Por una vuelta segura a las aulas y una educación pública de calidad
Una mezcla de mentiras, manipulación y frases vacías están intentando ocultar la verdadera realidad del inicio del curso 2020/2021: el Gobierno, en sintonía con la cúpula empresarial del Ibex 35 con la que charlaba amistosamente hace pocos días, pretende que la crisis, como sucedió hace una década, la paguemos los trabajadores.
En su plan de choque, que al inicio de la pandemia incluyó una inyección de 100.000 millones a las grandes empresas, no hay sitio para una vuelta a las aulas segura, en línea con la ausencia de un plan de rescate a la sanidad pública o la broma pesada del Ingreso Mínimo Vital al que han accedido por ahora solo 6.000 de los 750.000 solicitantes.
El plan acordado (¡¡¡no vinculante!!!) en la Conferencia Sectorial del Ministerio de Educación con las CC.AA. del pasado 27 de agosto para la vuelta a clase es un intento descarado de iniciar la actividad lectiva sin invertir un solo euro más, como si nada hubiese sucedido y después de 6 meses de parón lectivo.
Se está llevando a cabo una intensa campaña mediática que nos intenta convencer de que no hay otra alternativa posible, de que no existe el riesgo cero y de que se ha trabajado mucho para empezar el curso. Celaá ha afirmado que llevan estudiando desde mayo cómo volver a las aulas pero hemos llegado a septiembre con un protocolo sanitario que bien podrían haber elaborado nuestros alumnos de primaria: ventilar las aulas, poner las mascarillas, desinfectar mobiliario y manos, cuarentena para los contagios, preciosos carteles informativos… Todo ello para intentar evitar lo que llevan años eludiendo: aumentar la inversión educativa, ahora mismo en el 4,3% (de las más bajas de la UE) lo que supondría enfrentarse a la poderosa patronal educativa católica y al Ibex-35.
La gran mentira: “los menores contagian menos”
El riesgo cero no existe, es evidente, pero un aula masificada y cerrada durante 6 horas al día constituye un peligro alto de contagio. Es completamente falso que los menores propaguen en menor medida el virus y no solo porque el contacto físico frecuente entre los más pequeños sea inevitable, sino porque la propia comunidad científica está alertando de ello.
Según un artículo publicado por la BBC, un estudio realizado a 60.000 menores en Corea del Sur reveló que la transmisión del virus de los niños de hasta 9 años aunque más baja es considerable (5,3% frente al 11% en adultos), pero en la franja de edad comprendida entre los 10 y los 19 años, el porcentaje alcanza el 18%. En la misma línea, la Revista de la Asociación Médica Estadounidense sugiere que los menores juegan un papel importante en la propagación de enfermedades respiratorias durante las pandemias: “Los niños son, en general, importantes transmisores de epidemias virales”; de hecho, solo en la ciudad de Berlín, en las dos primeras semanas de clase hubo 41 brotes, en un país cuyo nivel de propagación del virus es mucho más reducido que en el Estado español.
A todo esto hay que añadir el riesgo de contagio para el personal docente, a menudo obligado a la proximidad con el alumnado para la comunicación o asistencia más básicas. En Australia, según una reciente investigación publicada por la revista científica The Lancet Child & Adolescent Health sobre la reapertura de las escuelas, el 56% de los contagios se produjo entre el profesorado que supone el 10% del total de la población presente en los centros educativos.
A pesar de todas las evidencias, los Gobiernos estatal y autonómicos lo tienen bien claro: las ratios de alumnos por aula se quedan como están, con lo que no se puede garantizar la distancia, única medida realmente efectiva para prevenir el contagio. La consejera de Educación de la Xunta de Galicia, Carmen Pomar, es un ejemplo evidente de cuál es el plan de las administraciones: el 23 de agosto, en una entrevista a la Cadena Ser afirmaba abiertamente que no se va a contratar a más profesores porque no hay espacio para abrir más aulas.
Al mismo tiempo, se sigue intentando desviar la atención con la injusta campaña de criminalización contra la juventud, llevada a cabo sin ningún tipo de rigor y sin cifras, y obviando el componente psicológico y conductual de los adolescentes, cuya concienciación y educación en diferentes aspectos sociales, incluidas las precauciones a tomar para prevenir el contagio, conllevan un mayor esfuerzo y dedicación por parte de familias y escuelas.
