Se acerca la campaña electoral y con ella las medidas desesperadas del Partido Popular para tapar cuatro años de ataques y recortes a la educación pública. El gobierno ha decidido encargar al filósofo José Antonio Marina un Libro Blanco de la Función Docente.Arropado por un supuesto halo de “independencia”, este proyecto, de llevarse a cabo, significará nuevos retrocesos para la educación pública. Aunque aún no ha sido publicado, ya se conoce cuál será su línea fundamental: doblegarse a las exigencias de las grandes empresas y adaptar el sistema educativo a los beneficios empresariales y no a las necesidades de los alumnos y la sociedad, es decir: atacar las condiciones de profesores y estudiantes y profundizar en la segregación de alumnos en función de su capacidad económica, tal y como propone la LOMCE.
Ranking de profesores e “incentivos” económicos
La propuesta más sonada ha sido la de vincular el salario de los profesores a los resultados educativos del centro, de manera que los profesores que obtengan más aprobados en las pruebas externas que se hagan serán recompensados económicamente. Esta nueva evaluación sería la otra cara de la reválida y los rankings de centros, una medida que sigue profundizando en la segregación y la desigualdad de la LOMCE, ya que es una constante que los centros situados en los barrios más castigados por el paro, la precariedad y con más problemas socioeconómicos obtienen peores resultados. A nadie se le escapa que los centros públicos de zonas, como por ejemplo en Madrid, la Moraleja poco tienen que ver con los institutos de Villaverde, Carabanchel o Vallecas, donde las condiciones son mucho peores, tanto en el propio centro como en el barrio, donde los trabajadores sufren las consecuencias de los recortes, el paro, los desahucios, provocando a su vez problemas sociales mayores. Pagar menos a los profesores que trabajen en circunstancias más difíciles es acrecentar aún más la división, con centros “bien” para unos pocos, que dispongan de medios y profesores bien pagados, y centros de segunda, a los que iremos todos los demás. Si la división que plantea la LOMCE para los estudiantes con sus itinerarios no era bastante, ahora viene la segunda parte en la que los profesores también sufrirán la segregación.
Marina habla de “criterios correctores” a la hora de la evaluación para tener en cuenta las diferencias socioeconómicas de los centros. Algo difícil de creer cuando hemos visto cómo valora el PP a los estudiantes: nada de evaluación continua ni criterios pedagógicos, para ellos lo único que cuenta es la nota de las reválidas y si no apruebas, te expulsan del sistema educativo sin ningún miramiento.
¡En vez de combatir la desigualdad desde la propia educación pública lo que plantea es subir la nota en el examen a los centros más desfavorecidos! Y le preguntamos al señor Marina, ¿exactamente cómo se compensa al tercio de niños que viven en la pobreza en el Estado español? ¿0,25 más en la evaluación? ¿Y al 8,3% de niños en pobreza severa y probablemente con malnutrición? ¿Medio punto sería suficiente?
En aquellos países donde se ha optado por este modelo, los resultados han sido nefastos. En Estados Unidos, el sistema Race to the Top, que vincula la financiación de los colegios a sus resultados en los test estandarizados, ha generado un sistema educativo en el que se han creado auténticos guetos y donde, por supuesto, no priman las necesidades del alumno, sino su capacidad para hacer test.
La culpa no es de los profesores. ¡Los culpables son los recortes del PP!
Estamos ya bastante acostumbrados a las campañas de criminalización contra los jóvenes (“ni-nis”, vagos…). Esta vez la cabeza de turco son los profesores, a los que se culpa de los malos resultados educativos, sin mencionar ni una sola palabra de los recortes del PP, el despido de 32.000 profesores, el cierre de centros, el incremento de tasas, la disminución de becas, el aumento de ratios, que aquí se invierte menos en educación que la media europea…
El señor Marina ha decidido que todo eso es secundario, que los problemas del sistema educativo son porque tenemos malos profesores. Su solución es poner todavía más trabas para poder llegar a profesor. Previamente al Plan Bolonia, para ser profesor de secundaria había que realizar, además de la licenciatura, el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), un curso que duraba un cuatrimestre y que a lo sumo costaba unos cientos de euros. Si bien es cierto que la calidad del CAP era muy discutible, no suponía una barrera para nadie que tuviese vocación docente. La contrarreforma de Bolonia convirtió el CAP en el Máster para la Formación del Profesorado, que dura un año entero, tiene precio de máster (es decir, miles de euros) y en el que tampoco se aprende nada que sea útil para dar clase.
En vez de abordar la precariedad del profesorado, la “solución” propuesta por Marina es crear una especie de MIR educativo, parecido al de los médicos, donde durante dos años el profesor estudiante esté desempeñando una labor docente. Evidentemente, nosotros no estamos en contra de mejorar la formación del profesorado, pero echando un vistazo a la auténtica finalidad de los contratos de práctica o a los de becario, es bastante evidente que este MIR se convertiría en un nuevo deterioro de las condiciones laborales de los profesores, sustituyendo a profesores por “residentes”, con peores condiciones y cobrando menos. A esto se añade que desde 2009 se han perdido 23.000 plazas de docente y que el 20% de los profesores son interinos, lo que conlleva una inestabilidad laboral enorme, cambiando de centro cada año (o incluso varios centros en el mismo curso). Resulta irónico que el PP se preocupe ahora por la formación de los docentes, cuando los Centros de Formación del Profesorado llevan años cerrados y no hay ningún plan para su reapertura.
¿Pacto educativo? Una nueva estrategia para mantener la LOMCE y los recortes
La única finalidad de este informe es darle un lavado a las propuestas de la derecha en materia educativa de cara al nuevo gobierno que salga tras el 20D. Quieren desviar la atención del punto central: la necesidad urgente de derogar la LOMCE, el 3+2, el decreto de becas y revertir todos los recortes que el PP ha asestado a la educación pública. Aunque se presente a Marina como “independiente” y de vez en cuando haga alguna crítica al exministro Wert (cosa que tampoco es muy complicada), el carácter final de su Libro Blanco no deja lugar a dudas: ¡Más reformas clasistas que buscan convertir la educación en un negocio para las empresas!
El corolario de todo el informe es otro llamamiento más a un gran pacto educativo, que se presenta como la panacea para todos los males de la educación. Desde el Sindicato de Estudiantes nos oponemos rotundamente a cualquier pacto que suponga más ataques a la educación pública. Ningún conejo que se saquen de la chistera, llámese “libro blanco” o “pacto educativo” nos va a impedir ver la jugada de fondo que quiere llevar a cabo la derecha para mantener sus leyes franquistas y los recortes. Los que mejor conocemos los problemas del sistema educativo somos los estudiantes, los padres y madres y los trabajadores, que somos los que los vivimos día a día. La única reforma posible es aquella que salga de la participación democrática de toda la comunidad educativa y defienda una escuela pública para los hijos de los trabajadores.
