Hay que frenar el desmantelamiento de la mayor empresa pública del país
El próximo lunes 28 de noviembre, el primer día laborable después del Black Friday, los sindicatos CGT, LAB, ELA, SIPCTE, ESK, Intersindical Valenciana y CNT han convocado huelga general en correos. Esta jornada se plantea como el inicio de un calendario de movilizaciones y paros a lo largo de la Campaña de Navidad.
Los trabajadores exigimos aumentos salariales, acabar con los recortes de personal contratando a nuevos trabajadores y hacer desaparecer el alto porcentaje de eventualidad. Al mismo tiempo demandamos la inclusión de Correos en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) ya que esta entidad hace tiempo que fue excluida de la Administración General del Estado y sus trabajadores en su inmensa mayoría son personal laboral.
Estas reivindicaciones junto a muchas más pretenden poner freno al desmantelamiento total de la mayor empresa pública del país y evitar que sea convertida en una empresa de paquetería como ya lo es su filial privada Correos Express, donde la precariedad está absolutamente generalizada.
Aceptar el nuevo convenio vergonzoso que pretende la dirección, acabaría de convertir definitivamente el servicio de correos, que es un derecho, en un negocio basado en salarios bajos e interminables jornadas y dar un nuevo paso hacia su privatización.
Que Correos sea de titularidad pública no evita que su cúpula directiva, con el beneplácito del Gobierno, se comporte como el Consejo de Administración de una empresa privada.
Mientras Serrano, presidente de Correos (¡¡¡200.000 euros de sueldo al año!!!) y su extenso equipo directivo que cobra 90 millones de euros, llevan a cabo una nefasta gestión que supone año tras año pérdidas millonarias, no les tiembla la mano en absoluto para subirse los salarios y embolsarse suculentos bonus de la SEPI, como si de consejeros de una multinacional eléctrica se tratase.
Por nuestra parte los trabajadores, hemos perdido en los últimos años un 25% de poder adquisitivo en el caso de los funcionarios y más de un 20% los laborales. Este mismo año nos han aplicado una subida (que todavía no hemos cobrado) del 3,5% cuando la inflación es superior al 10%.
Especialmente sangrante resulta el caso de los carteros rurales que se ven obligados a aportar su vehículo y costear el combustible y el mantenimiento, recibiendo por ello 23 céntimos por km, la misma cantidad que recibían antes del año 2000.
A la vez que padecemos todo tipo de ataques a nuestras condiciones laborales, tenemos que contemplar cómo se derrocha el dinero en la compra de aviones para que estén aparcados en tierra, fichajes estrella de altos directivos ajenos a la empresa, continuo despilfarro en propaganda o la venta de sedes históricas, como la de Valencia, a precio de saldo con el objetivo de maquillar la cifra de pérdidas. Y todo ello sin que este Gobierno, que se jacta de defender los servicios públicos, tome medidas para impedirlo.
Evidentemente toda esta situación tiene un efecto directo en el servicio público que se ofrece a la ciudadanía que es cada vez peor y más caro. Los motivos para la huelga están más que justificados.
CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, se desmarcan de la huelga
CCOO y UGT convocaron una huelga de tres días en junio. La falta de continuidad en la movilización, la política sindical que vienen practicando desde hace mucho tiempo y que ha traído como consecuencia la pérdida, año tras año, de derechos laborales, y por sus posicionamientos de estos últimos días, indican que la huelga de junio pasado no fue más que una maniobra para eliminar la tensión, el malestar y el cabreo acumulados entre los trabajadores.
Ante los llamamientos de CGT a la unidad sindical para la movilización, la respuesta de las direcciones de CCOO y UGT, que ostentan el 80% de la representación, fue el más absoluto silencio.
CCOO y UGT han y la empresa han acordado de nuevo sellar la paz social, a cambio de que estos sindicatos hayan aceptado migajas.
Por un lado un incremento salarial del 9% a tres años. Un 3,5% para este año que se complementaría en los dos siguientes con variables respecto a la evolución del IPC y del PIB, lo que hace que sea bastante probable que ni siquiera llegue a ese 9%. Esta miserable subida ha sido suficiente para que CCOO y UGT se den por satisfechas argumentando que peor sería que no hubiera ninguna subida, como estos últimos años.
