¡Por el derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras!
¡Por un plan de inversión masivo para la contratación de profesorado, la reducción de ratios y el fin de la brecha digital!
El curso escolar 2020-2021 se inicia en medio del caos y con la ausencia de un plan efectivo para garantizar nuestro derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras.
La desidia mostrada por el Ministerio de Educación, y su negativa a poner en marcha un plan unificado para rescatar a la educación pública invirtiendo recursos masivos, es un completo escándalo. La Ministra, Isabel Celaá, ha tenido meses para preparar una vuelta a las aulas en condiciones dignas pero no ha hecho nada. Y no lo ha hecho porque no quieren aumentar los presupuestos para la educación pública, lo que contrasta con los miles de millones que reciben las grandes empresas y bancos del Ibex 35 o la educación privada concertada.
Con esta actitud, el Ministerio de Educación solo alimenta la brecha social y de clase que durante la pandemia no ha dejado de crecer, favorece la degradación de la enseñanza pública empeorando las condiciones en que nuestros profesores dan clases, y siembra un fracaso escolar mayor entre los estudiantes de familias trabajadoras. ¡No podemos consentir esta situación! El PSOE-UP debe rectificar inmediatamente su política educativa y poner fin al acoso y derribo que sufre la enseñanza pública.
Tras haber tenido que soportar durante meses una repugnante campaña acusando a la juventud de los rebrotes de la COVID 19, se nos arroja a las aulas sin ningún plan y en pleno auge de la pandemia. Una situación en la que no sólo está en cuestión el derecho a la educación para miles y miles de estudiantes de familias humildes sino que también se pone en peligro nuestra salud y la de los nuestros. ¡Es inaceptable!
De nuevo una solución que no resuelve nada: las clases online
La ministra Isabel Celaá y el Gobierno miran para otro lado ante la preocupación creciente de las familias y las reivindicaciones de la comunidad educativa: se lavan las manos y pasan toda la responsabilidad a las consejerías educativas de las CCAA. Con esta actitud, el Ministerio de Educación da luz verde a la derecha para que continúe su política de privatización y recortes de la enseñanza pública en las CCAA que gobierna, y renuncia a garantizar unas condiciones dignas para volver a clase.
Cuando millones de estudiantes llevamos meses sin pisar nuestros centros de estudio, la “solución” del Ministerio de Educación es que… ¡el curso sea semipresencial! La ministra Celaá pretende repetir el desastre que han significado las clases online para centenares de miles de alumnos durante el confinamiento.
Las clases telemáticas no sólo han desnudado las graves carencias materiales que padecemos tras años de recortes salvajes, también han incrementado brutalmente la carga de trabajo de nuestros profesores —abandonados a su suerte durante meses, sin los recursos ni la formación necesaria para poder afrontar una situación imposible—. Además, una nueva vuelta al confinamiento para millones de alumnos significará una pesadilla para los padres y madres que tiene que elegir cuidar a sus hijos o ir a trabajar. El Gobierno habla mucho de conciliación ¿Por qué no aprueba permisos retribuidos a los padres para garantizarla?
Un Gobierno de izquierdas debería poner en marcha inmediatamente un plan de rescate a la educación pública para revertir esta situación pero hasta ahora han renunciado a ello dejando en la cuneta a las familias trabajadoras, las más castigadas por la COVID19. ¡Tienen que rectificar de inmediato!
La ofensiva de la derecha y la dejación de funciones del Ministerio de Educación
Por si esto fuera poco, la ineficacia mostrada por el Gobierno central está envalentonando la ofensiva de la derecha, que está aprovechando esta situación para seguir regalando dinero público a sus amigos los empresarios de la concertada y la privada y continuar recortando en los servicios públicos, despidiendo a nuestros docentes y personal sanitario.
Las políticas de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid son una clara muestra de ello. Sus negocios con Telepizza y Rodilla a costa de la malnutrición de miles de niños y niñas durante el cierre de las clases, su rechazo a contratar enfermeros y enfermeras en los centros de estudio, los miles de docentes de educación especial, escuelas infantiles y comedores despedidos, la destrucción de más de 14.000 plazas en la escuela pública para este curso, son sólo algunos ejemplos.
La marca del Partido Popular, Cs, Vox y la derecha es la privatización, los recortes y la precariedad laboral, la misma fórmula aplicada en la sanidad pública y las residencias de mayores que han provocado una auténtica matanza de nuestros abuelas y abuelas. ¡A esta panda de reaccionarios no le importa lo más mínimo ni nuestra educación ni nuestra salud!
16, 17 y 18 de septiembre ¡Huelga general estudiantil!
El Ministerio de Educación debe poner en marcha un plan de rescate a la educación pública y garantizar una vuelta a clase segura. Pero no escucha a la comunidad educativa y pasa la pelota a las CCAA lavándose las manos sobre un asunto que es de su máxima competencia.
Para obligarlos a rectificar, y que resuelvan las grandes carencias que padece nuestra educación pública en un momento crítico, desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a todos los y las estudiantes a la huelga general estudiantil los días 16, 17 y 18 de septiembre para lograr las siguientes reivindicaciones:
1. Inversión del 7% del PIB en la enseñanza pública. Aprobación de una partida de 100.000 millones de euros –la misma cantidad que se ha entregado a las grandes empresas y bancos del Ibex35– para rescatar la educación pública. Si hay dinero para los bancos, lo tiene que haber para la enseñanza pública.
2. ¡Educación presencial! Para que todos y todas podamos volver a las aulas en condiciones dignas y de seguridad: reducción de las ratios a 15 alumnos por aula. Puesta en marcha de un plan de construcción de centros educativos públicos y habilitación de edificios y espacios para poder garantizar estas medidas.
3. Contratación de 165.000 profesores que según datos de CCOO son necesarios para afrontar este curso garantizando una atención más individualizada (un 33% más).
4. Contratación de personal sanitario, profesionales de la psicología, trabajadores de los comedores y de limpieza en todos los centros educativos públicos. En defensa de todos los empleos incorporándolos a las plantillas públicas con todos los derechos laborales.
5. El Gobierno debe garantizar la provisión de mascarillas, guantes, geles desinfectantes… y todos los materiales sanitarios necesarios en los centros educativos.
6. Fin de la brecha digital. Reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado.
7. Que el Gobierno garantice permisos retribuidos a nuestros padres y madres para asegurar la conciliación familiar.
Los y las estudiantes no nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestro futuro y nuestro derecho al estudio están en juego.
¡El 16,17 y 18 de septiembre a la huelga general!
