El año 2013 comenzó con malas noticias para los trabajadores de las antiguas Cajas de Ahorro salvadas con dinero público. Cumpliendo las condiciones marcadas por la Unión Europea para hacer efectivo el rescate, tres de las entidades rescatadas —Bankia, Banco de Valencia y NovaGalicia Banco— presentaron EREs que afectaban a una parte muy importante de sus plantillas.
Estos despidos son la consecuencia directa de la crisis financiera y continúan el proceso de destrucción de empleo iniciado en 2008 y que está eliminando miles de puestos de trabajo en el sector —15.000 en banca y 35.000 en cajas— sin que hasta el momento los dirigentes sindicales hayan planteado la necesidad de darle una respuesta tajante. Por el contrario, su política ha sido la aceptar las reducciones de empleo sin movilizar a las plantillas afectadas, a pesar de que una gran parte de los trabajadores bancarios se ven obligados a prolongar sus jornadas (generalmente sin compensación alguna) ante la acumulación de carga de trabajo. De esta forma, reducciones brutales de puestos de trabajo en bancos plenamente rentables (como es el caso del Banco Sabadell, que en octubre eliminó 1.250 puestos de trabajo) se han realizado sin conflicto alguno.
La primera huelga desde los años 90
Pero ante la gravedad del ataque que suponían los tres EREs presentados en enero, los dirigentes sindicales no han tenido otra opción que convocar huelga, la primera en el sector desde los años 90. Y no se trataba sólo del alto número de afectados —5.900 en Bankia, 890 en Banco de Valencia y 2.250 en NovaGalicia— ni de las duras condiciones ofrecidas a los despedidos —22 días por año trabajado con un tope de 14 meses— sino que además a los trabajadores que conservasen su empleo se les aplicarían fuertes reducciones salariales, que en Bankia oscilarían entre el 40% y el 50%.
El 29 de enero se realizó la primera jornada de huelga parcial de dos horas y manifestaciones, que fue seguida con entusiasmo por los trabajadores de las tres entidades. Este éxito preparó el terreno para que la segunda oleada de paros prevista (2 horas de paro los días 4 y 5 de febrero, y paro total el día 6) despertase grandes expectativas entre los trabajadores de banca, que al fin veían que se iniciaba una respuesta organizada a la masiva destrucción de empleo en el sector.
Pero la ilusión duró muy poco. El 4 de febrero los sindicatos alcanzaron un acuerdo con Banco de Valencia y suspendieron la huelga en esa entidad. Al día siguiente un acuerdo similar se firmó en Bankia, y la huelga también quedó sin efecto. Los trabajadores de NovaGalicia mantuvieron la huelga del 6, que fue acompañada por manifestaciones masivas y muy combativas en seis ciudades gallegas, pero finalmente los sindicatos pactaron también allí la aceptación de la reducción de empleo.
En los tres casos las condiciones pactadas son muy similares: se reduce ligeramente el número de despidos, se eleva la cuantía de la indemnización, y se ofrece un pequeño estímulo económico para promover las bajas voluntarias. Y es este último aspecto, la voluntariedad de las bajas, a lo que los dirigentes sindicales se aferran para hablar de “éxito” de la negociación.
¿Sirvió para algo la huelga?
A la vista de los acuerdos alcanzados, muchos trabajadores del sector se preguntan si la movilización fue o no útil. Desde luego, los acuerdos firmados significan un terrible retroceso en los derechos conquistados en las movilizaciones de los años 70 y 80. Especialmente sangrante es la falacia de la “voluntariedad” de las bajas. Enfrentados al dilema de aceptar “voluntariamente” el despido y recibir como indemnización el equivalente a 20 meses de salario, o esperar al despido forzoso y recibir sólo 16 meses, los trabajadores se apresuran a pedir el finiquito. Y especialmente lo hacen cuando los jefes de oficina o departamento les “aconsejan” amigablemente que es mejor que se vayan por las buenas porque “no se cuenta contigo” y “mañana las condiciones serán peores”.
Como no podía ser de otra manera, sin el apoyo de una organización sindical que se plante ante la destrucción de empleo, cada trabajador individual se siente aislado e indefenso, y acaba cediendo a la brutal presión empresarial.
Además, la aceptación de estos EREs en modo alguno garantiza que se eviten nuevos despidos. Más bien ocurre al contrario. La patronal bancaria se crece ante la debilidad que demuestran los dirigentes sindicales y pronto planteará nuevos ataques. Como declaraba el pasado 13 de febrero Jaime Guardiola, consejero-delegado de Banco Sabadell: “queda por realizar la parte gruesa de la reestructuración bancaria” así que habrá una “reducción significativa de empleados y oficinas”. De hecho, el ERE pactado en Banco de Valencia, que finalmente será de 795 despidos, es el segundo que realiza la entidad, después de un primer ERE, también pactado con los sindicatos, de 360 despidos. Banco MareNostrum ya despidió a 4.900 trabajadores en dos EREs pactados, y actualmente tiene en curso un tercero.
Hay otra alternativa
Sin embargo, el contenido de los pactos no debe ocultar los resultados positivos que tuvo la movilización. Si las condiciones planteadas inicialmente por las entidades se han mejorado, aunque sea mínimamente, ha sido únicamente por la presión de los trabajadores, y por el temor de la patronal bancaria a la extensión del conflicto. Porque no hay que olvidar que las jornadas de paros parciales y las manifestaciones unieron a las plantillas y demostraron inequívocamente su voluntad de lucha. Si los dirigentes sindicales hubiesen planteado con firmeza su negativa a que se continúe destruyendo empleo en el sector, no sólo hubieran mantenido el apoyo de las tres entidades convocadas a la huelga, sino que habrían podido ampliar la movilización a las nuevas entidades que han declarado estos últimos días su decisión de destruir más empleo. Los trabajadores de Barclays (1.100 despidos), CaixaBank (3.500 despidos), Santander (3.000 despidos) se habrían sumado a la lucha si el objetivo de defender el nivel de empleo en el sector se hubiera proclamado como la línea roja que los sindicatos nunca traspasarían.
Y no sólo los trabajadores bancarios responderían a una convocatoria firme de movilización. El malestar social con la banca ha alcanzado tales niveles que una lucha decidida contra los abusos de los banqueros podría movilizar a los afectados por las hipotecas (150.000 familias desahuciadas desde 2008) o los estafados por las preferentes. Los sindicatos deben vincular el mantenimiento del empleo en el sector a la necesidad de contar con un sistema financiero al servicio de las necesidades sociales, en lugar de ser un instrumento de la más descarnada especulación. Como planteábamos en El Militante de febrero de 2010: “las cajas sólo pueden salvarse si se incorporan a un sistema de banca público, formado a partir de la nacionalización de todo el sector financiero, sin indemnización alguna y bajo el control de los trabajadores”. Este es el único objetivo que puede unir a los trabajadores del sector con la ola de movilización social que lucha contra los efectos de la crisis capitalista.