El otro aspecto ha sido el anuncio de la empresa de abandonar su intención de elaborar su propio temario para el próximo examen de ingreso. Esto hubiera significado para CCOO y UGT una gran pérdida de ingresos y afiliados ya que se les hubiera acabado el chollo de vender temarios, dar clases de preparación, previo pago y con la obligación de afiliarse.
Ante el anuncio de la Dirección de ceder una vez más la formación de los cursos puntuables para el examen de ingreso, el pasado lunes 17 de octubre, la portavoz de CCOO afirmaba sin sonrojarse: “nos alegramos de que la empresa haya vuelto a la senda de la negociación y la paz social”.
¡Pero de qué negociación y paz social habla esta señora cuando la Dirección de la empresa no ha parado de destruir y precarizar empleo para convertir Correos en Correos Express, una empresa de paquetería con las mismas condiciones lamentables de todo el sector de la Logística!
Hasta el anterior examen entre todos los sindicatos disponían de un total de 40.000 homologaciones de cursos puntuables para el examen de ingreso con puntuaciones totalmente desproporcionadas con el valor que se da a la antigüedad. ¡¡Este año se les conceden 300.000!!
Por otro lado la no participación en la huelga de CSIF y Sindicato Libre, que si estaban participando con el resto de sindicatos convocantes en la negociación del nuevo convenio con la empresa, no nos debe de extrañar en absoluto. Esto es lo que pasa por ir de la mano de sindicatos amarillos.
Ya en la tabla reivindicativa presentada a la empresa para la negociación del convenio (CCOO y UGT no estaban), CSIF y SL se mostraron de acuerdo con todos los puntos excepto con uno; ni más ni menos que con el que trataba de que la decisión final correspondería a los trabajadores en asambleas. Esto demuestra que no se puede ir en unidad de acción con sindicatos amarillos porque lo único que se consigue es lavarles la cara y confundir a la plantilla. A este tipo de sindicatos hay que denunciarlos como lo que son, sindicatos reaccionarios propatronal.
Los trabajadores tenemos fuerza suficiente
Las direcciones de CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre son las que han avalado durante muchos años la política de paz social causante de la precarización escandalosa que ha sufrido esta empresa pública. Han avalado todos y cada uno de los ataques que hemos sufrido.
En este sentido la CGT tiene la obligación y la responsabilidad de poner todas sus energías para organizar una movilización contundente y prolongada en el tiempo que consiga revertir todos los ataques. Además de poner el día de la huelga, esta hay que prepararla y convocarla. Es necesario ir a los centros de trabajo, organizar reuniones y asambleas, repartir propaganda y mediante esta acción sindical fortalecer la confianza de los trabajadores en nuestras propias fuerzas.
Entre la plantilla hay ambiente y predisposición a la lucha como se demostró estos últimos años, sin ir más lejos con la huelga de la UR4 de Sabadell.
La huelga del 28N y el resto de paros en Navidad son un buen comienzo pero la mayoría de la plantilla sabe que lo más probable es que sean insuficientes. El 28N poco daño puede hacer al Black Friday cuando ya llevamos una semana recibiendo paquetería para este día. Sin olvidar que la empresa tiene a la filial Correos Express para desviar el trabajo y boicotear los paros. El trabajo sindical dirigido hacia estos compañeros cuyas condiciones son muy difíciles para realizar huelgas es imprescindible, de hecho habría que incluir entre las reivindicaciones de esta lucha que Correos Express fuese absorbida por la matriz Correos.
Habría que poner toda la presión en el Gobierno PSOE-UP bajo cuyo mandato el desmantelamiento de Correos ha avanzado a una velocidad que no había practicado ningún Gobierno del PP.
No podemos consentir que conviertan el servicio postal en un negocio donde la precariedad sea la norma. Si la sanidad, la educación, etc., deben ser públicas, el servicio postal también.
Frente a la privatización de todos los servicios los sindicatos de clase y las organizaciones políticas de izquierda deberían de ponerse como objetivo irrenunciable la lucha por la nacionalización de los sectores básicos de la sociedad.
Esta huelga debe de ser el inicio de una movilización continuada en el tiempo y que se sume a las luchas del resto de empleados públicos. Cuando se plantea una lucha seria y con objetivos claros, la solidaridad de nuestra clase está garantizada. Un ejemplo claro es la maravillosa rebelión social contra Ayuso y su política sanitaria están protagonizando cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid.
¡El 28N Todas y todos a la huelga! ¡Correos no se vende, se defiende!
