Hay que echar atrás la propuesta de REFORMA LABORAL del gobierno

De ‘light', nada: abarata el despido y recorta los derechos de los trabajadores

Al contrario de lo aparecido en los grandes medios de comunicación y de lo declarado por los dirigentes de UGT y CCOO, el planteamiento del gobierno, contenido en el documento Líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social, no es nada inconcreto, ni plantea una reforma laboral light. El documento propuesto por el gobierno sienta las bases para un fuerte recorte de derechos de los trabajadores que se concreta en el abaratamiento del despido, la restricción de la negociación colectiva o el papel de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) como sustitutas del Inem. No es casualidad que el dirigente de la patronal CEOE declarara que "el documento tiene contenido y va en la buena dirección".
Es necesario recordar que la indemnización de 45 días por año trabajado (que puede llegar a 3,5 años de salario de máximo) es en caso exclusivo de despido improcedente, es decir, en caso de despido sin causa o injustificado. Pero esto no quiere decir que el coste de despido en el Estado español sea ese para el empresario, ya que el despido es libre y son 45 días de indemnización si el empresario despide por capricho, sin motivo y sin una causa real. En este país desgraciadamente para los trabajadores se puede despedir por 0 euros de indemnización (caso de despido disciplinario) o por 20 días por año trabajado (1 año de salario como máximo) en caso de despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Es precisamente en este tipo de despido donde el gobierno plantea en su documento lo siguiente: "(...) es obligado abrir una reflexión sobre si no resultaría más eficiente para el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, reforzar y racionalizar, como señala la letra del Estatuto de los Trabajadores, el principio de causalidad del despido mediante una más clara distinción entre despidos disciplinarios y despidos económicos y, particularmente, la diferenciación entre el carácter procedente e improcedente de estos últimos." Mediante este párrafo se sientan las bases para negociar un abaratamiento del despido por la vía de revisar las causas del mismo y facilitar al empresario que pueda despedir más barato de forma real y efectiva.
La patronal se ha quejado a menudo de que la jurisdicción laboral pone muchas trabas para reconocer el despido objetivo, ya que obliga a una serie de garantías de protección del trabajador y también de justificación razonada de que la medida no es arbitraria por parte del empresario. En esta propuesta, el gobierno propone de forma obligada negociar cómo desproteger al trabajador y lograr para el empresario una mayor facilidad para despedir a bajo coste. De llevarse a la práctica en esa dirección dejaría desprotegidos a todos los trabajadores sin excepción, tanto activos como no activos.
Asimismo, el gobierno abre otra puerta para abaratar el despido mediante la ampliación del contrato de fomento del empleo a más colectivos que sólo a los hombres parados de 30 a 45 años; un contrato que tiene 33 días de indemnización en caso de despido improcedente (dos años de salario como máximo). Concretamente expone lo siguiente: "examinar las posibilidades de ampliar la utilización de esta modalidad contractual".

Recorte del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva

En un contexto de crisis general, paro masivo y miedo a perder el puesto de trabajo, el instrumento de la negociación colectiva por sector, territorial y por empresa aglutina a los trabajadores como clase y refuerza la unidad del movimiento obrero más allá del límite estrecho del propio centro de trabajo. Pues bien, el gobierno también quiere tocar la negociación colectiva e insta a patronal y sindicatos a lo siguiente: "La negociación colectiva presenta problemas en España desde hace años, como son, sumariamente, los siguientes: la atomización de la negociación colectiva; la deficiente articulación entre los diferentes niveles de negociación -convenios sectoriales, territoriales y de empresa- (...). Las medidas de flexibilidad interna negociada entre las empresas y los representantes de los trabajadores para mejorar la adaptabilidad, la movilidad y la productividad deberían ser el terreno a explorar para encontrar los equilibrios indispensables". Con este párrafo se sientan las bases para negociar la desaparición de los convenios provinciales de sector, instrumentos básicos de agrupamiento por sectores de los trabajadores de diferentes empresas y profundiza la atomización de la clase obrera a la hora de luchar de forma general en defensa de las condiciones de empleo y trabajo. Se relega la negociación colectiva al ámbito de empresa que en la práctica es un "sálvese quién pueda", introduciendo la competencia entre las mismas para reducir las condiciones de trabajo forzando, en un contexto de paro masivo, a la pérdida de derechos de los trabajadores en las empresas con menos fuerza laboral y sindical. El hecho resultante de este recorte en la negociación colectiva, sólo puede ser unas relaciones laborales a la carta para el empresario y un fuerte retroceso de los derechos laborales de los trabajadores de forma general, máxime en el actual contexto de paro creciente y de crisis del capitalismo.

Más precariedad laboral

En el documento del gobierno se avanza la posibilidad de penalizar los contratos temporales y perseguir el fraude en los mismos, una opción positiva, pero al mismo tiempo expone que las ETTs con ánimo de lucro entren en los servicios públicos de empleo (Inem) lo que significa en la práctica el inicio de su privatización y, por tanto, una mayor precarización de las relaciones laborales sin derechos.
Las bases de negociación continúan en el documento del gobierno con más ataques a los trabajadores, como pretender un contrato a tiempo parcial con menos garantías, seguir con la presión de inspección contra los trabajadores que se den de baja por enfermedad o introducir EREs temporales de suspensión más rápidos y esto es importante, sin la posible revisión de la autoridad administrativa del expediente presentado por el empresario, por lo que también es una vía para reducir el salario del trabajador de forma fraudulenta sin que se vislumbre una garantía clara de mantenimiento del puesto de trabajo en el futuro.

No al pacto social para recortar derechos de los trabajadores. Es necesaria una Huelga General YA

Esta reforma es inaceptable. En primer lugar, porque los trabajadores no tenemos ninguna culpa en esta crisis y, por tanto, no tenemos por qué pagarla. En segundo lugar, porque culpabilizar a las relaciones laborales del escandaloso paro existente es una injusticia que ya estamos hartos de escuchar porque exculpa a los verdaderos responsables de esta crisis que no son otros que los especuladores y los banqueros. En tercer lugar, porque sólo se pretende desproteger a los trabajadores con la excusa de crear empleo, cuando éste depende fundamentalmente del grado de crecimiento de la actividad económica.
Todos los trabajadores tenemos que entender que es con la movilización general como podemos parar éstos ataques. Los dirigentes de UGT y CCOO deben de girar a la izquierda y abandonar ésta política de pacto social que no lleva a ninguna solución: es necesaria una Huelga General que frene el chantaje empresarial, la destrucción masiva de empleo y que reivindique que se penalice la temporalidad; que se eleve la indemnización de forma importante en la extinción de los contratos temporales, además de seguir en la línea de que el trabajador elija entre el trabajo y el dinero en caso de despido improcedente y no como ahora que elige el empresario, a pesar de que despide sin motivo. Pero sobre todo es necesario reivindicar que para crear empleo hay que sacar dinero de donde lo hay, del capital financiero y la banca, y que es inevitable nacionalizar para crear puestos de trabajo y defender a los más débiles.