El 22 de febrero las direcciones sindicales de la multinacional británica Vodafone aceptaban la última propuesta de la empresa para aplicar el ERE presentado en enero. Asumían así el despido de al menos mil trabajadores, el 20% del total de la plantilla, a los que podrían sumarse voluntariamente aquellos empleados (102) que durante 2020 cumplan 55 años y tengan 10 o más de antigüedad.
El acuerdo incluye indemnizaciones de 50 días por año trabajado, con un máximo de 33 mensualidades. Los despidos pasan de 1.198 a 1.000, y la empresa se compromete a no volver a ejecutar otro ERE hasta 2021. Los trabajadores, colocados por los dirigentes sindicales entre la espada y la pared, han aceptado el acuerdo.
Llueve sobre mojado
La plantilla de Vodafone ha sufrido tres expedientes similares (incluyendo este último) en los últimos seis años, todos firmados por los dirigentes sindicales, golpeando a 3.100 trabajadores. La actitud de la empresa no debería sorprender a nadie. Busca recortar gastos a costa de reducir plantilla, externalizar servicios e incrementar la explotación de los trabajadores que queden. Lo que es más sangrante, una vez más, es la bancarrota de la política sindical de CCOO y UGT, y en este caso STC (Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones), que han aceptado estas condiciones sin luchar decidida y contundentemente para defender todos los puestos de trabajo.
El plan de lucha propuesto adoleció, desde el principio, de la fuerza necesaria para dar confianza a la plantilla y para hacer mella en las pretensiones de la empresa. Tras los paros parciales iniciales, en febrero CCOO y UGT convocaron una huelga de cuatro días y STC, de diez. Sin embargo, era evidente para todos que el objetivo no era oponerse a los despidos, sino orientar la negociación a un acuerdo sobre bajas incentivadas en lugar de despidos, renunciando desde el principio a la defensa de todo el empleo.
Aun así, la disposición a la lucha de los trabajadores ha quedado clara. Los días de paros tuvieron un seguimiento casi total. Miles participaron en las concentraciones y manifestaciones, y se logró el apoyo de multitud de trabajadores de otros colectivos que también están pasando o han pasado por procesos similares.
La consigna “el puesto de trabajo no se vende, se defiende” es una necesidad que con cada despido que se ejecuta cobra más y más importancia. Lanzarla como eje de la lucha hubiera generado gran confianza en la plantilla de Vodafone y podría haber convertido su pelea en un referente para otros colectivos enfrentados a un ataque similar, como los trabajadores del sector bancario del grupo Santander o Caixabank, o de empresas del automóvil como Ford.
El 2019 ha comenzado con más de 15.000 trabajadores enfrentándose a despidos. ¡Qué respuesta más poderosa se hubiese podido generar unificando todos estos conflictos y planteando que no íbamos a aceptar ni un solo despido! Pero necesitamos un sindicalismo de clase y combativo para conseguirlo y forzar a las empresas a retirar unos planes cuyo único fin es incrementar la explotación laboral de los trabajadores para seguir amasando suculentos beneficios.
