Después de la sentencia del caso Noos ha estallado una ola de indignación popular. Existe un sentimiento generalizado de que hay una justicia para los ricos y otra para los humildes. Basta cualquier conversación para darse cuenta de ello, en el ascensor, en el supermercado, en el vestuario del trabajo, en la frutería, a la hora el café, en el gimnasio... todos tenemos alguna anécdota curiosa en ese sentido.
La diferencia abismal en las sentencias que hay entre unos que roban millones y otros que compran unos pañales con una tarjeta ajena alimentan ese sentimiento. Comentarios del estilo de que hay inocentes absueltos que han pasado más tiempo en la cárcel que culpables con sentencia. Véase el ejemplo de titiriteros, raperos o tuiteros varios frente a los casos de Urdagarin, la Infanta, Blesa o Rato. Estos últimos no irán a prisión ni tendrán que pagar una fianza ni estarán obligados a comparecer de manera periódica ante un juzgado pese a ser condenados por el caso de las tarjetas black. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar esta causa, decidió no imponer medidas cautelares al ex presidente de Caja Madrid y al de Bankia por considerar que su "comportamiento procesal" durante el juicio fue “intachable” y “cabal”. A la justicia burguesa se le cae ese velo de neutralidad y es vista cada día que pasa como lo que realmente es: un aparto al servicio de unos pocos, que justifica el saqueo y el robo organizado de la élite.
Los ataques a los derechos democráticos se recrudecen
Según la asociación Jueces para la Democracia se ha multiplicado por diez el número de denuncias por apología del terrorismo respecto a los años más duros de la actividad de ETA. Tampoco es casualidad que esto suceda precisamente ahora, en el momento en que el llamado “régimen del 78” empieza a tambalearse y la burguesía trata de defender sus privilegios a toda costa. La llamada “Ley Mordaza” no es más que un intento de coartar la libertad de expresión provocando situaciones que contrastan con el pasado más reciente. En los años ochenta cuando bandas de música como La Polla Récords, Barricada, Kortau... salían en la Televisión Pública no sucedía absolutamente nada. Hoy en día, algunos de estos grupos tienen que modificar las letras de viejos temas para no verse envueltos en problemas legales. Choca encontrarse en la actualidad con la cascada constante de juicios por ofensas a las víctimas y apología del terrorismo. La “Operación Araña” llevada por la Guardia Civil, abierta en sus sucesivas fases desde el año 2014, ha llevado a La Audiencia Nacional tan solo en el mes de febrero a siete tuiteros por apología del terrorismo. En muchos de los casos los acusados aceptan la condena de un año de prisión con lo que no entran en la cárcel. Huelga decir que las amenazas de elementos fascistas, los chistes homófobos o racistas, o sobre las víctimas de la represión franquista, estos si están amparados por la libertad de expresión.
Y no solo en la libertad de expresión, también en la represión a todo aquel que defienda unas condiciones laborales dignas, luche contra un desahucio, o defienda la educación o la sanidad pública, puede recaer todo el peso de la justicia sobre sus espaldas. Ejemplos son innumerables, solo por citar algunos de los más recientes: El joven vallekano Alfon, Andrés Bódalo, los Cinco de Buero, o el juicio a 12 jóvenes de Gamonal por las movilizaciones de enero del 2014 a los que la fiscalía les solicita dos años y medio de cárcel y 24.000 euros de indemnización a cada uno de ellos (además están pendientes de juicio de otros seis a los que se les solicita dos años de cárcel y 30,000 euros de indemnización).
Escándalos, corrupción, robos y chanchullos varios siempre ha habido, de hecho son la grasa que hace funcionar la maquinaria el capitalismo. La diferencia estriba en que ahora si hay una audiencia para estas historias y dejan al desnudo el carácter de la burguesía en el Estado español: el de una burguesía atrasada y parasitaria, acostumbra a hacer cuanto se le ponga en gana sin ningún tipo de recato ni disimulo. Y el de un aparato estatal heredado directamente de franquismo, en el que no se ha producido ningún tipo de criba ni limpieza de elementos fascistas, ni en la policía, ni en el Ejército, ni en la Guardia Civil y por supuesto tampoco el aparato judicial. Un aparato que funciona como una casta, donde los puestos prácticamente son hereditarios. En una época de crisis económica, social y política, ¿alguien en su sano juicio se puede plantear que la imparcialidad de la justicia no iba ser cuestionada?
