El cierre del curso pasado estuvo marcado por el levantamiento del profesorado valenciano y su huelga indefinida. Una auténtica explosión que inspiró a cientos de miles de docentes en todo el Estado, que también sufren la precariedad, los recortes y el abandono de la enseñanza pública y que se identifican con un modelo de lucha sindical combativo, democrático y asambleario. Catalunya, Madrid o Andalucía han sido algunas de las comunidades donde la onda expansiva de esta rebelión ha pegado con fuerza. Tanto que las movilizaciones y las huelgas van a marcar la apertura del curso escolar en muchos casos. Hablamos con algunos de los docentes que las están protagonizando.

El País Valencià en pie de guerra: “No vamos a parar hasta que consigamos nuestras reivindicaciones y echemos a la derecha de la Conselleria y de la Generalitat”

Empar Martí, maestra de primaria en València, afiliada STEPV y Esquerra Revolucionària.

La histórica huelga que empezó el 11 de mayo en el País Valencià fue una demostración de la fuerza que tenemos los docentes cuando nos ponemos en marcha para defender la educación pública. Un movimiento surgido desde la base, con la creación de cientos de asambleas de centros, que ha acorralado a la consellera de Educación y ha dicho “no” a las migajas con las que nos han intentado comprar.

Durante 5 semanas la actividad en los centros educativos quedó paralizada mientras las calles se teñían de verde con movilizaciones masivas, que  recibieron el apoyo de las familias, de nuestro alumnado que también salió a la huelga indefinida convocados por el Sindicat d´Estudiants, de trabajadores y trabajadoras de otros sectores públicos y de la mayoría de la sociedad. Los docentes valencianos dijimos “basta” a los ataques y deterioro de la educación pública: ratios imposibles, recortes de plantillas, centros sin aclimatar, burocracia excesiva, ataques al valencià y la pérdida de nuestro poder adquisitivo con salarios congelados desde hace 20 años.

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Volvemos a la lucha, aunque hay que decir que durante el verano el movimiento no ha descansado, dando visibilidad a un movimiento que sigue vivo y regresa con fuerza este nuevo curso.

Ahora, tras la pausa de las vacaciones, volvemos a la lucha, aunque hay que decir que durante el verano el movimiento no ha descansado. Hemos visto las camisetas verdes persiguiendo a Pérez Llorca, president de la Generalitat, allá donde había un acto oficial, concentrándose en las fiestas de cada pueblo y ciudad, en eventos deportivos…, dando visibilidad a un movimiento que sigue vivo y regresa con fuerza este nuevo curso.

Tampoco los ataques al profesorado han cesado durante el verano. La directriz que pretende introducir Pérez Llorca, convirtiendo a la inspección educativa en policía educativa, para supervisar la “neutralidad ideológica” de los centros y evitar el “adoctrinamiento” tiene una clara intención de criminalizar el pensamiento crítico y crear desconfianza hacia la labor del profesorado. Pretenden volver a los tiempos de la censura franquista y la represión.

Por otro lado, decenas de docentes que participaron en las movilizaciones han sido multados a través de la Delegación de Gobierno utilizando la Ley Mordaza. Quieren amedrentar al profesorado ante futuras movilizaciones, pero no lo van a conseguir. Contamos con una caja de resistencia a la que se ha recurrido para sufragar los pagos de manera colectiva.

Estos ataques desesperados son una muestra de la situación de debilidad en la que se encuentra la Conselleria y el Govern. El profesorado valenciano hemos demostrado una fuerza y determinación por la defensa de la educación pública aplastante. Ni amenazas ni multas del PP y Vox van a lograr que nos resignemos a aceptar este desastre.

Las asambleas ya están calentando motores para retomar la acción con la moral bien alta. Contamos con el apoyo de las familias y del alumnado y con una enorme solidaridad de la sociedad valenciana. El punto de partida será la manifestación del 12 de septiembre en Castelló, València y Alacant. Pero solo es el primer paso para un curso de lucha y movilizaciones, esta vez, acompañados por el profesorado de otras comunidades. No vamos a parar hasta que consigamos nuestras reivindicaciones ni hasta que echemos a la derecha de la Conselleria y de la Generalitat.

Catalunya: vaga general educativa el primer día de clase.
“Esto no va de conseguir 170 euros más, va de salvar la educación pública”

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Vicent Sala, profesor de FP en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El curso 2025/26 ha sido un impulso extraordinario para la lucha del profesorado catalán en defensa de la educación pública y por unas condiciones laborales dignas. En marzo CCOO y UGT firmaron un acuerdo completamente insuficiente y lo hicieron a espaldas de la mayoría sindical y contra la voluntad de la mayoría de los docentes. Nuestra respuesta fue que las protestas y huelgas continuaran con aún mayor intensidad y seguimiento. CCOO y UGT calcularon muy mal el nivel de descontento y la voluntad de llegar hasta el final por parte de los y las docentes.

