¡La cárcel para los banqueros, los corruptos y los explotadores!
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de condenar a Diego Cañamero, Juan Manuel Sánchez Gordillo y a dos militantes más del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a 7 meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por la ocupación de la finca Las Turquillas. Esta finca es propiedad de Patrimonio del Estado y fue cedida en 2010 al Ministerio de Defensa y se encuentra totalmente infrautilizada, está destinada sólo a alojar unos cien caballos y una veintena de burros. El SAT ocupó la finca con la intención de denunciar esta situación y exigir el uso social de la tierra para mitigar el paro que existe en la comarca.
Gordillo, Cañamero y otros 54 militantes del SAT fueron imputados de varios delitos y la fiscalía pidió una pena colectiva de 88 años de prisión y una multa de 275.000 euros. Como señala Diego Cañamero, se trata de una contradicción al condenarles “por reivindicar lo que los parlamentos aprobaron”, hay que recordar que en febrero de 2010 el Senado aprobó una moción que exigía al gobierno del PSOE que cediera la totalidad de esta finca al Ayuntamiento de Osuna, lo mismo sucedió en el Parlamento Andaluz y en la Diputación de Sevilla.
Esta sentencia es aún más escandalosa al ver cómo los responsables del caso Prestige, una de las mayores catástrofes ecológicas ocurridas en el Estado español, son absueltos por los tribunales. Cuando todavía no ha sido condenado ni uno de los banqueros que han robado decenas de miles de millones de euros a miles de personas a través de acciones preferentes y otros productos similares, por no hablar de la sentencia del Caso Malaya, uno de los mayores saqueos de arcas municipales de la historia de este país y cuyos responsables han recibido condenas de prisión y multas irrisorias.
Mientras esto sucede, los tribunales y el aparato del Estado persiguen y acosan sin tregua a aquellos que luchan por la defensa de los derechos de los trabajadores y a los que levantan la voz contra las injusticias de este sistema. Lo hemos visto en la represión y acoso sufrido por decenas de activistas sindicales en las dos últimas huelgas generales. Desde hace años el SOC y el SAT están en el punto de mira de la justicia que burguesa, a través del acoso judicial, multas económicas y penas de prisión pretenden acabar con su lucha, en total acumulan más de 900.000 euros en multas.
Esta política de acoso y represión contra los que luchan se puede intensificar y generalizar si se aprueba la nueva Ley de Seguridad Ciudadana destinada a criminalizar y acallar las protestas sociales. Desde el Sindicato de Estudiantes y la Corriente Marxista El Militante manifestamos de manera rotunda y clara: ¡Basta de represión y absolución de Diego Cañamero, Sánchez Gordillo y los militantes de SAT! ¡Basta de juicios farsa! ¡Anulación de todos los procedimientos, de todas las condenas y de todas las multas impuestas!
