En la mañana del 1 de diciembre, con la "reforma laboral" calentita, Zapatero  anunció en la sesión de control del gobierno entre otras medidas la privatización del 49% de los aeropuertos de Barajas y El Prat. Pocas horas después CCOO de AENA (la empresa pública de Aeropuertos y Navegación Aérea) informó a los trabajadores sobre la gravedad de dichas medidas y sobre la importancia de la movilización para detener esos ataques. Esa misma tarde los representantes de la Coordinadora Sindical Estatal (CCOO, UGT y USO) acudieron a la cita con el secretario del Ministerio de Fomento, con la expectativa de obtener mayor información pero lo único que obtuvieron fueron explicaciones vagas e imprecisas.
El día 2, los dirigentes sindicales explicaron grosso modo los planes del Ministerio: poner durante 40 años en manos privadas la gestión de la empresa que da entrada al 75% de los turistas y es responsable de entre el 8 y el 12% del PIB. Explicaron que AENA está remontando poco a poco la deuda salvaje a la que Pepe Blanco le ha sometido con innecesarias obras, y que, pese a la propaganda del Ministerio, la empresa tiene alta rentabilidad. También comunicaron que el ministerio era consciente de los posibles conflictos y movilizaciones durante las fiestas, asunto necesario para defender muchos puestos de trabajo. Se previó para el día 9 una reunión de sindicatos a la que se invitó al colectivo de controladores para actuar de forma coordinada y tener así más éxito.
El día 3, a última hora de la mañana, la directora de Recursos Humanos envió un e-mail a todos los trabajadores explicando las "bondades y beneficios de la privatización" y que esa misma mañana se había publicado en el BOE un Decreto-Ley donde decía claramente que los controladores tenían que recuperar las horas que no habían estado controlando, tales como ausencias por incapacidad laboral, permisos por maternidad, horas sindicales, imaginarias, horas de formación obligatoria, etc.

Las  maniobras del gobierno

Este e-mail fue el punto final de una serie de claras provocaciones a las puertas de las fiestas navideñas. El gobierno podría haber dejado transcurrir tranquilamente esos días y anunciar todas esas medidas más tarde, pero hizo todo lo contrario. Si  las ansiadas vacaciones de miles de trabajadores se venían abajo el gobierno podría utilizar la prensa y la televisión para dirigir esa rabia contra los trabajadores de AENA mientras la privatizaba.
Todo el mundo pudo ver en televisión cómo el gobierno declaró el estado de alarma y militarizó las torres y centros de control de los aeropuertos. Todo el mundo pudo ver las "opiniones unánimes" de la población vertidas en la caja tonta. Todo el mundo pudo ver que el gobierno dispone del Estado de Excepción y del Estado de Sitio para afrontar "problemas serios", lo cual es un mensaje disuasorio a toda la población. Pero esa noche de lo que no se habló fue de la maniobra de fondo que había urdido el gobierno.
Lamentablemente, los controladores, y sus dirigentes, mordieron el anzuelo ante la provocación del gobierno de romper el convenio. El sindicato de los controladores (USCA), que en la mayoría de los conflictos abiertos en el sector han mantenido una posición corporativa y gremialista rehusando unirse al resto de los trabajadores, ha pagado un precio altísimo por sus errores. Su acción, para la que nunca buscaron el apoyo de otros sectores, que no vincularon públicamente a los planes de privatización de AENA, y que dejó tirados a cerca de 700.000 usuarios, dio la excusa perfecta al gobierno para ejecutar sus planes y criminalizarlos públicamente.
El gobierno trazó un plan, probablemente asesorado por la consultora McKinsey, para privatizar AENA, instrumentalizando al colectivo de control para desviar la atención, para intentar destruirlo de paso y para dejar un mensaje bien claro a todos los trabajadores al más puro estilo de Fraga Iribarne: "El Estado hará todo lo que tenga que hacer para mantener el orden".
Ahora ya sabemos que bajo el buen talante de Zapatero se esconde un lobo con piel de cordero y que no dudará en sacar los tanques a la calle si lo cree necesario para mantener el orden. Lo que no nos ha preguntado todavía el gobierno al resto de trabajadores es si estamos de acuerdo con este orden que la derecha aplaude. Un orden que en AENA provocará, si la privatización culmina con éxito, la subida de las tasas aeroportuarias, una degradación de la seguridad, la pérdida de derechos laborales, la venta de un servicio público que genera plusvalía. Lo que el Estado está dispuesto a defender sea como sea es este tipo de orden social donde la gente engorda la lista del paro, pierde el piso y empieza a pasar hambre. Este orden que pretende jubilar a los obreros a los 67 años con pagas miserables y a los ministros tras cotizar 9 años y con pensiones vitalicias.
Obviamente la militarización del control de aeropuertos tuvo un grandísimo impacto social, incluidos, como no podía ser de otra manera, los trabajadores de AENA. Lógicamente, en esta situación, la lucha contra la privatización requería un esfuerzo extra por parte de los dirigentes sindicales para combatir el miedo incubado por la actuación del gobierno y explicar a fondo las consecuencias de la privatización y la estrategia global del gobierno, que lo que pretendía era ocultar al conjunto de la población este grave ataque desviando toda la atención a los controladores y el Estado de Alarma. Haciendo esa campaña de explicación intensa, se podían preparar las condiciones para continuar con las movilizaciones del sector.

