El gobierno del PP, quiere llevar adelante y de manera inminente, un decreto ley por el cual la actividad de la estiba (carga y descarga de mercancía en los puertos) se liberalizará totalmente en los próximos cuatro años.
La excusa que utiliza para llevar adelante dicho decreto, es el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 11 de diciembre de 2014 que condena a España por no respetar la normativa comunitaria en lo referente a la libertad de establecimiento y contratación en los puertos.
Sin embargo, y a pesar de la imagen de responsabilidad que quiere trasladar el gobierno utilizando los grandes medios de comunicación y argumentando que el país se expone a sanciones económicas por el incumplimiento de la condena, detrás de este decreto se esconde un ataque salvaje a los trabajadores y por supuesto, una enorme oportunidad de negocio para muchas empresas, fundamentalmente para las empresas de trabajo temporal.
Nuevo ataque salvaje a la clase trabajadora
El gobierno del PP, envalentonado y sin ningún tipo de oposición, se ha sentido lo suficientemente fuerte como para lanzarse a este brutal ataque que entre otras cosas supondría para los trabajadores lo siguiente:
- Despidos con indemnizaciones que correrían hasta 2014, a cargo del estado pagando 20 días por año. A partir de 2014 dichas indemnizaciones correrían a cuenta de las empresas del puerto.
- Una vez liberalizada la contratación y establecimiento, se plantea que en el primer año, se contraten en las condiciones actuales, al 75% de los trabajadores del puerto.
- En el segundo año al 50%.
- En el tercer al 25%.
Es decir un ERE de extinción encubierto que correría fundamentalmente a cargo del estado.
Tal y como plantea Albert Gil (miembro del comité de empresa del puerto de Barcelona) esto supondría que en el cuarto año partir de la aplicación del decreto ley, no quedará ningún trabajador de los que estén en las actuales condiciones laborales. Sólo existirán trabajadores en precario. Según este decreto, las empresas que operen en el puerto, podrán contratar a trabajadores que acrediten 100 jornadas en el puesto de trabajo, lo cual supone, no sólo una brutal precarización, sino también un enorme riesgo de la seguridad de una actividad altamente cualificada, como explican los propios trabajadores.
Es importante destacar que este nuevo decreto, no sólo acabará totalmente con las condiciones laborales de los estibadores, sino que abre unas enormes posibilidades de negocios para muchas empresas de trabajo temporal, que estarían amparadas tanto por el propio decreto, como por la propia sentencia de le TJUE.
La patronal del sector ya ha declarado que entiende la situación y que apoya el texto. No es para menos, las empresas tienen garantizados sus negocios y sin duda verán aumentados sus beneficios gracias a la salvaje precarización de la mano de obra.
Este ataque no pretende acabar con el monopolio de las empresas que operan en el puerto, tal y como explica insistentemente la prensa, sino que pretende eliminar de manera fulminante las condiciones laborales, forjadas en años a través de la lucha, de un sector que engloba a casi 6.500 trabajadores
El gobierno y la burda campaña pública de desprestigio
Sin duda, la estrategia del gobierno cuenta con grandes aliados como viene siendo habitual.
Loa grandes medios de comunicación insisten una y otra vez en las condiciones de privilegio de los trabajadores del puerto, no dejan de publicar su media salarial anual haciendo mucho hincapié en el supuesto mundo hermético y corporativo de los trabajadores del puerto. En definitiva, que una revisión de sus condiciones laborales y su funcionamiento interno, unida a la inapelable sentencia de la Unión Europea, justificaría, sin ningún tipo de dudas, un decreto de estas características. Es decir la prensa prepara el terreno para justificar semejante ataque.
El objetivo está muy claro, quieren poner a la gente en contra de los estibadores, argumentando que son unos privilegiados que viven en unas condiciones muy por encima de la media. La maniobra es transparente, pretenden aislar a los trabajadores intentando poner a la opinión pública en contra y con la doble pinza entre patronal y gobierno, quebrar su resistencia.
Contundente respuesta de los trabajadores
Ante semejante ataque la respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Inmediatamente se convocaron asambleas que resultaron ser masivas y con un ambiente explosivo.
Los trabajadores aprobaron un calendario de lucha que consistía en hacer huelga los días 20, 22 y 24 de este mismo mes.
El pasado martes 14 de febrero el gobierno se reunió con los sindicatos para transmitirles básicamente, que no están dispuestos a modificar el decreto y que se tendrá que abordar en su totalidad.
Esta actitud prepotente encendió aún más los ánimos de los estibadores que se reafirmaron en el calendario de huelgas aprobado, despertando una enorme ola de solidaridad reflejada de forma masiva en las redes sociales y que incluso, ha traspasado las fronteras.
Ante la determinación de los trabajadores, el gobierno del PP ha puesto en marcha una clara maniobra. Ha retrasado una semana la aprobación del decreto en el consejo de ministros, prevista para el viernes 17 e insta a sindicatos y patronal a la negociación.
De esta manera, intentará ganar tiempo para negociar con el resto de fuerzas en el congreso (básicamente Ciudadanos y PSOE) la obligatoria aprobación del decreto, al mismo tiempo que intentará incrementar la presión hacia los dirigentes de la Coordinadora de estibadores y proseguirá con la campaña pública de desprestigio.
Este llamamiento a la negociación, ha hecho que los sindicatos desconvocaran las huelgas previstas, tal y como se habían comprometido en el caso que el gobierno llamara a negociar.
Sin embargo, esta desconvocatoria no significa en ningún caso que la lucha se haya apagado. Los trabajadores del puerto no están dispuestos a ceder ante el gobierno y la patronal.
Como muchos de ellos han explicado, no tienen ninguna confianza en que esas negociaciones terminen en un acuerdo satisfactorio y mucho menos confían en el papel de PSOE y Ciudadanos como aliados en el conflicto. El gobierno ya ha reiterado que no se va a mover ni una coma de este decreto y que las condiciones laborales de los trabajadores se deben negociar en los convenios colectivos empresa por empresa. ¡Toda una declaración de guerra a los trabajadores!
La moral entre los trabajadores es muy alta y la disposición a la lucha es total.
La lucha, el único camino
Los estibadores, que ya han demostrado su determinación y que tienen una larga tradición de protagonizar luchas duras y largas en el tiempo, se enfrentarán a una enorme campaña de desprestigio y calumnias que sólo podrán contrarrestar, pasando a la ofensiva.
Será imprescindible sacar la lucha hacia afuera y ganar el apoyo entre el resto de la clase trabajadora, con una campaña de difusión del conflicto inundando de panfletos los barrios, polígonos, centros de enseñanza, mercados, etc… haciendo llamamientos a otros comités de empresa de todos los sectores para que se solidaricen con la lucha, porque tal y como explican los propios estibadores, este ataque no es sólo a ellos, es un ataque al conjunto de la clase trabajadora. Todos los trabajadores debemos apoyar esta lucha por la defensa de los derechos conquistados y participar con ellos además, con el objetivo de recuperar los que al resto se nos ha arrebatado. Sólo así los trabajadores, podremos hacer frente a los ataques y pasar a la ofensiva.
¡LA LUCHA SIGUE, LA LUCHA SIRVE!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS ESTIBADORES!
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!