Primera victoria tras un año de movilización jornalera

El gobierno rebaja de 35 a 20 las peonadas necesarias para solicitar el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura

La condesa consorte de Murillo y Dama del Imperio Británico, Esperanza Aguirre, expresó su desprecio a la clase trabajadora con el famoso "pitas, pitas, pitas". Dijo Sánchez Gordillo, dirigente jornalero del SOC-SAT, en el parlamento andaluz que "las pitas de Esperanza Aguirre fueron impresentables y tendría que pedir perdón". Todo porque el gobierno del PSOE se ha visto obligado a rebajar de 35 a 20 las peonadas necesarias para que un jornalero o jornalera del campo andaluz y extremeño puedan solicitar el subsidio agrícola1. Es decir, después de más de un año de movilizaciones2, la lucha jornalera ha tenido un primer éxito. Se trata de una medida positiva, pero del todo insuficiente.

En los últimos cinco años se ha perdido una cantidad enorme de jornales. Si dividimos la cantidad de peonadas disponibles, que no para de caer en picado, entre la masa laboral del medio rural andaluz y extremeño, resulta que ya era imposible juntar las 35 peonadas para tener derecho al subsidio compensatorio. Las peonadas han caído entre 2009 y 2010 en 10 millones, la cuarta parte del total. No es ningún misterio que muchos trabajadores, debido a la falta de trabajo, se ven obligados a la práctica humillante de comprar las peonadas al empresario para juntar la cantidad requerida para acceder al subsidio. No se puede hablar de la dignidad del jornalero cuando este tiene que seguir comprando las peonadas, o cuando los alcaldes tienen que ir en busca del empresario para pedirle las peonadas.
En los últimos dos años decenas de miles de trabajadores de la construcción, del transporte, etc., han vuelto a sus pueblos desempleados y se les está acabando a todos el subsidio de desempleo. El resultado es que, aún rebajando las peonadas a 20, la mayor parte de estos trabajadores y trabajadoras no tendrán beneficio de esta medida. La situación sigue siendo grave.
El subsidio es una compensación que el movimiento jornalero se ve obligado a defender año tras año de las amenazas de la derecha y del capital. Al Estado este subsidio le cuesta muy poco, si lo comparamos con lo que reciben otros: 360.000 trabajadores andaluces cobran al año menos que 300 terratenientes. Trabajar sin contrato y sin estabilidad laboral, por un jornal diario como hace 100 años, dependiendo de la voluntad del manijero que reclutaba a los trabajadores en los bares y en las esquinas del pueblo (ahora lo hace con el móvil): éstas son las condiciones impuestas a los obreros del campo en la producción agraria sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción. Más aún que en los años treinta, la característica de las explotaciones agrícolas en particular en Andalucía y Extremadura, sigue siendo la gran propiedad terrateniente. El 3% de los propietarios dispone del 54% de las tierras cultivables a escala estatal, lo que supone unos 13 millones y medio de hectáreas, una superficie mayor que Andalucía y Extremadura juntas. A estas enormes extensiones hay que añadir millones de hectáreas de terreno forestal que también acumulan estas notables familias, generalmente descendientes de la nobleza y, en todos los casos, influyentes capitalistas como la duquesa de Alba. Una contradicción que condena a la ruina a centenares de miles de pequeños agricultores, que condena a la sobreexplotación a cientos de miles de jornaleros y que ha llevado al campo a una situación insostenible.

Expropiar a los latifundistas

Además, estos propietarios concentran la mayor parte de las subvenciones (el 80% de la ayuda europea a la agricultura y ganadería va a parar al 15-20% de las explotaciones agrícolas), así 165 grandes empresas españolas recibieron en solitario aportaciones por más de un millón de euros. La duquesa de Alba y parientes -Euroexplotaciones Agrarias y Eurotécnicas Agrarias y Hermanos Loring Martínez de Irujo CB- recibieron en 2008 más de dos millones de euros (ver www.soc-andalucia.-com/nobleza.htm).
No hay solución mientras la tierra esté en manos de latifundistas. En estas condiciones, la única forma seria de defender la Reforma Agraria es luchar por la expropiación sin indemnización de los grandes latifundios. La nacionalización de la tierra bajo la administración pública y el control por los propios trabajadores del campo sería el primer paso. Esto supone la posibilidad de planificar la producción agrícola sobre la base de la democracia obrera, según los intereses de los propios trabajadores y de los consumidores en general, y no del mercado. La nacionalización de la banca proporcionaría los medios para financiar las inversiones y, de paso, permitiría también a las pequeñas explotaciones librarse de la tiranía de los créditos privados y las grandes multinacionales de la distribución.

1. El acceso al subsidio, de seis meses, requiere haber cotizado al régimen especial agrícola un sello de 83,50 euros al mes durante doce meses seguidos.
2. Entre otras muchas huelgas, manifestaciones, piquetes, el pasado 14 de abril una huelga general convocada por el SOC-SAT paralizó la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, fue precedida por otra exitosa huelga general el 9 de febrero en la Sierra de Cádiz y otra, en el otoño de 2009, en la vega cordobesa del Guadalquivir. Estas tres comarcas agrupan a más de 250.000 personas.