¿Y el “Fondo Covid”?
Con respecto al famoso “Fondo Covid”, el Ministerio afirmó que ya se han inyectado 2.000 millones de euros del mismo en el sistema educativo. Sin embargo, no solo está llegando tarde a las administraciones educativas autonómicas sino que además no hay impedimento legal para que estas lo utilicen para otros fines o incluso para la educación privada. El propio Feijóo declaró su intención de gastarlo en otros ámbitos y la Comunidad de Madrid ha empezado a usarlo encargando a la empresa privada Ribera Salud (que ya ha obtenido contratos en la CAM por valor de 10 millones de euros) la realización de las pruebas serológicas del Covid-19 a los docentes.
Pero es que, además, esos 2.000 millones son completamente insuficientes. Según publicó hace pocos días CCOO, serían necesarios 7.500 millones para poder volver a las aulas con las mismas ratios del curso pasado, y 9.000 más para recuperar las de los niveles previos a la crisis de hace una década.
Por otro lado, Celaá declaró que se va a solucionar la brecha digital con el reparto de 500.000 dispositivos para primaria y secundaria. Un insulto teniendo en cuenta que el total de alumnos de la enseñanza no universitaria del Estado español es de más de ocho millones y que la mayoría de ellos no tiene todavía las competencias digitales básicas.
Esta ausencia de un plan real para la educación a distancia es absolutamente escandalosa. Después de meses en los que quedó en evidencia que la enseñanza online no es factible ni en primaria ni en secundaria, no se ha elaborado ninguna estrategia seria de mejora que incluya formación específica y completa para el profesorado, adquisición y creación de plataformas digitales de calidad para la gestión del aula online y para las videoclases, o formación digital también para el alumnado y las familias.
Una de las medidas que contemplan los protocolos de vuelta a las aulas es implementar la semipresencialidad para la educación secundaria a partir de 3º de ESO. Sin embargo, esta será en las mismas condiciones del tercer trimestre del curso pasado, condenando a miles de estudiantes a una formación precaria y a miles de docentes a un trabajo doble: clase presencial por las mañanas, clases online y seguimiento por las tardes.
Las ratios no se tocan
No obstante, lo más grave, y lo que realmente está indignando a toda la comunidad educativa es la negativa por parte del Gobierno a realizar una contratación masiva de profesorado que permita reducir sensiblemente las ratios de alumnos por aula. Ahora mismo, a pesar de que en los protocolos sanitarios se habla de “recomendaciones”, el límite legal, que será aplicado si no llegan más profesores a los centros, es de 25 para primaria, 30 para secundaria y 35 para bachillerato.
Todo ello sin tener en cuenta que para mantener el metro y medio mínimo necesario de distancia entre alumnos hay que considerar también las dimensiones del aula con lo que en algunos espacios una ratio máxima de 15 alumnos, que es lo que estamos exigiendo, podría no ser seguro.
Las cifras que se están dando son completamente insuficientes o directamente falsas. Celaá ha afirmado que van a ser contratados 30.000 docentes sin especificar si va a ser personal fijo o interino. Sin embargo, CCOO señaló ya hace meses que lo mínimo necesario serían 160.000.
Las consejerías autonómicas no paran de mentir. Ayuso o Feijóo han lanzado números al azar para intentar engañarnos. El presidente de la Xunta, por ejemplo, anunció la contratación de 1.000 profesores, pero incluyendo la reposición de las jubilaciones y el personal de refuerzo que iba a ser contratado de todas maneras antes de la pandemia, y en la CAM, en el momento de escribir estas líneas, solo se han contratado a 350 de los 11.000 prometidos, según el diario Público.
Los protocolos sanitarios, un engaño
Los protocolos intentan hacernos el juego del trilero para que no veamos que la única solución posible es construir aulas e institutos y contratar profesorado, personal de limpieza y personal sanitario en los centros educativos.
Estos protocolos, que cada Comunidad Autónoma ha adaptado a su manera, son un insulto a la inteligencia y a la dignidad humana. Se habla de aprovechar al máximo el espacio en el aula para poder mantener la distancia de 1,5 metros, eliminando mobiliario superfluo —¿acaso hay mobiliario superfluo en nuestras aulas que carecen en general del material básico?— y cerrando bibliotecas, aulas de informática, música, salones de actos, laboratorios… Se indica que hay que limitar el movimiento de los profesores en el aula —¿ya no podremos utilizar las pizarras?
