Bob Dylan se hizo famoso, a finales de los años sesenta, por canciones que conectaban con el ambiente de rebeldía que dominaba entre millones de jóvenes en EEUU y en el resto del mundo. En una de sus letras más famosas, el cantautor norteamericano hacía referencia a la tormenta que el cielo anunciaba. Utilizando esta lírica metáfora podemos afirmar, sin temor a exagerar, que el cielo ya está descargando la tormenta; una tormenta en forma de crisis económica, paro y endeudamiento, que transformará la conciencia de millones de trabajadores de los cinco continentes y, por supuesto, del Estado español.
Bob Dylan se hizo famoso, a finales de los años sesenta, por canciones que conectaban con el ambiente de rebeldía que dominaba entre millones de jóvenes en EEUU y en el resto del mundo. En una de sus letras más famosas, el cantautor norteamericano hacía referencia a la tormenta que el cielo anunciaba. Utilizando esta lírica metáfora podemos afirmar, sin temor a exagerar, que el cielo ya está descargando la tormenta; una tormenta en forma de crisis económica, paro y endeudamiento, que transformará la conciencia de millones de trabajadores de los cinco continentes y, por supuesto, del Estado español.
La tormenta, con su viento huracanado, tendrá muchos efectos. En primer lugar removerá violentamente las estancadas aguas de los sindicatos de clase, limpiará el aire putrefacto que despiden los aparatos sindicales y abrirá las compuertas para que toda la frustración y el resentimiento que se ha ido acumulando sordamente en las entrañas del movimiento obrero, se exprese con libertad. Este aire fresco traerá una potente oleada de huelgas en demanda de contundentes subidas salariales y defensa de los puestos de trabajo, muy diferentes a las que nos han acostumbrado en los últimos diez años. Serán huelgas duras, radicalizadas, en muchos casos de duración indefinida, con una gran participación de las plantillas, incluso con ocupación del lugar de trabajo. Huelgas como la de los trabajadores del metal de Vigo, de la construcción de Pontevedra, del sector de la limpieza en Asturias o en el metro de Madrid. Como la de la sanidad pública en Euskadi o la magnífica y exitosa lucha de los trabajadores de la justicia. Luchas victoriosas como las de los obreros de los Transportes Municipales de Barcelona. Huelgas que desbordarán a los dirigentes sindicales que, anquilosados en una política de desmovilización y colaboración con los empresarios, quedarán superados por una nueva generación de trabajadores. Una generación nutrida, en esta última década, por cientos de miles de jóvenes trabajadores curtidos por la explotación más despiadada, que no se quieren arrojar al Gólgota voluntariamente y que no van a aceptar las recetas de más sacrificios y penurias que tiene preparada la patronal.
Polarización económica en medio de un ‘boom'
En estas mismas páginas hemos analizado exhaustivamente las causas últimas de la crisis y las perspectivas a las que se enfrenta el movimiento obrero. Pero no está de más recordar ciertas cifras para situarnos en el contexto actual, cifras que dicen mucho de un boom económico levantado a costa de los nervios y músculos de la clase obrera.
Según las encuestas del INE, más de diez millones de trabajadores en el Estado español tienen salarios de menos de mil euros al mes o rozan esa cifra. En comunidades como Madrid, cerca de 1,4 millones de asalariados -casi la mitad del total, 2,9 millones- cobran menos de mil mensuales. Según cifras oficiales de la Unión Europea, el Estado español sigue a la cabeza de la precariedad laboral: más del 34% del total de la fuerza de trabajo es precaria. En el caso de los jóvenes menores de 30 años, el porcentaje sube al 45% y triplica la media comunitaria.
Los dividendos empresariales han tenido un crecimiento exponencial en los últimos cinco años: las empresas que cotizan en el Ibex 35 obtuvieron en 2007 unos beneficios superiores a 49.000 millones de euros, un 15,7% más que el año 2006; pero ese año también fue fantástico: lograron un 31,2% de aumento sobre el año anterior. En un momento en que arrecian las subidas de precios en servicios fundamentales como el agua y la electricidad, en que el peso muerto de los intereses usureros de la gran banca se convierte en una pesadilla para las familias obreras, los monopolios del sector eléctrico junto con el bancario, distribuyeron entre sus accionistas el 50% del total de los dividendos de todas las empresas cotizadas en bolsa.
