Desde la suspensión de las clases presenciales al comienzo de la pandemia, la situación de emergencia social en la que se encuentra la educación pública se ha puesto de manifiesto como nunca. La falta de recursos –consecuencia de los recortes del PP que no han sido revertidos por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos– ha tenido un resultado desastroso: miles de estudiantes de familias trabajadoras nos hemos visto privados de nuestro derecho a la educación en estos meses. 

El riesgo al que se nos aboca en estos días con la celebración de las injustas pruebas de la EBAU, o la imposibilidad de garantizar una vuelta a clase en condiciones en septiembre señalan una necesidad urgente: el Gobierno debe rectificar de inmediato y aprobar un plan de rescate a la educación pública. 

EBAU 2020: nuestra salud y nuestro futuro en juego

La pandemia ha obligado a tomar medidas excepcionales en todos los aspectos, empezando por cerrar los centros de estudio y confinarnos. Desde el Gobierno se insiste en que no se puede bajar la guardia y que debemos ser responsables para cumplir las medidas de seguridad, pero lo cierto es que su discurso entra en total contradicción con su práctica. A pesar de que desde el Sindicato de Estudiantes hemos reclamado insistentemente la suspensión de las pruebas de la EBAU, su respuesta ha sido hacer caso omiso: 217.000 estudiantes acudirán a facultades, pabellones e institutos en masa para realizar dichas pruebas, de las que depende nuestro futuro académico.

Los protocolos presentados por los Ministerios de Educación y Sanidad para garantizar la seguridad no son ninguna garantía. Así lo han advertido virólogos y científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializados en la lucha contra la Covid-19. Tal y como explicaba una investigadora del Centro de Biológica Molecular del Hospital Severo Ochoa: “El porcentaje de la población vulnerable sigue siendo muy alto. (…) probablemente, tenemos diez veces más infectados, casos no reconocidos, que lo que refleja el recuento oficial. Es decir, si todavía hay muchas personas asintomáticas o con síntomas muy leves que pueden contagiar, ¿cuántos de ellos habrá entre los estudiantes que se presenten a la Selectividad? No lo sabemos”. Más claro imposible. Las aulas se podrán convertir en cuestión de horas en un foco de infección del virus.

La respuesta del Ministerio de Sanidad a esta preocupación creciente ha sido aprobar que todos aquellos estudiantes que hayan tenido síntomas compatibles o hayan contraído la enfermedad no podrán acceder a los centros educativos y por lo tanto no se podrán examinar, ¿qué pasará con su futuro académico? ¿Serán no presentado? ¿Suspendido? ¿Tendrán que presentarse en septiembre perdiendo la convocatoria ordinaria? Se castiga doblemente a aquellos que han caído enfermos y que han tenido todavía más dificultades para poder seguir el curso escolar. Es un auténtico sinsentido.

Mantener la EBAU para ocultar la falta de plazas en la universidad pública

Se nos trata de convencer permanentemente de que estos exámenes son necesarios, inaplazables y casi sagrados. ¡Pero no es cierto! Su única razón de ser es la de ocultar la falta de plazas y de inversión en la universidad pública. Si hubiera plazas suficientes no habría motivo para hacer ninguna selección, ni para que hubiera notas de corte.

Es increíble que se nos arroje a esta situación de riesgo con la celebración de estos exámenes y que encima se argumente que no hay alternativa. ¡Claro que la hay! ¡La eliminación de la EBAU y la inversión de recursos suficientes para garantizar plazas en la universidad pública para todas y todos!

Esta competición no tiene nada que ver con lo académico. Todos los estudiantes que se presentan a la selectividad ya han probado sus conocimientos para acceder a la universidad. Se trata de una criba clasista, que castiga a los estudiantes de familias trabajadoras y beneficia a aquellos con más recursos económicos, los que tienen a su alcance academias privadas, clases particulares, viajes al extranjero para aprender inglés, buena conexión a internet… y todos los medios necesarios para superar cualquier dificultad.

Y una vez más se evidencia que somos siempre los mismos, los que venimos de familias humildes, las verdaderas víctimas de los recortes sociales –empezando por los realizados en nuestros centros de estudio–, y ahora encima se profundiza se acelera nuestra expulsión del sistema educativo por razones puramente económicas.

La única solución real para septiembre: un plan de rescate a la educación pública

Es imposible afrontar el próximo curso en condiciones si no se termina con la situación ruinosa de la educación pública. Las declaraciones del Ministerio de Educación proponiendo clases presenciales por turnos, o relajando su propuesta inicial de ratios de 15 alumnos a 20 o 25 no han hecho más que aumentar la preocupación de toda la comunidad educativa.

La respuesta del Gobierno ha sido anunciar el desembolso de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para la educación pública. Según cálculos de CCOO, la inversión necesaria para afrontar la situación abierta por la pandemia sería de 7.385 millones de euros. Es decir, que esos 2.000 millones son más que insuficientes y ni siquiera alcanzan para remontar lo recortado a la escuela pública por el PP.

Necesitamos un escudo social, pero uno de verdad, en el que nuestros derechos sean la prioridad y no las exigencias de la patronal. Eso es lo que debe defender un Gobierno de la izquierda. Solo hay una forma de asegurar una vuelta a clase en condiciones de seguridad para nuestra salud y que permita una educación de calidad: un plan de rescate que garantice la inversión del 7% del PIB en la enseñanza pública, el fin inmediato de los conciertos con la privada, la bajada de ratios a 15 alumnos por aula, la contratación de más de 165.000 profesores, la habilitación de espacios y la gratuidad de la educación pública desde infantil a la universidad.