En una entrevista concedida al diario 20 minutos, la ministra de Educación, Isabel Celaá, adelantaba parte de los planes del Gobierno de coalición PSOE-UP para el inicio del próximo curso: centros a la mitad de su capacidad, un modelo mixto de enseñanza “online” y presencial, y lo más asombroso, todo ello sin contemplar ningún aumento del presupuesto para la educación pública, o medida alguna para reducir las ratios, contratar a miles de profesores o garantizar la conexión telemática. De nuevo, la propuesta de un Gobierno que se dice de izquierdas es dejar a cientos de miles de familias trabajadoras en la estacada.
A pesar de las advertencias de especialistas sobre el riesgo para la salud de los y las estudiantes, el Ministerio permitirá la vuelta “voluntaria” a las aulas a finales de mayo a los menores de seis años cuyos padres y madres trabajen, de los de primaria con necesidades especiales, de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y 2º de FP en grupos de 15 alumnos por aula. A este sinsentido, colmado de improvisación e irresponsabilidad, la ministra —que reconocía que “la pérdida de la escuela presencial ahonda la desigualdad”— ha añadido una propuesta totalmente escandalosa: si no hay vacuna para el Covid-19 en septiembre, sólo la mitad de los estudiantes recibirán una enseñanza presencial, mientras la otra mitad estudia “telemáticamente” desde casa. Y todo esto a pesar de que ha quedado más que demostrado que las clases online dejan fuera del sistema educativo a millones de estudiantes sin recursos golpeados por la brecha digital.
En los planes del Gobierno y de este ministerio no se contempla la bajada de las ratios ni la contratación masiva de miles de profesores, absolutamente necesarios en las actuales circunstancias, con lo que se profundizará la desigualdad social con la que hemos terminado este curso. También está en cuestión que las condiciones de higiene de nuestros centros educativos mejoren, con unos servicios de limpieza privatizados. ¿Qué pasará con los comedores? ¿Se abrirán, o seguiremos teniendo que ver cómo Telepizza y Rodilla se llenan los bolsillos con sus menús basura? Y que no se justifiquen diciendo que es culpa del PP en Madrid: ya sabemos que a la derecha le importa muy poco la enseñanza pública y las condiciones de vida de las familias trabajadoras, pero el Gobierno no ha hecho nada por impedir este desastre, se lava las manos y mira hacia otro lado.
En las últimas horas, los responsables del Ministerio de Universidades anunciaban que se ha derogado el “tasazo Wert” y que las matrículas universitarias se verán reducidas. Pero se trata tan solo de un proyecto para las primeras matrículas que tiene que ser negociado ahora con las CCAA. Esto no puede ocultar el desaguisado que han provocado en la universidad, sin ningún plan coherente para finalizar el curso, negándose a poner en marcha el apto general para que nadie quede atrás, a que los exámenes de selectividad se suspendan —pues es imposible prepararlos en condiciones— reemplazándose por la nota de bachillerato y- lo más importante- que se garanticen las plazas suficientes y la gratuidad real de los estudios superiores para las familias trabajadoras. Algunos informes hablan ya de que el próximo curso abandonarán la universidad pública más de 50.000 estudiantes como consecuencia de la crisis y del paro masivo.
El Ministerio de Educación y el de Universidades han fracasado y no han roto con las políticas de la derecha: seguimos abandonados a nuestra suerte, sin soluciones, ni alternativas, ni medios humanos y materiales para recibir una educación pública digna, gratuita y de calidad.
No vamos a renunciar a nuestro derecho a estudiar
Llevamos semanas viendo cómo se están entregando 100.000 millones de euros del presupuesto público a las grandes empresas y a la banca para blindar su solvencia y beneficios. Cuando somos empujados al precipicio académico y las constantes vitales de la educación pública son raquíticas, las subvenciones a la privada concertada superan los 15.000 millones de euros anuales, dinero que sale de los recortes a la pública igual que ha pasado en la sanidad. ¡Y el Gobierno de coalición acepta esta realidad y no hace nada por cambiarla!
Se nos habla hasta la saciedad de un supuesto “escudo social”. ¿Pero qué escudo social no incluye un rescate a la educación pública y deja en la estacada a cientos de miles de jóvenes que vamos a tener que hipotecar nuestro futuro para poder estudiar? Es inadmisible.
Desde el Sindicato de Estudiantes queremos enviar un mensaje muy claro al Gobierno: debe rectificar de inmediato.
Si no escuchan las demandas de la comunidad educativa, si no colocan como una prioridad asignar a la educación pública al menos el 7% del PIB, acabar con los recortes y la privatización, contratar a miles de profesores y crear plazas fijas para los docentes interinos, unos servicios de comedor y limpieza públicos y dignos, bajar las ratios, aumentar drásticamente las becas y garantizar por ley la gratuidad de la educación desde infantil a la Universidad… si renuncia a defender la enseñanza pública y mantiene las mismas políticas de la derecha, el Sindicato de Estudiantes llamará a la movilización general, a la huelga y manifestaciones masivas para el próximo curso.
¡Queremos estudiar, y lo queremos hacer en condiciones dignas, en una escuela pública de calidad, inclusiva y que luche contra las desigualdades!
Nadie nunca nos ha regalado nada, ninguna nota, ningún aprobado. Sabemos lo que son las dificultades, las carencias y la lucha diaria, porque somos los hijos de la clase trabajadora. Por eso mismo no vamos a renunciar a nuestro futuro. Nos vemos en las calles.
