La nueva ley universitaria: un regalo a los empresarios de la privada

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha presentado el anteproyecto de la nueva ley orgánica de universidades denominada LOSU. El gobierno central prevé aprobar en el cuarto trimestre de 2021 esta ley en el Consejo de Ministros para que inicie su trámite parlamentario y pueda ser aprobada en 2023, tal y como queda constatado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.

A pesar de que esta ley se presenta bajo el objetivo de llevar a cabo una “reforma integral del sistema universitario” y “limitar la acción de las instituciones universitarias privadas”, entre otras cosas, la realidad es muy diferente.

Como anunció José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, el borrador definitivo se redactará “a medida que vayamos recibiendo sugerencias por parte de todos los actores”. Pero entre estos “actores” parecen obviar a los más afectados, que somos las y los estudiantes. Este Ministro aún no se ha dignado a recibirnos ni a escucharnos, a pesar de las reiteradas peticiones que hemos hecho desde el Sindicato de Estudiantes a raíz de todos los problemas que la pandemia ha supuesto para nuestra educación superior y que siguen sin resolverse. Según parece, a los que sí tienen intención de escuchar y tomar buena nota es a los empresarios y los rectores de la universidad privada.

Cuando Castells planteó en unas declaraciones que la ley establecería nuevos requisitos para la creación y reconocimiento de las universidades tanto públicas como privadas, la patronal la educación privada salió inmediatamente para hacer pública “su preocupación”. La respuesta del ministro fue la de apurarse a tranquilizar a los representantes de la privada: la nueva ley “no supondrá en modo alguno una cortapisa a la creación de universidades privadas, más bien al contrario”, “la política del ministerio es favorable a la creación de universidades privadas” porque “aumentan la oferta educativa”.

Más claro el agua. El ministerio de Universidades dirigido por UP da luz verde a que el proceso de privatización de la educación superior continúe y se profundice. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo sobre cuáles son las facilidades que hay que dar a los empresarios para que hagan de la educación superior un negocio, en lugar de sobre cuántas plazas públicas hay que crear, cuántos recursos necesita la Universidad Pública o cómo hacerla realmente accesible para las familias trabajadoras?

Lamentablemente, esta nueva ley no nos pilla por sorpresa. Castells ha dejado claro en multitud de ocasiones su simpatía por el modelo universitario estadounidense y ha mostrado su compromiso con defender que las universidades públicas “busquen financiación a través de la empresa privada”. Sin embargo, que Unidas Podemos, que tantas veces ha hecho gala de su defensa de la educación pública, lleve a cabo este tipo de leyes que no sólo no benefician a la pública, sus estudiantes, docentes y trabajadores, sino que perpetúan el modelo de la privada, es sencillamente inaceptable.

Más mano de obra barata para las empresas

Otra de las claves de la reforma universitaria presentada es la puesta en marcha de la Formación Dual en las universidades a través del sistema de la “mención dual”, como ya sucede con nuestros compañeros y compañeras de la Formación Profesional. Esto implica que los títulos oficiales de Grado y Máster que incluyan esta “dualidad” podrán aumentar las horas de prácticas curriculares hasta entre el 20% y 50% del total de los créditos –por ejemplo, un grado de cuatro años podrá tener hasta dos años de prácticas–.

Por supuesto, las prácticas tienen una gran importancia para nosotros y nosotras: en muchas ocasiones son nuestro primer contacto con el mundo laboral. El problema es que la nueva ley no garantiza que las prácticas sean realmente formativas ni obligatoriamente remuneradas, ni que los contratos no vulneren sistemáticamente nuestros derechos. Si no hay un control por parte de la comunidad educativa, de las organizaciones sindicales y asociaciones estudiantiles sobre cómo se desarrollarán esas prácticas, ya conocemos el resultado: se convierten en otro fabuloso negocio para los empresarios, que tienen trabajadores cualificados gratis, sin derechos, reciben subvenciones del Estado por “formar” a los estudiantes y encima utilizan esta posición para chantajear y precarizar a los trabajadores que ya han terminado sus estudios.

La universidad pública desmantelada y la privada en su mejor momento

Tras años de recortes y privatizaciones en la universidad pública de la mano del Partido Popular y que el gobierno de coalición no ha revertido, se está produciendo un trasvase de estudiantes de los centros públicos a los privados. Del curso 2008-2009 hasta 2020, las 51 universidades públicas han pasado de tener 1.232.290 alumnos de grado a 1.155.728 (una caída del 6,3%). Enfrente, en el mismo periodo, los 32 centros privados pasaron de 147.336 estudiantes a 173.381 (un aumento del 17,6%).

El desmantelamiento de la universidad pública, la subida de las tasas (que la rebaja de Castells no consigue paliar) y el recorte en las becas, ha provocado que las universidades privadas tengan ya un 13% de los alumnos cursando una carrera y un 32% de los que estudian un máster. La situación ha llegado a tal punto que ya no existe mucha diferencia económica entre la privada y la pública. Este ejemplo elaborado por la Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificador no puede ser más clarificador: el grado en la Politécnica de Madrid cuesta 15.967 euros (contando las segundas y terceras matrículas) mientras en la Católica de San Antonio de Murcia, privada, alcanza los 16.560 euros.

Pero el problema no es sólo económico. Las universidades privadas funcionan como empresas donde lo que prima no es la calidad de los estudios que se ofertan sino el negocio que genera. ¿Por qué se deja en manos del lucro privado lo que debe ser un derecho esencial? Queremos educación universitaria pública y gratuita, ¡pero también queremos que sea de calidad!

Por una universidad 100% pública, gratuita y de calidad

En este último año y medio de pandemia, donde los estudiantes de la pública hemos sido duramente golpeados por una política totalmente fallida del ministerio, quienes hemos seguido pagando matrículas desorbitadas mientras las clases online eran la norma, cuando en pleno pico de contagios hemos tenido que ir a las facultades a examinarnos… ha demostrado que la situación que vive la universidad pública es deplorable. Y que ahora, el mismo ministro que ha estado desaparecido en la mayor crisis sanitaria y universitaria que hemos vivido, presente esta nueva ley, totalmente continuista con las políticas aplicadas por el PP, es un verdadero insulto. ¡Exigimos que dé marcha atrás y ponga en marcha una ley universitaria en defensa de la pública!

Necesitamos que la universidad sea 100% pública y gratuita para que todas y todos, independientemente del dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria, podamos estudiar. Necesitamos una inversión económica masiva para garantizar correctas instalaciones y buenas condiciones laborales para los docentes. Que se eliminen las segundas, terceras y cuartas matriculas, la ampliación drástica del plan de becas... Hay que rescatar la educación y universidad públicas, y no a los bancos y a las empresas privadas. Hay dinero para hacerlo, sólo hace falta voluntad política.

No daremos ni un paso atrás. Seguiremos luchando por conseguir nuestras reivindicaciones en las calles y en los centros educativos. La pública no se vende, se defiende.