El pasado viernes 25 de noviembre el gobierno de Mariano Rajoy, acusando la presión de la movilización en las calles de las huelgas estudiantiles del 26 de octubre y el 24 de noviembre, planteó públicamente una idea que hasta ahora se había resistido a aceptar: la retirada de la LOMCE. Ese mismo día, presentaba un acuerdo junto con el PSOE y Ciudadanos para la creación de una subcomisión parlamentaria para la elaboración de una nueva ley educativa que sustituya a la reaccionaria LOMCE. Mientras tanto, su propuesta es que las reválidas queden suspendidas de la siguiente forma: que la prueba de segundo de bachillerato sea igual a la PAU y sin efectos académicos, es decir, no será necesaria para obtener el título de bachillerato sino sólo para acceder a la Universidad, y que la de 4º de la ESO no sea obligatoria para todos los alumnos, no tenga efectos académicos y se realice sólo en algunos centros que elijan las comunidades.