Como efecto directo de la de-saceleración económica y el desplome del sector inmobiliario y de la construcción, el paro superó, en febrero de 2008, la cifra de 2,3 millones de desempleados, la más alta desde junio de 1998. En el primer trimestre de este año el paro se ha incrementado en 246.600 personas, para observar un repunte tan acentuado hay que remontarse a la recesión de 1993. El número de nuevos desempleados ha aumentado dramáticamente en la construcción -las previsiones de la patronal señalan para este año 600.000 despidos en el sector-, y significativamente en las regiones gobernadas por la derecha como Madrid, Valencia y Murcia, donde la economía está estrechamente vinculada al auge del ladrillo.
El ataque contra el poder adquisitivo de los trabajadores se ha producido desde muchos ángulos. A la congelación salarial de estos últimos años se ha unido las dentelladas de la inflación, desbocada en torno al 4,3% interanual. A su vez, el aumento del euríbor estrangula un poco más a los cientos de miles de familias trabajadoras hipotecadas hasta las cejas. Según datos del Banco de España, la deuda de los hogares creció en 2007 hasta acercarse al nuevo récord histórico de los 900.000 millones de euros y casi igualar el PIB español (1,037 billones de euros).
La socialdemocracia, con los empresarios
La crisis del capitalismo mundial ha encendido todas las alarmas de la clase dominante. Desde todos los gobiernos del mundo, sean del color que sean, se han puesto en marcha paquetes de medidas anticrisis. En EEUU, por ejemplo, George W. Bush, ha "regalado" a cada trabajador norteamericano 600 dólares para que pueda hacer frente al pago de su hipoteca y estimular así el maltrecho consumo interno (del que depende el 70% del PIB norteamericano). Obviamente, esta "medida" intenta ocultar otras más importantes; a saber: la nacionalización de las pérdidas multimillonarias de los bancos de inversión producto de las subprime; un nuevo programa de rebajas fiscales a los más ricos; apoyo a los planes empresariales de despidos masivos; recortes en los subsidios de desempleo y en los programas de ayudas a los más pobres....
Casualmente, las últimas medidas aprobadas por el gobierno PSOE tienen un color muy parecido. Por ejemplo, la decisión de devolver 400 euros de las retenciones del IRPF a todos los trabajadores, autónomos y pensionistas, ha sido presentada como la quintaesencia de lo que es hacer una política económica progresista. Pero ¿paliará esta medida los efectos de la subida de la inflación y las hipotecas? Evidentemente, no lo hará.
En lo que se refiera a medidas más de fondo, con el objeto de sacar del marasmo al sector de la construcción, el gobierno ha decidido un paquete más amplio: a) fomentar la construcción de vivienda protegida; b) reconvertir, gracias a las subvenciones de dinero público, una parte del parque de vivienda privada en VPO; c) rebajar la fiscalidad de la rehabilitación de viviendas; d) hacer más obra pública impulsando el plan de infraestructuras; e) ampliar el tiempo de pago de las hipotecas para aquellas familias con dificultades, sin coste aparente. Si analizamos estas medidas todas tienen un común denominador: sacar las castañas del fuego a las empresas y garantizarles mercados, contratos y beneficios. En el caso de los bancos, el objetivo es también transparente: impedir que la morosidad crezca dramáticamente y que los salarios de los trabajadores sigan fluyendo con regularidad hacia la cuenta de resultados de la banca.
Otras decisiones adoptadas tienen también un claro beneficiario: los empresarios. Tal es el caso de la desaparición del impuesto de patrimonio, la reforma del de sucesiones y donaciones y, ahí es nada, reducir un 30% todas las cargas administrativas para las empresas. ¿Dónde está el famoso espíritu de la socialdemocracia de promover, a través de los impuestos, una mejor y más justa cohesión social?
