Los trabajadores de Remolcanosa llevan nueve meses de huelga indefinida para exigir el cumplimiento del actual convenio colectivo y de la legislación básica en materia de prevención y seguridad laboral en los obsoletos remolcadores que operan en el puerto de Palma. Esta subcontrata de la autoridad portuaria actúa como cacique de la patronal.
Esta lucha cuenta por una parte con la patronal, con el delegado de gobierno en las islas, con el boicot de la dirección de CCOO y UGT y la propia Capitanía Marítima (subvencionada con fondos públicos); y por parte con los trabajadores con el apoyo del Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante y CGT Balears.
A raíz de esta lucha despidieron a tres trabajadores, embarcaron esquiroles, estipularon servicios mínimos abusivos, sancionaron a todos los huelguistas con tres meses de empleo y sueldo y sentenciaron que la huelga era ilegal, sin esperar a que ningún juez se pronunciase al respecto.
Los trabajadores han realizado varias concentraciones, la última el 24 de abril. Se ha conseguido que el juzgado anule los despidos, determinando que estos se han producido "por ejercer el derecho de huelga", dictaminando el regreso inmediato al mismo puesto de trabajo que tenían antes del despido. La estrategia de la patronal ha sido la readmisión poniéndolos en período vacacional, ya que al ser maquinistas de dos barcos son una pieza clave en la continuidad y eficiencia de la huelga.
Hay otro juicio el 14 de mayo para resolver la situación de otro compañero despedido.