¡Hay que concretar ya una huelga general de 24 horas en todos
los centros de AENA, hay que paralizar los aeropuertos!

La Coordinadora Estatal tras reunirse el 9 de diciembre, lanzó al día siguiente un comunicado para que los delegados hiciéramos asambleas durante la semana del lunes 13 y una concentración para el día 17. Ese mismo día, tras la concentración, CCOO envió un comunicado explicando a los trabajadores la maniobra del gobierno para privatizar AENA, como uno más de los ataques llevados hasta entonces: "El cambio del modelo de gestión aeroportuario vía decretazo, es la mayor agresión que hemos sufrido los trabajadores de Aena y del sector aeroportuario en nuestra reciente historia. Por ello la respuesta debe ser proporcional a la agresión sufrida. Por ello no renunciamos a ninguno de los instrumentos de lucha que tenemos a nuestro alcance. Una lucha que será larga y dura. Pero estamos preparados para ello." Sin embargo, desde entonces no se ha organizado de forma seria un plan de lucha conjunta.  
El 12 de enero, en un nuevo comunicado, CCOO informó que en diversos aeropuertos se han realizado movilizaciones, reparto de octavillas, pegada de carteles, notas de prensa, contactos con diferentes administraciones y agentes políticos y sociales, con objeto de lograr apoyos contra la privatización de AENA. Y que además de estas "iniciativas" se han centrado en trabajar un borrador de pacto de garantías para intentar garantizar los puestos de trabajo y las actuales condiciones laborales para cuando se funde el 28 de febrero "Aena Aeropuertos SA". Pero a la vez que buscan garantías negociando con un borrador reconocen que actualmente no hay nada garantizado.
Esto significa que se han centrado en la negociación en lugar de responder enérgica e inmediatamente con una movilización organizada y coordinada en todos los centros de AENA a nivel estatal, lo cual no ayuda a que los trabajadores saquemos la conclusión de que tenemos fuerza (si se organiza y con una táctica correcta) para detener los ataques y "transmite la idea de derrota ante lo que venga".
Es necesario y urgente que los dirigentes sindicales adopten un plan contundente de lucha, basado en asambleas bien convocadas, en una convocatoria seria, en la unidad de todos los colectivos y sectores de AENA (incluyendo los trabajadores de contratas), y en buscar el máximo de apoyo de los usuarios de aeropuertos y de los trabajadores en general (organizando piquetes informativos semanas antes de la convocatoria, buscando apoyo en otras grandes empresas, como Correos -sometida también a privatización, y en lucha-, etc.). ¡Hay que concretar ya una huelga general de 24 horas en todos los centros de AENA, hay que paralizar los aeropuertos! Todo ese esfuerzo debe orientarse, a la vez, hacia la extensión de la lucha al resto de la clase obrera. Solos no pararemos la privatización. Ésta afecta a todos los trabajadores, y forma parte de los planes de ataque a ellos, de igual forma que la rebaja de las pensiones y subida de la edad de jubilación, que la reforma laboral, que la eliminación del subsidio de 426 € para los parados y que el próximo recorte del derecho a la negociación colectiva. Lo que ocurre en AENA es un síntoma más de la enfermedad que provoca el capitalismo.
Los dirigentes Ignacio Toxo y Cándido Méndez deben convocar de inmediato una huelga general para parar todos esos ataques, y por tanto que incluya la oposición a todo tipo de privatización, parcial o total, de AENA, y también a la militarización de cualquier servicio público. Llamamos a los trabajadores a presionar a los dirigentes en este sentido, organizándose en los sindicatos de clase y luchando dentro de ellos por un sindicalismo combativo.