El presidente Zapatero ha enviado otros mensajes igual de nítidos. Al frente del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha situado a un conocido representante del ala de derechas del partido, al ex alcalde de L'Hospitalet, Celestino Corbacho, que ya se ha despachado a gusto con declaraciones públicas a favor de la mano dura contra los inmigrantes. También la vicepresidenta del gobierno ha anunciado el estudio de "ayudas" para facilitar la repatriación de los trabajadores inmigrantes a sus países de origen. Son absolutamente conscientes de que esta enorme masa de trabajadores, que ha sido utilizada como carne de explotación en el periodo de boom, se puede convertir en una bomba de relojería en esta fase de crisis, ampliando el potencial de combate del movimiento obrero. La burguesía precisa intensificar la propaganda racista y xenófoba para dividir el cuerpo vivo de la clase trabajadora, y meter una cuña por la que colar sus planes.
El gobierno del PSOE, cuya política económica está firmemente controlada por elementos abiertamente ligados al gran capital, como Pedro Solbes y Miguel Sebastián, pretende que la crisis la paguen los de siempre. Pero tienen un problema: la actitud desafiante de la clase obrera, una actitud que se ha fortalecido por la derrota electoral de la derecha -cuya amenaza ha desaparecido a corto plazo del horizonte- y por los sacrificios y privaciones sufridos en el periodo de crecimiento económico.
¿Es posible un nuevo periodo de paz social?
Es evidente que los estrategas del gobierno necesitan de un clima de paz social para imponer estas medidas de ataque. De ahí que Rodríguez Zapatero, en su toma de posesión como presidente de gobierno, realizara un llamamiento inmediato a los sindicatos y a la patronal para alcanzar nuevos pactos sociales. En una calculada decisión táctica, Zapatero lanzó un guiño a los sindicatos al anunciar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros y comprometerse a reducir la temporalidad. Estas medidas, colocadas unas junto a otras, parecen razonables y justas, pero si nos detenemos un instante podemos comprobar que son insignificantes en comparación a las concesiones hechas a la patronal y que ya hemos descrito anteriormente.
Si el gobierno ha dibujado con relativa claridad cuál va a ser su orientación de fondo, la patronal CEOE (a la que le ha faltado tiempo para exigir el aplazamiento de la subida del SMI por dos años) no ha dejado lugar a dudas. Según ha explicado su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, en las próximas semanas propondrá al gobierno y a los sindicatos avanzar "a corto plazo" hacia un sistema mixto de pensiones. Para la CEOE el objetivo es lograr que el Estado garantice unas cantidades mínimas de pensión y el resto se complemente con prestaciones privadas, es decir, más negocio para la banca. De esta manera, las cuotas patronales a la seguridad social descenderían significativamente.
El presidente de la CEOE, también aboga por una nueva reforma laboral que garantice el despido gratuito. Respecto a la inflación y las demandas salariales de los trabajadores, ha sido contundente: "se trata de que estén por debajo para que contribuyan a que ésta baje". En materia fiscal, el presidente de la patronal ha demandado más reducciones en el impuesto de sociedades, a pesar de que en la pasada legislatura ha bajado del 35% al 30% para las grandes empresas y hasta el 25% para las pequeñas y medianas.
Ante estas perspectivas, ¿es posible un nuevo periodo prolongado de paz social? Desde la huelga general del 20 de junio de 2002 contra el PP, los dirigentes sindicales han estado en "pausa", han vivido en otro mundo. Sus acciones y declaraciones demuestran que han sido deslumbrados por una década de crecimiento económico de la que sólo han visto los "brillos". Toda su política "realista" de pactos ha ido cediendo, palmo a palmo, conquistas históricas del movimiento obrero. Su modelo de acción sindical se ha reducido a un "diálogo" permanente con los empresarios, hasta acabar convencidos de que lo que es bueno para los capitalistas también es bueno para la clase obrera. Ha sido una fase histórica de absoluta bancarrota política por parte de los dirigentes sindicales, hasta convertirlos en magníficos gestores de la economía de mercado. Pero todo tiene sus límites. Si todo esto ha ocurrido en un periodo de crecimiento económico, ¿qué exigirá la burguesía en un contexto de crisis?