Así lo demostramos con un cierre de curso de una combatividad extraordinaria. 17 jornadas de huelga en toda Catalunya con un enorme seguimiento, manifestaciones, cortes de carretera e infinidad de acciones de protesta en las que dijimos alto y claro al Govern del PSC que no aceptamos políticas educativas de derechas, ni queremos a la policía en nuestros centros de estudio, ni infiltrados en nuestras asambleas.

Este ambiente se manifestó una vez más al rechazarse por una amplia mayoría (el 65,10%) el preacuerdo consensuado por USTEC (el principal sindicato docente en Catalunya) y otros sindicatos, con la Generalitat. Este acuerdo recogía mejoras salariales entre otras medidas pero, como comentaba un compañero, “esto no va de conseguir 170 euros más, va de salvar la educación pública”. Los profesores no podemos asumir la situación actual que es un desastre completo con unas ratios de alumnos por aula tan elevadas (la mayor de los países de la OCDE). Además, es insostenible la falta de recursos para la educación inclusiva y para la atención al alumnado con dificultades sociales, psicológicas, cuyo número no para de aumentar año tras año.

Es ineludible avanzar hasta la inversión del 6% del PIB en educación pública, garantizar ningún cierre de grupos a la pública (mientras se mantienen conciertos educativos), y apostar por una reducción real de ratios, la gratuidad efectiva, condiciones laborales dignas y centros en condiciones: sin barracones cronificados, sin edificios deteriorados y con unas infraestructuras adaptadas a la emergencia climática.

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Es ineludible avanzar hasta la inversión del 6% del PIB en educación pública, garantizar ningún cierre de grupos a la pública, y apostar por una reducción real de ratios, la gratuidad efectiva, condiciones laborales dignas y centros en condiciones.

Y significa, de forma prioritaria, hacer realidad y efectiva la educación inclusiva. No aceptamos una inclusión sostenida sobre la sobrecarga, precariedad y buena voluntad de las trabajadoras y trabajadores. El personal necesario para garantizarla debe formar parte estructural de las plantillas y quedar regulado normativamente, al igual que el personal docente.

Por eso, la lucha sigue: el 8 de septiembre es el primer día de clase y comienza con una huelga general docente a la que también llama el Sindicat d´Estudiants. El mensaje es rotundo: este curso vamos a seguir vaciando las aulas y llenando las calles de lucha, porque es la única manera de conquistar una educación pública de calidad, inclusiva y en català.

Las aulas madrileñas, a la huelga indefinida el 14 de octubre: “Si alguien nos ha inspirado y nos ha hecho pensar que ganar a Ayuso es posible, esas son nuestras compañeras de València”

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Sandra Blázquez, maestra de primaria en Madrid y militante de Izquierda Revolucionaria.

La situación de la educación pública madrileña ha tocado fondo. Si bien la desinversión y el abandono son la tónica general en todo el Estado, aquí hay una actitud militante por parte de Ayuso y de la derecha por destruir esta conquista histórica. Así hemos llegado a que los docentes no solo tenemos bajos salarios, sino una carga lectiva imposible y una falta de medios humanos y materiales que ya es crónica. El maltrato contra nosotros se traduce en una situación de enormes carencias para nuestras alumnas y alumnos. El sueño del PP de hacer de la pública algo meramente asistencial para abrir el negocio de la educación a manos privadas ha llegado muy lejos en la CAM.

Nuestros centros se caen literalmente a pedazos, en las escuelas infantiles no hay plazas para los bebés, en las aulas de primaria se supera la ratio recomendada para poder enseñar con calidad. Nuestras compañeras de Educación Especial sufren los recortes diariamente, ejerciendo en centros donde no hay recursos materiales, ni personal suficiente. Por no hablar de la precaria atención que se da a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, o que requieren de intervención psicosocial por parte de los equipos de orientación, compuestos por docentes que están desbordados, atendiendo en algunos casos a 600 estudiantes por orientador.

Por eso en los últimos años hemos visto nacer un movimiento muy poderoso, desde abajo, que ha levantado cientos de asambleas con las que hemos dado un golpe en la mesa. Estas asambleas coordinadas a través de Menos Lectivas, impulsaron desde 2023 9 huelgas educativas que marcaron un antes y un después: con un seguimiento histórico, recuperando los piquetes a la puerta de centro y activando a miles de docentes en sus centros de estudio, exigimos la bajada de ratios, de horas lectivas y el fin de la segregación escolar. Sin embargo, lejos de revertirse esta situación, cada curso que comienza es peor que el anterior. Por ello, tras haber dado un ultimátum a la CAM, confluimos en una gran asamblea convocada en unidad de acción por toda la comunidad educativa a propuesta de CCOO. Esta asamblea, con un ambiente arrollador, aprobó la convocatoria de la huelga indefinida a partir del 14 de octubre, y que también convoca el Sindicato de Estudiantes.