Se obliga a tomar la temperatura a los alumnos o bien en el ámbito familiar (¡¡¡!!!) o bien en la entrada al centro educativo; ¿cómo es posible tomar la temperatura todos los días a cientos de estudiantes y al mismo tiempo mantener el horario y carga lectiva semanal? ¿Y dónde está la contratación de enfermeras y personal sanitario para poder hacer frente a cualquier incidencia que surja en condiciones dignas?
Se recomienda ventilar las aulas y, en la medida de lo posible, mantener las ventanas abiertas o incluso dar clases en el patio. Se sugiere que no haya actividades extraescolares, esenciales en la vida de muchos estudiantes y familias. Y, por supuesto, se “aconseja” reducir las ratios a 20 alumnos “siempre que sea posible”.
Como sabemos, además, se insiste mucho en la higienización de los espacios, pero se han “olvidado” de incluir en los protocolos la contratación de personal de limpieza. Según los planes del Gobierno y las CC.AA. se va a mantener el mismo personal de limpieza que había en los centros antes de la pandemia, con unas condiciones laborales ya insostenibles. ¿Cómo se van a ocupar uno o dos limpiadores de higienizar 10-20 aulas toda la mañana y soportar una exposición continua a los productos de desinfección?
Otro aspecto especialmente indignante es la gestión de los comedores escolares. Se ha descargado toda la responsabilidad en las AMPAS y en los equipos directivos, sin aportar ni un solo euro y sin habilitar nuevos espacios con lo que, en las condiciones actuales se podrían convertir en importantes focos de contagio. En muchos casos, AMPAS y directivas ya han anunciado que se plantan y no van a abrir en estas condiciones.
Se excluye también de las medidas tomadas por la administración el transporte escolar, para el que solo se contempla el uso obligatorio de mascarillas y que cada niño ocupe siempre el mismo asiento, pero no está previsto un mayor número de autobuses o la creación de un servicio público de calidad lo cual, en zonas de gran dispersión geográfica como Galiza, resulta imprescindible.
A todo esto hay que añadir que en esas instrucciones sanitarias se está abandonando cínicamente no solo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sino que tampoco se establece una alternativa real y segura para el alumnado, profesorado y personal no docente de riesgo (mayores de 60 años, problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares…).
Aquí no ha pasado nada
El plan del Gobierno es volver a las aulas con normalidad, como si nada hubiese sucedido. No se ha elaborado ningún plan o guía para la modificación y adaptación de los currículos ni del horario lectivo, cada centro se las arreglará de la mejor manera para adaptarse y decidirá qué contenidos se imparten y cuáles no.
Otra cuestión grave y que ni siquiera es mencionada por las administraciones ni tampoco por los sindicatos de profesores es la atención psicológica para el alumnado. Es urgente la incorporación de psicólogos a todos los centros educativos. Seis meses de confinamiento pesan mucho y los casos de depresión, ansiedad y otros trastornos en menores han sido muy frecuentes y podrían agudizarse con una vuelta a las aulas muy dura para los alumnos, privados de aquello que los motiva a acudir a la escuela y que la hace más llevadera: el contacto y el juego con los compañeros. Asimismo tampoco se ha abordado en los últimos meses ni se está abordando una solución a la creciente adicción a las tecnologías, ya reconocida por la OMS, y que afecta al 21% de los jóvenes de entre 10 y 25 años.
Los sindicatos de profesores deben unificar las luchas
La convocatoria de movilizaciones y huelgas por parte de los principales sindicatos de enseñanza en diferentes las comunidades autónomas para los primeros días de clase es el resultado del enorme descontento acumulado durante muchos años por el profesorado, que ha visto cómo se deterioran sus condiciones laborales y la calidad de la enseñanza en la última década y se niega a iniciar el curso en estas condiciones. En Galicia la CIG, junto a CCOO y STEG, han convocado huelga para los días 10 y 16 de septiembre; en Euskadi, ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT para el día 15 y en Andalucía el día 18.