Los años dorados del sindicalismo de moqueta y de acuerdos relativamente fáciles con la patronal, han llegado a su fin. Después de una experiencia muy dura, la clase obrera está mostrando que no aceptará más sacrificios sin una lucha a muerte. Para una buena cantidad de activistas quemados y escépticos, la preponderancia de la burocracia sindical en este periodo era sinónimo de una clase trabajadora dócil y domesticada, con un "bajo nivel de conciencia". Estos sectores, que en realidad reflejan todos los prejuicios ideológicos de la pequeña burguesía, confunden la actitud de las cúpulas sindicales con el ambiente real de la clase trabajadora. Y ese ambiente está cargado de un gran odio y resentimiento acumulado en sus entrañas, que prepara una nueva escalada de huelgas y movilizaciones obreras.
Por un sindicalismo de clase, democrático y combativo, con un programa socialista
Las huelgas recientes están mostrando todas las características de lo que veremos en los próximos meses y años. Los trabajadores no se dejarán arrebatar sus salarios y sus empleos fácilmente. Al contrario, en una época de crisis podremos ver luchas enormemente radicalizadas, en las que secciones enteras de los trabajadores empiecen a sacar conclusiones políticas avanzadas y abracen las ideas del marxismo.
Una vez más, quedará clara una idea que los marxistas siempre hemos defendido frente a todo tipo de tendencias sectarias: que los sindicatos de clase son organizaciones con hondas raíces en el movimiento obrero y no van a desaparecer por muy a la derecha que en un momento dado se encuentren sus dirigentes. En última instancia, los sindicatos siempre acaban por reflejar la lucha de clases y la radicalización política de los trabajadores, aunque las cúpulas sindicales tiendan a fusionarse con el aparato del Estado en épocas de decadencia capitalista. Los trabajadores y sindicalistas marxistas de El Militante participamos en los sindicatos de masas para defender en ellos el programa más avanzado, las consignas más resueltas, los mejores métodos para asegurar la victoria en cada lucha.
El sindicalismo marxista, a la vez que considera absolutamente necesaria la lucha por las mejoras salariales y laborales, por la defensa del empleo, no la observa como una realidad al margen de la sociedad capitalista. Cualquier combate parcial por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, tiene que formar parte de otro más global y general por acabar con el capitalismo y transformar la sociedad en líneas socialistas. Marx explicó, y sigue siendo una explicación completamente valida, que la emancipación de la clase trabajadora no puede realizarse fábrica a fábrica.
La gran contribución del marxismo a la causa obrera no fue el inventar una panacea social para acabar con las injusticias del mundo, sino el haber hecho consciente a los trabajadores de los objetivos históricos que se derivan de la lucha de clases. Es verdad que en épocas "normales" del capitalismo estas ideas no están presentes en la conciencia de los trabajadores, es más, pueden pasar años sin que éstos cuestionen el orden social existente, lo que permite a los dirigentes reformistas y a la burguesía mantener su influencia. Pero también hay momentos en que el capitalismo entra en crisis, la rutina y la inercia se rompen bajo el peso de las contradicciones económicas y políticas del sistema, y la mayoría de la gente comienza a abandonar las viejas creencias y prejuicios de toda la vida y busca organizarse para cambiar la sociedad.
Los marxistas planteamos al conjunto de la clase obrera y de sus organizaciones un programa para combatir la crisis y que además contribuya a fortalecer la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Muchos se preguntarán de donde saldrán los recursos para llevar a cabo estas reivindicaciones. Nosotros lo decimos con claridad: de la nacionalización de la banca, la tierra y los grandes monopolios, que concentran la parte del león de la riqueza que los trabajadores hemos creado. Estas palancas, puestas a producir bajo el control democrático de los trabajadores, podrían resolver todas las acuciantes necesidades que hoy padecen millones de personas en el Estado español: el paro, la escasez de vivienda, el deterioro de la educación y la sanidad pública, las falta de servicios sociales, los bajo salarios, etc. Liberada del máximo beneficio capitalista, una economía planificada en bases socialistas haría posible la reducción inmediata de la jornada laboral para que el conjunto de la población pudiese participar directamente en las tareas de control y gestión de la vida pública, de la economía, la política, la cultura..., abriendo así la senda para un progreso social inimaginable. Sólo la transformación socialista de la sociedad podrá garantizar un desarrollo armónico, sostenible y por igual de todo el planeta.
¡Únete a la Corriente Marxista Internacional para luchar por esta alternativa!