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La situación de la educación pública madrileña ha tocado fondo. Si bien la desinversión y el abandono son la tónica general en todo el Estado, aquí hay una actitud militante por parte de Ayuso y de la derecha por destruir esta conquista histórica.

La preparación de la huelga ha empezado fuerte. Muchos institutos ya han sido empapelados anunciando la convocatoria, que está siendo muy bien recibida. El pistoletazo de salida será el 27 de septiembre: para calentar motores habrá una gran manifestación unitaria a las 12 horas desde Atocha. Vamos a inundar Madrid.

Nos hemos servido del ejemplo de nuestras compañeras de PLEI, quienes protagonizan una huelga indefinida que dura ya cinco meses. También de las compañeras de la universidad, que en noviembre de 2025 salieron masivamente contra la Ley Ayuso, convocando dos días de huelga educativa. Pero si alguien nos ha inspirado y nos ha hecho pensar que ganar a Ayuso es posible, esas son nuestras compañeras de València que están dando toda una lección de lucha contra el Govern y que han sostenido una huelga indefinida durante semanas, provocando al Gobierno del PP-VOX un verdadero quebradero de cabeza. ¡Organizadas y luchando, vamos a ganar!

El 11 de noviembre huelga educativa en Andalucía. “La destrucción de la pública no es inevitable. Es una decisión política y hay que combatirla en las calles”.

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Laura Cuevas, maestra de primaria en Puerto Real (Cádiz), afiliada CGT e Izquierda Revolucionaria.

Mientras Moreno Bonilla presume de gestión, familias, estudiantes y trabajadores sufrimos menos aulas, recursos y plantillas, precariedad y centros indignos: la educación pública andaluza sufre un auténtico proceso de desmantelamiento.

Desde la llegada del PP se han cerrado 2.758 líneas y aulas públicas, mientras la concertada gana terreno. Nos hablan de natalidad, pero, casualmente, parece que solo cae en la pública. La financiación de la concertada crece el doble de rápido que el presupuesto educativo, aumentando su peso casi un 28%. Nuestros centros siguen infradotados y el profesorado, con un 20% de interinidad, es desplazado cada vez más lejos de sus hogares por el cierre de unidades, soportando ratios elevadas y burocracia asfixiante. Resultado: jornadas interminables y trabajo no remunerado, por encima de nuestra salud y conciliación familiar.

La situación es especialmente grave para el alumnado con necesidades específicas. Más de ocho de cada diez alumnos con necesidades educativas se escolarizan en la pública, que debe atenderlos con recursos insuficientes: PTIS precarizadas y con jornadas insuficientes, especialistas itinerantes con ratios abusivas y orientadoras obligadas a atender tres y cuatro centros. Sin medios, la inclusión es una palabra vacía.

Las condiciones materiales son indignas: amianto pendiente de retirada, barreras arquitectónicas, aulas caracolas (prefabricadas), problemas de climatización y edificios deteriorados. La Ley de Bioclimatización no puede ser papel mojado. Calor y temporales agravan la situación.

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Desde la llegada del PP al Gobierno de la Junta de Andalucía se han cerrado 2.758 líneas y aulas públicas, mientras la concertada gana terreno. Hay que combatir la destrucción de la pública luchando en las calles.

El ataque alcanza a la universidad y al 0-3. La Junta está abriendo de par en par las puertas al negocio privado: se han triplicado las universidades privadas mientras infrafinancia las públicas. En el 0-3, más del 90% de las unidades están en manos privadas, faltan plazas y las familias pagan servicios complementarios. Cuando podía ampliar la red pública, renunció a 119 de los 123 millones de euros disponibles porque esos fondos exigían crear plazas públicas. ¡Dinero para garantizar derechos que rechazó para no ampliar lo público!

La FP tampoco escapa. Mientras se infradota la pública, la FP Dual abre negocio y transfiere recursos públicos a grupos como MEDAC/DAVANTE, Atlántida o Cesur, auspiciados por la Junta. Se debilita y desmantela el IEDA, referente de la educación a distancia. Menos FP pública, más precariedad y más negocio privado: ese es el modelo.

Pero la destrucción de la pública no es inevitable. Es una decisión política, y hay que combatirla luchando en las calles.

Por eso necesitamos organizarnos en cada centro, localidad y en toda Andalucía. Docentes, estudiantes, familias y trabajadores debemos unirnos. El pasado mes de julio organizaciones de toda la comunidad educativa nos reunimos en Antequera y aprobamos una huelga general educativa para el 11 de noviembre, y vamos a poner en marcha estos planes con todas nuestras fuerzas. No hay ni un minuto que perder.

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