluntaria (¡) y si no se paga, se aplicará un castigo de tres meses de suspensión del convenio (excepto la atención urgente). Si en ese tiempo se corrige el impago, el convenio seguirá en vigor.

Serán las comunidades las competentes para implantar el sistema de convenios, de comprobar la documentación y de expedirlos, pero el Gobierno limita sustancialmente sus competencias, estableciendo que será el Ministerio el responsable de actualizar las cuotas y acotar la cartera básica de prestaciones. En manos de las CC.AA. solo queda la manera de cobrar las cuotas.

Consecuencias sociales y sanitarias de la exclusión

A pesar de la protesta de todos los colectivos sanitarios, Sanidad afirma que restringir el acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero los especialistas en enfermedades infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden fuera del sistema supondrán un gasto mayor.

El número de extranjeros residentes en España al finalizar el 2011 ascendía a unos 5,2 millones[3],, de los que habría que restar los que ya han abandonado nuestro país en este año entre enero de 2011 y octubre de 2012 (927.890 en total: 117.523 españoles y el resto inmigrantes[4]). A pesar de desconocerse la cifra real de afectados, en la actualidad figuran 573.712 inmigrantes en las estadísticas oficiales como residentes sin autorización[5]. Incluso excluyendo los menores, el impacto será brutal y además se incrementará cuando entre en vigor una modificación de la Ley de Extranjería, ya anunciada por el Gobierno, uno de cuyos ejes será la eliminación del llamado “permiso de arraigo”, que permitía a los inmigrantes sin papeles obtener el permiso de residencia a través de una prueba, en la que “demostraban” haber adquirido la cultura y las experiencias españolas.

Medio millón de trabajadores serán excluidos “de facto” de la sanidad pública y un gran porcentaje de ellos se verá obligado a regresar a sus países de origen o forzados a la economía sumergida, la delincuencia o la marginación social. Las familias que se habían agrupado tendrán que separarse de nuevo porque no podrán costear el gasto de sus familiares de más edad con enfermedades crónicas. Solamente las personas o parejas jóvenes “sanas” y/o con hijos pequeños podrán quedarse... hasta que enfermen y necesiten atención sanitaria. Por otra parte, aunque se afirma que los inmigrantes irregulares que padezcan ciertas enfermedades graves o altamente contagiosas seguirán recibiendo tratamiento si ya lo venían haciendo antes del 1 de septiembre, no se ha especificado qué pasará con los casos que surjan después de esa fecha.

Impacto en la salud pública

Aunque hasta ahora se ha hecho más hincapié en el riesgo de un aumento de enfermedades infecciosas, se trata de la punta del iceberg. Es cierto que esta exclusión implicará un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y que se generará un serio problema de salud pública, pero no debemos olvidar que existen otras muchas enfermedades agudas y crónicas en los seres humanos.

SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS)

La Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA) estima que entre el 65% y el 70% de los inmigrantes con VIH en situación irregular no conocerán su infección y que varios miles dejarán de recibir tratamiento antirretroviral. De hecho, se producirá un aumento de casos no diagnosticados, de muertes (hasta los niveles registrados en los años 90[6]), de infecciones oportunistas, de ingresos hospitalarios (que podrían llegar a los niveles de finales de los 80, cuando no existían los tratamientos actuales), de la transmisión de VIH de madres a hijos durante el embarazo y de un aumento en la población general. Desde el punto de vista económico, la medida también tendrá efectos negativos.

Dos ETS clásicas (sífilis y gonococia) y otras también están fuertemente asociadas a las situaciones de pobreza o marginación. Igualmente encontramos aquí las hepatitis B y C.

Tuberculosis

Según Neumosur, las comunidades autónomas estarán más desprotegidas frente a la tuberculosis si no atienden a los “irregulares”. Cada año se detectan en España 8.056 nuevos casos de tuberculosis (datos de 2010). La tuberculosis diagnosticada en los inmigrantes representa en algunas comunidades como Andalucía hasta la tercera parte de los casos[7]. La tuberculosis es otra enfermedad ligada a la pobreza que es más frecuente entre los inmigrantes.