Sin embargo, estas convocatorias están sembrando muchas dudas entre los docentes. En primer lugar, CCOO, UGT, STES y CGT deben impulsar una huelga de enseñanza estatal, hace falta una respuesta contundente e inmediata. Los sindicatos mayoritarios están siendo muy tibios e, incluso, en algunas comunidades autónomas no han apoyado la huelga (como es el caso de UGT en Galicia), o en la Comunidad de Madrid —uno de los epicentros de la pandemia, donde los rebrotes están en su punto álgido— la han desconvocado sin que haya ninguna garantía ante un plan presentado a última hora y que no sirve para garantizar un inicio de curso seguro. Un grave error que solo sirve para envalentonar y dar un balón de oxígeno al PP de Díaz Ayuso.
Necesitamos una convocatoria seria y unificada en la línea de la huelga general de 72 horas convocada por el Sindicato de Estudiantes en todo el Estado. Debemos organizar ya asambleas conjuntas de profesores, familias y alumnos para aglutinar y aumentar nuestras fuerzas, tenemos que elegir democráticamente nuestros comités de huelga entre el profesorado y darle la mayor difusión posible a nuestra lucha. Hay que volver a levantar la Marea Verde.
Las reivindicaciones deben ir más allá de lo que se está reclamando desde las principales centrales sindicales. Debemos abandonar la conciliación con aquellos que intentan engañarnos y que nos están condenando a un contagio masivo, debemos dejar las medias tintas y exigir ya lo que nos corresponde, un sistema público, gratuito y de calidad que permita una vuelta segura a las aulas y poder afrontar situaciones similares en el futuro. El Gobierno tiene que rectificar ya. Sabemos que sí hay dinero, que se destine a cubrir las necesidades sociales de la inmensa mayoría y no a salvar las cuentas de resultados de las grandes empresas y la banca. Solo si luchamos podremos conseguirlo.
Desde Sindicalistas de Izquierda reivindicamos:
1. Aumento de la inversión en la educación pública hasta el 7% del PIB.
2. Derogación de la LOMCE. Elaboración urgente de una nueva ley educativa que reformule por completo contenidos, didáctica y métodos de evaluación.
3. Límite legal de 15-20 alumnos/as por aula, según la etapa educativa. Límite de 15 alumnos mientras dure la pandemia.
4. Convocatoria urgente de asambleas democráticas de profesores/as, AMPAS y alumnos/as para conocer en profundidad todas las necesidades actuales y elaborar la nueva Ley Educativa de aplicación inmediata con un plan de transición y compensación para este curso académico. Elección democrática de comisiones de profesorado.
5. Aplazamiento del inicio del curso hasta que se cumplan las ratios y condiciones de seguridad.
6. Contratación inmediata de los 165.000 profesores que, según CCOO, serían necesarios para disminuir las ratios y acabar con la temporalidad y la interinidad.
7. Elaboración de un plan de refuerzo intensivo para el curso 2020/21 con un aumento radical de profesorado que permita todos los desdobles y grupos de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) que sean necesarios.
8. Modificación del excluyente sistema de oposiciones. No sobra ningún docente.
9. Gratuidad y flexibilización del Máster de profesorado.
10. Cursos de formación digital gratuitos e inmediatos para profesorado, familias y alumnado.
11. Gratuidad de la conexión a Internet y reparto masivo de dispositivos digitales a todas las familias trabajadoras.
12. Inclusión de un complemento digital en los salarios del profesorado que compense los gastos de conexión a internet y la compra de dispositivos, imprescindibles para el próximo periodo.
13. Regulación horaria y salarial de la docencia online.
14. Plan inmediato de atención integral del alumnado (psicológica, pedagógica y lúdica) en los centros de todos los niveles con la contratación de personal específico fijo que permita la inclusión y seguimiento de los alumnos con necesidades específicas de apoyo.
15. Democratización de los Consejos escolares. Más poder de decisión a profesorado y alumnado.
16. Ampliación drástica y aumento de todas las becas, incluidas las becas de comedor.
17. Supresión definitiva de la EBAU. Eliminación de las notas de corte para acceder a carreras universitarias, aumento radical de plazas para universidad y FP, bajada drásticas de las tasas. Que ningún estudiante se quede fuera.
18. Aumento radical de plazas para escuelas infantiles. Por una educación infantil pública y gratuita.
19. Eliminación de los conciertos educativos e incorporación del profesorado de la escuela concertada al sistema público. No más dinero público a la educación privada.
¡Todos y todas a la huelga y a las movilizaciones!