Paludismo, otras enfermedades tropicales y parasitosis

En las últimas décadas, el número de ingresos hospitalarios en nuestro país ha sobrepasado los 2.000 entre 1999 y 2002. Otras enfermedades parasitarias, sobre todo las helmintiasis (gusanos intestinales) también más frecuentes en inmigrantes.

Trastornos mentales

Las trastornos mentales suponen la segunda causa de consultas, siendo más alta que en la población autóctona (50% frente a 20%[8] en 2009). Según la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, “el estrés provocado por el cambio radical de cultura y hogar y el sentimiento de discriminación que sienten muchos ciudadanos extranjeros son causa de esta creciente emergencia de patologías mentales en este colectivo. Los inmigrantes se ven forzados en ocasiones a sobrevivir en condiciones precarias que pueden repercutir negativamente en su estado de salud psíquica. Ésta se ve influenciada por la falta de soporte familiar y psicosocial, precariedad laboral e irregularidad legal, condiciones de vivienda y habitabilidad, discriminación racial, marginación social y políticas de exclusión”[9].

Las CC.AA.: divididas... pero hasta cierto punto

Como era de esperar, la mayoría de las gobernadas por el PP o bien aplicarán a rajatabla la exclusión sanitaria (Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja), se han mostrado ambiguas (Valencia) o habilitarán documentos acreditativos (Galicia y Castilla y León), con diversas peculiariades. Mientras Galicia exige una acreditación (carencia de recursos y empadronamiento anterior al 1 de septiembre), en Castilla y León se les registrará como “asegurados especiales” (consultas de Atención Primaria). Navarra creará un fondo de ayuda para cubrir la asistencia de los que no ganen más de 532 € mes, lleven más de un año inscritos en el padrón y no tengan antecedentes penales (¡).

Catalunya, avanzadilla de los recortes sanitarios con CiU y el PP en sintonía, a la vez que ha establecido una tarjeta sanitaria propia, pone una serie de requisitos que no se diferencian en lo fundamental de las medidas del PP (tres meses de empadronamiento para acceder a la Atención Primaria y más de un año de residencia para Especializada.) y además un sistema burocrático de “acreditación” (comités para evaluar si se trata de “turismo sanitario”, autorización para ser atendidos por los especialistas, solicitudes para ser atendidos exclusivamente en Primaria).

Canarias (CC y PSOE) mantiene una posición ambigua y contradictoria. Los gobiernos socialistas (Asturias, Euskadi y Andalucía) han optado por una disparidad de criterios. En Asturias se presentará una solicitud en su centro de Atención Primaria y se asignará un código de identificación, pero las recetas se harán sin financiación pública, aunque ¡se les comunicará la posibilidad de dirigirse a  ONGs!). En Andalucía existe un “Documento Asistencial Temporal” para poder incluir su historia clínica. En Euskadi afirman que se seguirá atendiendo como hasta ahora, pero sin más concreciones.

¿Qué hacer?

Tanto los partidos de izquierda como los sindicatos de clase y numerosos colectivos y trabajadores sanitarios se han manifestado “objetores” de estas medidas reaccionarias, pero se trata de pasar de las palabras a los hechos. Si el PP pretende devolvernos a las condiciones del siglo XIX, los trabajadores estamos obligados a estar a la altura de las circunstancias y recuperar las tradiciones de lucha unitaria y organización que requiere la situación actual.

Las direcciones sindicales y de los partidos de izquierda no pueden escudarse ni en la falta de trabajadores cualificados ni de locales o recursos, más bien al contrario: miles de profesionales sanitarios, afiliados o no a las organizaciones de clase, estarían dispuestos a organizar estructuras paralelas comunitarias de atención sanitaria a los trabajadores excluidos, a la vez que seguir combatiendo la ofensiva reaccionaria del PP. En este proceso sería también fundamental la colaboración con las organizaciones de vecinos, de inmigrantes, etc. dispuestas a la unidad de acción. Como en el caso de la Educación, los partidos y sindicatos obreros deben enfrentarse a la realidad de una ofensiva descomunal contra el Estado del Bienestar recuperando las tradiciones obreras que dieron lugar al surgimiento de estructuras surgidas al calor de la lucha (cajas de socorro mutuo, economatos, escuelas, cajas de resistencia, comedores comunitarios, almacenes de medicamentos y material sanitario, consultorios sanitarios comunitarios, etc.).